Títeres y titiriteros de las malas leyes

La meta es un sistema normativo parco, eficaz y transparente tanto en sus formas como en sus objetivos

, abogada
17/02/16 · 8:00

Cuenta Heródoto que, en el año 494 a.C., el estreno de La toma de Mileto de Frínico provocó que el público ateniense estallara en lágrimas. Revivir ese doloroso episodio de la historia helena causó un sufrimiento en el auditorio que se saldó con una multa y la prohibición de volver a representar el drama.

En Madrid, la cadena de errores en torno a la puesta en escena de una sátira de marionetas puede relegar ese incidente a la categoría de anécdota. Falló el Ayuntamiento al contratar y programar un espectáculo infantil que no era tal. Es momento de comprender que la gestión de un consistorio dista mucho de ser la organización de una fiesta familiar de domingo. Falló la policía, empeñada en ver gigantes y no molinos de viento. Y han fallado los engranajes de la justicia, con la Fiscalía y el magistrado Ismael Moreno como desafortunados protagonistas. Ahora la representación se ha trasladado a ese teatro del dislate que es la Audiencia Nacional, y las consecuencias futuras son imprevisibles.

El cambio de criterio de la Fiscalía en sólo cinco días no resiste un análisis jurídico mínimamente serio

Moreno, de azarosa carrera profesional, acordó la prisión preventiva de los titiriteros en un auto que, en la más pura tradición borgiana, no distingue la ficción de la realidad. La misma descontextualización llevaría a la persecución de Raskolnikov por la muerte de la usurera o de Bruno Ganz por su magistral interpretación humanizadora de Hitler en El hundimiento. Lo cierto es que nunca en España se ha condenado a nadie por enaltecimiento del terrorismo en una obra de ficción.

La Fiscalía, obstinada en superar sus recientes despropósitos, no sale mejor parada del examen. Su cambio de criterio en sólo cinco días no resiste un análisis jurídico mínimamente serio. Ningún riesgo de fuga o de reiteración delictiva desaparece en ese plazo, lo que lleva a cuestionarse si la solicitud de prisión escondía un afán de notoriedad, era un simbólico golpe sobre la mesa o respondía a cualquier otra razón ajena a la ley y a su cumplimiento. La prisión provisional no tiene por misión ser bálsamo para la alarma social y tanto su solicitud como su adopción fueron de un populismo simplificador y sonrojante.

Es muy discutible que el proceder de los titiriteros fuera oportuno, correcto o empático, pero la grosería, la falta de gusto o de sentido común no son delito. A menos que una nueva e imaginativa reforma del Código Penal venga a remediarlo y nos acabe de dibujar una realidad orwelliana.

El telón de fondo de casos como éste es la proliferación de leyes de paupérrima factura, plagadas de conceptos indeterminados, que favorecen una excesiva interpretación. La Ley de Seguridad Ciudadana, el delito de ofensa a España, al sentimiento religioso o el enaltecimiento del terrorismo obligan a concretar qué es ofensivo o laudatorio para cada cual o qué sensibilidad protege las creencias. El elemento subjetivo tiene un peso excesivo en la aplicación de la norma y la deja a merced de intereses partidistas. Si a ello se suma la evocación reiterativa de un cada vez más indeterminado enemigo común –sea el terrorismo o la izquierda radical–, el caldo de cultivo de la arbitrariedad está servido.

Pero el conflicto no es nuevo: Tolstoi afirmó que las funciones inherentes al poder son seducir, intimidar, corromper y embrutecer. En enero, un usuario de twitter reclamaba al gobierno la detención de algún anarquista para olvidar los recientes escándalos de corrupcióm en el PP valenciano. Habrá quien piense que unos titiriteros han cumplido ese papel y que la maniobra distractoria ha surtido efecto.

Acertaba Don Quijote cuando aconsejaba a Sancho: "No hagas muchas pragmáticas, y si las hicieres, procura que sean buenas". La sobreproducción legislativa no compensa su pésima calidad, sea esta última buscada de propósito o consecuencia de la pura y simple impericia. La meta es un sistema normativo parco, eficaz y transparente tanto en sus formas como en sus objetivos. La seguridad jurídica exige leyes sin letra pequeña, que sirvan al ciudadano sin volverse en su contra, convertidas en instrumentos al servicio del mejor postor. Mientras eso no suceda, las malas leyes seguirán sirviendo a malos fines.

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