“Empezaron a pegar a mi hijo al poco de llegar al centro escolar. Tiene el tímpano perforado y estrés postraumático. Se lo diagnosticaron estando en el colegio y el psicólogo le hizo pruebas y confirmó que le maltrataban en el colegio. Esto pasó en 2009”, explica M.G. a Diagonal. Desde entonces, tras cambiar al menor de colegio, la familia ha interpuesto denuncias contra el centro escolar y varios de sus profesores por no proteger al alumno de los ataques de sus compañeros. La respuesta desde el centro, según explica M.G., ha sido presentar informes de aplicación del protocolo contra el acoso escolar que, según afirma, no se corresponden con la realidad. Casi seis años después, y tras varios informes de médicos forenses que confirman el acoso escolar, denuncias ante los tribunales y ante el Defensor del Pueblo, no se ha señalado la responsabilidad del centro escolar.
 

“Si pasas un test a todo el colegio para detectar casos de acoso, igual es más fácil cortarlo en la fase incipiente”

Es uno de los numerosos casos de acoso recogidos por la Asociación contra el Acoso Escolar de Madrid en los que la Administración no ha respondido para proteger al menor. Sólo durante 2015, esta asociación ha recibido 65 casos similares. “Estamos pidiendo que se pongan en práctica medidas de evaluación en los centros escolares porque las víctimas callan por miedo, por si les llaman chivatos, y a veces es muy complicado reconducir ciertas situaciones que se llevan repitiendo durante meses”, explica María José Fernández, presidenta de la Asociación contra el Acoso Escolar en Madrid. “Si pasas un test a todo el colegio para ver si hay alguna niña o niño que esté sufriendo acoso, igual es más fácil cortarlo en la fase incipiente”, añade.

Inacción en los colegios

Aun cuando el menor que es víctima de agresiones denuncia, Fernández señala que “muchos profesores tampoco saben cómo actuar porque los protocolos sobre acoso escolar son de pena” y muchas veces se convierten en un complicado “papel burocrático”.

Cuando el centro escolar no activa mecanismos que protejan al menor víctima de acoso, se abre la vía judicial, contra el propio centro educativo, como garante de la seguridad de los y las menores de edad, o contra el o los menores acosadores o sus familias. “Pero por la vía penal, no suele haber sentencias por acoso escolar, hay una trama bien estudiada para que no le pase nada al centro ni a los menores agresores”, afirma Fernández, quien explica que, cuando un centro no actúa y es denunciado, hacen un informe que presenta ante el juez y, en la mayoría de los casos, el proceso termina ahí. “Denuncias, se quedan una copia de tu denuncia, responden según lo que has puesto en la denuncia y cuando pides expediente de lo que alega el centro, no te lo dan, te tienen en la indefensión”, continúa Fernández, quien señala también la actitud de la Consejería de Educación de Madrid.

En 2011, el Colegio Amor de Dios de Alcorcón (Madrid), uno de los 23 centros escolares de la Congregación Hermanas del Amor de Dios, fue condenado a pagar una indemnización de 40.000 euros a los padres de un antiguo alumno que sufrió continuas vejaciones por parte de sus compañeros durante los tres años que estudió en el centro. Desde el centro escolar afirmaron que no hubo inacción por su parte, que no se detectó ningún acoso y que la acusación se sustentaba sobre testimonios “no acordes con la realidad”. Sin embargo, las grabaciones que los padres presentaron al juez de las reuniones mantenidas con el centro sirvieron de prueba de la “pasividad” ante el acoso escolar que sufrió el menor.