Convocadas concentraciones tras una brutal agresión homófoba en Santiago

En los próximos días tendrán lugar movilizaciones en Santiago de Compostela y A Coruña en protesta contra la agresión homófoba que el pasado lunes sufrió una pareja en la capital gallega.

, Praza Pública
11/02/16 · 16:26

Santiago de Compostela y A Coruña acogerán en los próximos días movilizaciones de protesta contra la agresión homófoba que el pasado lunes sufrió una pareja en Santiago, un acto que llamó la atención por su brutalidad y por la aparente sensación de impunidad con la que actuaron los dos agresores. En A Coruña el acto tendrá lugar el sábado y en Compostela las entidades que denunciaron lo sucedido, como Ultreia, todavía no han fijado fecha exacta.

Alrededor de las 9 de la noche A.R. se dirigió con su perro a un supermercado situado en la calle Galeras. Aunque su primera intención había sido dejarlo atado en la puerta, la presencia de otro animal se lo impidió. A.R. entró entonces en la tienda, para preguntar de quién era el perro. De inmediato, y sin mediar palabra, un hombre comenzó a insultarlo, a amenazarlo y a llamarle "maricón". A.R. le sacó una foto con el móvil con la intención de denunciarlo, lo que tuvo como respuesta que el agresor, que estaba acompañado por un amigo, le pegase dos puñetazos en la cara, haciéndole sangre. "Sidoso de mierda, espero que no me hayas contagiado nada", añadió el atacante.

A.R. llamó a la policía y también a su marido R.B., que se acercó de inmediato hasta el supermercado, donde también recibió insultos homófobos por parte de los agresores, de 40 y 50 años, que fueron identificados por la policía. El matrimonio se dirigió en ambulancia hasta urgencias, para que A.R. fuese atendido de las heridas. Allí, mientras fumaban en la puerta, descubrieron que los agresores los habían seguido hasta el hospital. Volvieron a insultarlos y a reclamarles que les diesen la foto que les habían hecho en un primer momento, con tal violencia que incluso tuvo que intervenir la seguridad privada del centro hospitalario y el personal sanitario, que permitió que la pareja se refugiase en una de las consultas, desde donde llamaron de nuevo a la policía.

R.B. y A.R. abandonaron el lugar en taxi y "practicamente escoltados", ante la aparente inacción de los agentes policiales, que no parecían apreciar una amenaza en la actitud de los atacantes. Desde allí el matrimonio se dirigió directamente a comisaría para denunciar los hechos, constatando con tristeza que ninguna de las personas que fueron testigo de las agresiones los había querido acompañar. La denuncia consta como un "delito de violencia contra la libertad sexual" y así será investigada.

Desprotección ante las agresiones

Las entidades de defensa del colectivo LGTBI denuncian ante los hechos que tuvieron lugar este lunes en Compostela que "las personas LGTBI no están protegidas", como señala Noel Dopazo, coordinador del Área de Diversidade Afectivo-Sexual de Esquerda Unida (ALEAS-EU). Según Dopazo “queda mucho por hacer, pero las políticas las políticas LGTBI no están sobre la mesa. Las instituciones tienen que ponerse manos a la obra y, además de gestos simbólicos, el colectivo LGTBI necesita políticas para garantizar su seguridad y poder tener una vida digna”. De igual manera, ALAS-Coruña pide "una ley que castigue" este tipo de hechos y "no sólo los condene".

El pasado mes de julio el Defensor del Pueblo gallego alertó de que la mayor parte de los casos de LGTBIfobia "no se denuncian", destacando que en lo que llevaban de 2015 había recibido "menos de diez quejas concretas y específicas" procedentes de este colectivo por situaciones en las que sus derechos habían sido vulnerados.

Varias de las entidades LGTBI se muestran críticas con la Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación de personas LGTBI en Galicia, que ALEAS calificó como "una campaña publicitaria que quedó en papel mojado". La asociación Nós Mesmas había criticado que las enmiendas presentadas por el PP "vaciaban de contenido" la norma, pues habían eliminado todo el capítulo de sanciones, que en el anteproyecto preveía multas de entre 150 euros hasta medio millón de euros para las infracciones más graves, y había suprimido también los protocolos de actuación antre agresiones.

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