Después de que la Fiscalía decidiera aumentar las penas solicitadas
Nueva sentencia del Supremo contra los clubes de cannabis

El Tribunal Supremo ha condenado a cuatro miembros del club de de consumidores de cannabis Pannagh a penas que van de los seis meses al año y ocho meses de cárcel.

30/12/15 · 12:43

El pasado lunes 28 de diciembre el Tribunal Supremo hizo pública la sentencia por la que condenaba al presidente y a la secretaria de la asociación cannábica Pannagh a penas de un año y ocho meses de cárcel y una multa de 250.000 euros, y a seis meses y un día de prisión para dos socios que trabajaban en la asociación. “Es una sentencia plagada de errores y contradicciones”, afirma un comunicado de Pannagh en el que resaltan que la sentencia impone una cuantiosa multa a pesar de que considera probado que no hubo enriquecimiento por parte de la asociación. El caso de Pannagh llegó al Tribunal Supremo por un recurso presentado por la Fiscalía después de que la Audiencia Provincial de Bizkaia absolviera a los miembros de la asociación de un delito de tráfico de drogas.

Ésta es la tercera sentencia emitida por el Supremo sobre los clubes de cannabis, todas condenatorias, después de que la Fiscalía decidiera aumentar las penas solicitadas –añadiendo el delito de pertenencia a organización criminal– para que superasen los cinco años. De esta manera, los casos sobre los clubes de cannabis, que hasta entonces iban a los juzgados de lo penal –y, tras presentar recurso contra la sentencia, a las Audiencias Provinciales, donde generalmente eran absueltos– pasan ahora a juzgarse en las Audiencias Provinciales –y, tras presentar recurso contra la sentencia, al Tribunal Supremo, donde todos los casos están acabando en condena–.

Ésta es la tercera sentencia emitida por el Supremo sobre los clubes de cannabisEn octubre, el Supremo dictó condena contra los miembros de la asociación Ebers con penas de entre tres y cinco meses de cárcel, rebajadas al considerar “error de prohibición vencible” –eximiente que rebaja la responsabilidad penal por no saber que la actividad de la que se acusa es ilegal–. Asimismo, en diciembre, la asociación Three Monkeys fue la siguiente, con penas de 8 meses para el presidente y el tesorero de la asociación.

“Es una maniobra jurídico política típica de este país donde no hay separación de poderes”, explica Martín Barriuso, presidente de Pannagh, quien señala también cómo desde la asociación se solicitó amparo a instituciones como el Ararteko (Defensor del Pueblo de País Vasco) y el Parlamento Vasco. “La Fiscalía empezó a acusar de un delito del que no había acusado hasta entonces, para acudir al Supremo, y el Supremo remata la jugada con una sentencia claramente política donde no le importa saltarse los hechos probados. Nos han mandado un aviso muy claro a navegantes: como os mováis os mandamos a la cárcel y mientras os dejamos arruinados”, continúa.

La sentencia contra Pannagh “se limita a reproducir casi literalmente las dictadas con anterioridad contra Ebers, de Bilbao, y Three Monkeys, de Barcelona”, explican desde la asociación. “La copia es tan literal que se llega a incriminar a los condenados por cuestiones que se supone figuran en los estatutos de Pannagh, cuando en realidad se refieren a las otras asociaciones condenadas”, añaden. Otras contradicciones que apuntan en la sentencia del Supremo es en cuanto a la “falta de control” en cuanto al consumo, hecho ya desmentido en la sentencia de la Audiencia Provincial, que recogía cómo sí hay “un efectivo control tanto de los socios a los que se entrega la sustancia estupefaciente como de que las sustancias entregadas a cada socio se correspondía con la previsión de consumo del socio partícipe”. También en cuanto a los responsables y usuarios de la asociación, que en los hechos probados de la sentencia de la Audiencia Provincial se señala que es la propia asociación, una “entidad legalmente constituida con miembros claramente identificados”, como subraya Barriuso. A pesar de que el Supremo no tiene permitido alterar los hechos probados por la Audiencia, en su sentencia afirma que “un reducido núcleo de personas organiza y dirige la estructura asociativa; disponen preparan toda la intendencia, abastecimiento, distribución, distribución, control, cultivo,... y ponen tales estructuras al servicio de un grupo amplio e indiscriminado de usuarios”.

“Nos acusan de haber actuado con temeridad, y nuestra temeridad ha sido confiar en el Estado de derecho. Dicen que es irrelevante que nos quisiéramos lucrar o no”, explica Barriuso. “Si van a actuar igual tanto si hay lucro como si no, están animando a los narcotraficantes, los que van a quedar son los que ganan dinero. Nosotros lo hemos hecho todo a las claras, con resoluciones judiciales a nuestro favor, haciendo público lo que hacíamos. Nos han intervenido, archivado los casos, y devuelto la marihuana. Hemos pagado impuestos, hemos actuado completamente dentro de la legalidad, y ahora dicen que no hemos hecho lo suficiente para indagar si cometíamos una ilegalidad”, señala el presidente de Pannagh.
 

"Si piensan que con la condena a Pannagh van a desactivar el movimiento cannabico, van listos"

Los cuatro condenados de Pannagh han anunciado que presentarán un incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo antes de acudir al Constitucional al considerar que se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia, a un proceso con las debidas garantías y a la proporcionalidad en las penas. También que acudirán al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo si es necesario. Mientras, Barriuso explica que pedirán la suspensión de pena y, llegado el caso, ayuda “porque la condena nos supone perder nuestras casos a los dos [condenados con mayores penas] y quedamos en la insolvencia a perpetuidad”. Tampoco descartan pedir un indulto. “Vamos a seguir peleando en todos los frentes, no es el fin de la batalla para nada. Si se piensan que como movimiento social y político nos van a desactivar, lo tienen claro. No vamos a permitir que una realidad social de este calibre, y que ha generado alternativas que si se hubieran regulado habrían sido muy positivas, acabe por la vía de la represión”, añade.

La estrategia punitiva a través del Tribunal Supremo contra los clubes de cannabis coincide también con la campaña por la regulación del cannabis emprendida para las pasadas elecciones por alrededor de 30 organizaciones de personas consumidoras de esta sustancia unidas en la plataforma Regulación Responsable. Esta organización reclama la regulación de esta sustancia en base a cinco pilares: el autoconsumo, la venta comercial –en cañamerías al estilo de los estancos de tabaco–, el consumo terapéutico, la educación y prevención de riesgos como objetivo transversal, y el consumo compartido –o clubes de cannabis–, aunque esta propuesta está actualmente consensuándose entre sus bases mediante un proceso participativo.

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La mayoría de los partidos están dispuestos y ven con buenos ojos abrir un debate sobre la regulación del cannabis”, explicaba a Diagonal Gemma Lago, portavoz de la Plataforma Regulación Responsable, en un reportaje publicado en octubre de 2015. En el programa de los partidos de cara a las elecciones, según recopila la plataforma, Unidad Popular-IU, Podemos y Ciudadanos recogían la regulación del cannabis. También el PSOE prometía promover el debate en este sentido. Mientras, el PP apostaba por la prevención y el control. “Al final, es todo marketing”, opina Paco Mascaraque, de la revista Yerba y activista por la regulación del cannabis. “La verdad es que si los partidos políticos tuvieran una clara decisión de regular un tema que afecta a varios millones de personas en España, lo habrían hecho”, concluye.

“Esto es responsabilidad de los dos partidos que han gobernado en España a turnos y que han mantenido un Código Penal con ambigüedades inadmisibles en un Estado que se dice de derecho, especialmente el PSOE, que va de progre, pero aprobó la anterior Ley de Seguridad Ciudadana, y el Código Penal del 85. Ahora su líder dice que de legalizar el cannabis ni hablar. Tiene que haber un debate en el parlamento para aclarar la situación, porque no puEde ser que uno actúe pensando que está en la legalidad durante diez o quince años y de repente leen las leyes de otra manera, la que les interesa, y te condenan”, afirma Barriuso.

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