La Comunidad Esperanza es el proyecto de okupación más grande de España. Nacida en enero deo 2013 en Santa María de Guía, un municipio al norte de la isla de Las Palmas de Gran Canaria, fue impulsada por la Federación Anarquista de Gran Canaria (FAGC) y fortalecida por las luchas contra los desahucios que tomaron fuerza en las islas raíz del movimiento 15M.

Los cuatro bloques de viviendas fueron puestos a disposición de 73 familias sin recursos, un total de 260 personas, 160 de las cuales son niños. Desde aquel día, la comunidad y sus habitantes han recibido presiones de la Guardia Civil en forma de seguimientos, diligencias policiales, intimidaciones e identificaciones.

El caso más grave y sonado es el de Ruymán Rodríguez, miembro de la FAGC y activista incansable por el derecho a la vivienda en la isla que fue detenido el pasado 30 de abril. La detención sin embargo, fue más bien "un secuestro", en palabras de Ruymán. Según su versión, "mientras esperaba en la parada de autobús para ir a trabajar, dos hombres bajaron de un coche y me llevaron al cuartelillo 'local de la Guardia Civil". El activista explica que no se identificaron, ni dijeron si estaba detenido o retenido. "Fue un secuestro, y en el coche empezaron los insultos y amenazas, y a decirme que estaba llenando el pueblo de basura, refiriéndose a las personas de la Esperanza, ya que muchas de nosotros venimos de barrios guetificados de la isla con un fuerte estigma ".

Ruymán sigue explicando que supo que le habían hecho seguimientos. "Sabían mi ruta hasta el trabajo y sabían que me acababa de operar del dedo pulgar, ya que me lo habían retorcido con las torturas". El relato de los hechos de comisaría continúa. Denuncia insultos, golpes, ahogamientos y torturas. "Incluso envolvieron las porras en toallas y me empezaron a golpear. Sólo pararon cuando dije que los denunciaría al juez e iría a hablar con los medios de comunicación", asegura.

Ruymán pasó aquella noche en los centros de salud de Guía y Gáldar, expectorando sangre debido a los continuos ahogamientos. Al día siguiente acudió a denunciar los hechos, pero se encontró con una denuncia interpuesta contra él por agresión a la autoridad, en la que le piden cinco años de cárcel.

Un proceso judicial "rocambolesco"

Tras un proceso inicial de deliberación, el juez consideró que la denuncia, interpuesta por la Guardia Civil por delito contra la autoridad debía quedar en una simple falta de desobediencia. Uno de los agentes denunciantes, principal responsable de las presuntas torturas, aporta como prueba un parte de lesiones, con rasguños en el muslo.

Según fuentes de la FAGC, el mismo agente declaró abiertamente a los juzgados que "si el caso se desestimaba como delito lo llevaría al Supremo, con todo el apoyo del cuerpo policial". La Guardia Civil recorrió la última decisión judicial y llevó el caso al Tribunal Provincial, que aceptó el recurso para que se volviera a imputar un delito de atentado contra la autoridad. A Ruymán se le piden de uno a tres años de prisión, además de las indemnizaciones correspondientes a los agentes.

Juicio, martes en Las Palmas

El juicio, celebrado el martes en Las Palmas, fue "extrañamente rocambolesco", según afirma Ruymán. Para empezar, el juez que inicialmente había rebajado la imputación de delito a falta fue sustituido pocos días antes del juicio. "Algo poco común en medio de una instrucción", aseguraba la letrada de Rodríguez. Seguidamente, el abogado del agente denunciante se acercó a la abogada de Ruymán y le dijo que "podemos llegar a un acuerdo de conformidad: acepta el atentado [a la autoridad] y las penas de prisión".

El juicio se inició con el juez preguntándole a Ruymán si se ratificaba en su parte de lesiones, las denunciadas el día de la detención. Ruymán asintió y el juez prosiguió: "Bueno, pues nos queda oír a la otra parte imputada". El abogado del agente del cuerpo militar, miembro de la Asociación Española de la Guardia Civil, protestó diciendo que su cliente se había personado como acusación, no como imputado.

En ese momento, el juez le explicó que en la última instrucción había imputado de oficio al agente de la Guardia Civil, que también se presentó como acusación, por lesiones. Entre la indignación y la estupefacción, el agente y su abogado abandonaron la sala entre maldiciones, aunque pidió comparecer otro día en calidad de imputado, en un proceso judicial diferenciado.

Ahora mismo no hay nueva fecha de juicio y se está a la espera de que se dirima nuevamente si se mantiene o no la imputación penal. "No estoy absuelto, sigo imputado, pero el agente está imputado de oficio y ahora cambian las cosas", apunta Ruymán.

Ruymán Rodríguez, que en todo momento ha criticado que el objetivo de la Guardia Civil en este proceso es "apartarlo de la lucha social, intimidarle y desgastarlo", está recibiendo el apoyo de diferentes organizaciones y movimientos libertarios peninsulares . "Agradezco la organización espontánea por las redes sociales y la labor de los medios de contrainformación", señala.

Un Ruymán menos tenso siguió ayer, miércoles 17 de febrero, con la tarea de realojamiento de familias impulsada por la FAGC, que desde el año 2013 ha realojado alrededor de 400 personas en la isla. Esta vez se dirigía hacia Sardina del Sur, municipio de la isla donde hay abierto un proceso inminente de desahucio de ochenta familias sin recursos.

Tanto la Guardia Civil de Santa María de Guía como la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas de Gran Canaria mantienen el silencio y no han querido hacer declaraciones a este medio. El sábado 27 de febrero, a las cinco de la tarde, en el marco del Febrero libertario de Santos, la FAGC estará presente en una mesa redonda sobre la vivienda, junto con la Asamblea de Vivienda de Tetúan (Madrid), la PAH Barcelona y el Grupo de Vivienda de Santos.