El día 8 comienza el juicio de Mónica y Francisco, acusados de la explosión en la Basílica de Zaragoza.
2 de octubre de 2013. Un pequeño artefacto explosivo estalla en la Basílica de El Pilar, en Zaragoza. Horas antes de la explosión, un local comercial cercano recibe una llamada dando aviso, pero no hace caso. Como consecuencia de la detonación: desperfectos en algunos bancos y en una parte de la escayola del techo del templo, y una persona sufrió un traumatismo leve en un oído. Fue el punto de salida de una campaña mediática y policial contra el llamado ‘terrorismo anarquista’, la aparición en medios de unas siglas hasta entonces poco conocidas: GAC –Grupos Anarquistas Coordinados, un espacio de debate entre colectivos anarquistas creado en 2012–, y la puesta en marcha de nuevas operaciones contra miembros de colectivos anarquistas: Operación Columna –en la que se detuvo a Mónica y Francisco, junto a otras tres personas cuyos procesos han sido archivados–, Pandora I y II, Piñata y Ooperación ICE. En total, 48 personas detenidas bajo el paraguas del ‘terrorismo anarquista’, 45 de ellas en espera de juicio.
Casi dos años y medio después de la explosión en la Basílica de El Pilar, los días 8, 9 y 10 de marzo tendrá lugar, en la Audiencia Nacional, el juicio contra Mónica y Francisco, que han estado desde entonces en prisión preventiva y, durante casi todo su encierro, en régimen de aislamiento. La Fiscalía pide 44 años de prisión para cada uno de ellos. En diciembre de 2015, se sumaron las acusaciones de la persona que supuestamente sufrió un traumatismo leve en el oído a raíz de la explosión en la basílica y la del Cabildo de Zaragoza.
Los delitos que les imputan: pertenencia a organización terrorista, estragos –por los desperfectos causados en la Basílica de El Pilar–, lesiones y conspiración –por supuestamente planear la colocación de otro artefacto explosivo en la Basílica de Montserrat, en Barcelona–. “Del abundante material intervenido a los imputados se deduce la ideología anarquista de los mismos, difícilmente compatible con las creencias de la fe católica o el interés por el arte sacro”, rezaba el auto de procesamiento, fechado en julio de 2014, del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, sobre la conspiración para atentar en Barcelona.
“En este proceso se ha visto la colaboración entre los Estados chileno y español en materia antiterrorista”, explica una nota publicada en la web Efecto Pandora, en la que se ha hecho seguimiento de las distintas operaciones contra anarquistas. Mónica y Francisco ya fueron implicados –y absueltos, tras pasar cerca de un año en prisión preventiva– en el caso Bombas, en Chile, un polémico proceso judicial en el que el Ministerio Público chileno acusó a 14 personas, para las que pedía cadena perpetua, a pesar de que las pruebas contra ellos no tenían suficiente entidad e, incluso, ya había una persona que había confesado ser autora de las explosiones.
Desde Efecto Pandora también han señalado el papel de la prensa en este tipo de casos, “filtrando información, haciendo paralelismos con grupos armados, creando un linchamiento mediático”, y las irregularidades que se han dado durante el proceso de instrucción, con aceptación de pruebas por parte de la acusación fuera de plazo y, según señala una carta publicada por Francisco, con jueces en la sala de la Audiencia encargada de juzgarles que han solicitado diligencias de investigación.
Persecución del anarquismo
La etiqueta de ‘terrorismo anarquista’ comenzó a ser utilizada en 2012 por los Cuerpos de Seguridad. Primero los Mossos d’Esquadra, en unas jornadas sobre inteligencia celebradas en octubre de ese año, señalaron al anarquismo “insurreccionalista” como “una amenaza terrorista potencial”. Un año más tarde, la Ser publicaba una noticia sobre otro informe, esta vez de la Policía Nacional, en el que se alertaba de encuentros entre anarquistas italianos y españoles.
Con la detención de Mónica y Francisco, las siglas GAC empiezan a ponerse de relieve. Un año después, en el marco de la Operación Pandora, los GAC son definidos como un “punto de encuentro de grupos violentos con fines terroristas”. Más adelante, el mismo auto señala que estos “fines terrroristas” serían “lanzar petardos y quemar contenedores” en movilizaciones.
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