Represión a sindicalistas
Estrasburgo da la espalda a Carmen Bajo, condenada por participar en un piquete

El abogado de Carmen señala que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha rechazado el recurso sin argumentar motivaciones, incumpliendo el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

19/02/16 · 15:06
Carlos Cano y Carmen Bajo, durante una rueda de prena, en junio de 2014, en la que anunciaron la petición de indulto. / Toma los Barrios

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“Estoy volviendo a vivirlo todo de nuevo, yo pensaba que había sido un mal sueño”, afirma a Diagonal Carmen Bajo. Esta semana, el Tribunal de Estrasburgo ha remitido a la defensa de Bajo una comunicación en la que adjuntaba su resolución, fechada en octubre, en la que rechaza el recurso interpuesto por la defensa de Bajo ante su condena de cárcel.

“Presentamos la demanda por correo certificado en junio. La inadmisión se produjo en octubre, pero no nos la comunicaron”, explica a Diagonal Jesús Díaz Formoso, abogado de Carmen Bajo, quien detalla que la comunicación del tribunal europeo la recibieron el pasado 9 de febrero. Según afirma el abogado, la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no recoge ningún tipo de fundamento. “No cumple los requisitos del Convenio de Derechos Humanos, que en su artículo 6 obliga al tribunal a motivar sus decisiones”. Díaz apunta también la velocidad que ha tenido el alto tribunal europeo en contestar al recurso de Bajo. “Saben de qué se trata y por eso han actuado tan rápido, es inaudito. Vamos bien cuando el tribunal encargado de velar por nuestros derechos humanos incumple y vulnera nuestros derechos humanos”, sentencia el abogado. “Es un problema serio porque estamos viendo que en Europa se está dando, igual que en España, el camino hacia el derecho penal del enemigo. Los que estamos en contra de la deriva social y económica y exigimos el respeto de nuestros derechos, somos considerados como ciudadanos sin derechos”, concluye

Bajo, activista del 15M en Granada, fue condenada, junto a Carlos Cano, a tres años de prisión por delitos contra los trabajadores y al pago de una multa de 3.600 euros por participar en un piquete en la huelga general del 29 de marzo de 2012. En la noche previa a la jornada de huelga, el piquete informativo del 15M en Granada, en el que se agruparon entre 50 y 70 personas, recorrieron los bares de la localidad. La Champagnería fue el segundo local que visitaron. “La idea era llegar y presionar un poco a la sueña para que cerrara el bar, y si no, pues irnos, de forma pacífica”, explicó Carlos Cano, el otro condenado por estos hechos, a Diagonal en un artículo publicado en mayo de 2014. “El juez consideró como amenaza proactiva la frase que coreamos en el piquete, ‘chapa y se acaba’, por haberla hecho en grupo, cuando era un piquete informativo totalmente legal, y del 15M, que todo el mundo sabe que tiene carácter pacífico”, continuaba. Según detalla su abogado, la sentencia se basaba únicamente en el testimonio de la empresaria.

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Tras la sentencia, dictada por la Audiencia Provincial de Granada, comenzó una campaña de apoyo para pedir el indulto de Carmen y Carlos.Alrededor de 19.000 personas firmaron una petición para reclamar que los dos activistas no fueran a la cárcel y otras 18.000 se autoinculparon de los hechos por los que fueron condenados para mostrar su solidaridad. “El ministro de Justicia [Rafael Catalá], a preguntas del PSOE, contestó que no habría indulto”, recuerda Bajo. La petición de indulto aún sigue pendiente de contestación oficial por parte del Ministerio de Justicia, aunque Bajo no muestra muchas esperanzas en que sea aceptada. “Yo creía que, con estas últimas elecciones, sería más fácil que hubiera un cambio, pero parece que los partidos están enzarzados en una lucha que no es la de la ciudadanía, en batallas de palacio”, responde Bajo en cuanto a si ve posible volver a pedir el indulto. Mientras, al abogado de Carmen explica que han solicitado una revisión de la condena, ya que, con la última reforma del Código Penal, los delitos contra los derechos del trabajo pasan ahora a poder ser castigados con multa en vez de con cárcel.

La huelga del 29 de marzo de 2012 acabaron con más de 200 detenciones en todo el Estado. También fueron las protestas con las que se comenzó a aplicar el artículo 315.3 del Código Penal, que castiga con de 3 meses a tres años de prisión a quienes “actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar una huelga”.

La modificación del artículo 315 del Código Penal fue una de las promesas realizadas desde el Ministerio de Justicia ante las reclamaciones lanzadas por los sindicatos. Sin embargo, con la última reforma del Código Penal, en vigor desde julio de 2015, se endureció el castigo por este tipo de delitos, que tiene ahora una pena mínima de año y nueve meses y una máxima de 3 años, aunque se abre la posibilidad para que el juez castige con multa de 18 a 24 meses en vez de prisión. La misma reforma rebaja la pena máxima, de 3 a 2 años de cárcel, a quienes impidan o limiten el derecho a huelga de los trabajadores.

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Según ha explicado Bajo a Diagonal, hasta el momento no ha podido hablar con ningún sindicato para buscar apoyos ante su entrada en prisión.

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