Hasta 27 ayuntamientos de distinto signo político han aprobado mociones en las que reclaman al próximo Gobierno que salga tras las elecciones del 20 de diciembre que derogue la nueva Ley de Seguridad Ciudada­na.

Algunos son de pequeñas poblaciones, como Otura (Granada), de tan sólo 6.900 habitantes. Otros son capitales de provincia, como Albace­te, Santander o Ciudad Real. Tam­bién las diputaciones de Córdo­ba y Sevilla se han lanzado a mostrar su rechazo a la Ley Mordaza. En el caso de Córdoba, también señalando las últimas reformas del Código Penal.

Du­rante el próximo mes, los ayuntamientos de Barcelona, Salamanca, Cádiz o Valladolid, entre otros, votarán también mociones similares. "Nosotros les ayudamos a redactar el texto, a presentarlo y a darle promoción", explica a Diagonal Mónica, miembro de la plataforma No Somos Delito, en la que confluyen más de un centenar de asociaciones y colectivos. "El objetivo es mostrar que la ciudadanía, y también muchas instituciones, están en contra de las Leyes Mordaza", continúa.

A las puertas de las próximas elecciones generales, la posible derogación de las Leyes Mordaza es uno de los caballos de batalla de los partidos en liza. Desde Podemos e Izquierda Unida, pero también desde el PSOE, han anunciado que derogarán ambas normas –la Ley de Seguridad Ciudadana y la última reforma del Código Penal–.

Hasta Ciudadanos se ha sumado al frente crítico, de cara a las elecciones, prometiendo la derogación de la ley en aquello que "haga referencia a la separación de poderes", refiriéndose a la capacidad que se da a la Admi­nis­tración para recortar el derecho de manifestación.

El Partido Popular es, como padre de la nueva norma, su único defensor de cara a los comicios, ampliando además su apues­ta: en su programa contempla destinar 3.000 efectivos de policía que ahora trabajan en "tareas burocráticas" a vigilar la calle, según anunció María Dolores de Cospedal.

“Aún tienen miedo de aplicar [las Leyes Mordaza] en toda su plenitud, precisamente por el ciclo electoral”

"Todos han prometido derogarla, pero ojo, es un tema electoral", advierten desde No Somos Delito. Des­de la plataforma recuerdan que fue precisamente el PSOE quien aprobó la anterior Ley de Seguridad Ciu­da­da­na, conocida como Ley Cor­cuera o "ley de la patada en la puerta", de la que buena parte de su articulado fue derogado por el Tri­bunal Consti­tu­cional por violar derechos constitucionales.

También recuerdan que ya en febrero distintos partidos se comprometieron en un acto convocado por la plataforma a derogar las Leyes Mordaza. PSOE y Ciudadanos se negaron a firmar el documento de compromiso. Mónica resalta cómo, a la hora de debatir las mociones en los ayuntamientos, el papel de PSOE o Ciudadanos no ha sido, en muchos casos, coherente con la promesa de derogación: en Sala­man­ca, los concejales del PSOE y Ciu­dadanos impidieron que el pleno celebrara el debate; en Logroño, la abstención de Ciudadanos y del Par­tido Riojano hizo que los 11 votos en contra del PP prevalecieran sobre los 11 a favor de Cambia Logroño y PSOE.

Tres meses de Leyes Mordaza

Según datos del Ministerio de Inte­rior, desde que entró en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana y hasta el pasado septiembre, el 85% de las denuncias tramitadas han estado relacionadas con el tráfico de drogas y el uso de armas prohibidas.

Sólo 25 de las más de 118.000 denuncias fueron por perturbar una manifestación comunicada y sólo cuatro por manifestación no comunicada. Estos datos, publicados por ABC como una muestra de que la nueva ley no atenta contra la libertad de manifestación, tienen otra lectura: hasta ahora las autoridades han preferido no aplicar la nueva Ley de Segu­ri­dad Ciudadana.

Desde julio, colectivos por el derecho a la vivienda han seguido realizando acciones ahora castigadas duramente, como impedir desahucios o realizar protestas en oficinas bancarias. Colectivos de todo tipo han seguido celebrando reuniones en la vía pública y en los últimos meses se han celebrado manifestaciones frente a los parlamentos de Andalucía, Galicia y País Vasco, entre otros.

Sin embargo, la Ley Mordaza, hasta ahora, sólo se ha aplicado en algunos casos relacionados con supuestos insultos a agentes de policía y, según denuncian desde CNT Valladolid, por un piquete informativo frente a El Corte Inglés de la ciudad.

Tam­poco ningún medio de comunicación ha sido multado por publicar imágenes de policías, aunque desde la De­le­gación de Gobierno en Na­varra han amenazado a la web Ahotsa.info advirtiendo a sus periodistas de que "en lo sucesivo eviten este tipo de hechos, ya que los mismos podrían suponer una infracción grave", en referencia a la publicación de la imagen de un policía.

"Aún tienen miedo de aplicarla en toda su plenitud, precisamente por el ciclo electoral en el que nos encontramos", explica Luis de los San­tos, abogado de la cooperativa Jarsia Abogados y representante de algunos de los 14 detenidos –entre ellos una concejal de Participa Sevilla– el 14 de noviembre en Coria del Río (Sevilla) por protestar dentro de una oficina del Santander para exigir una solución habitacional para tres familias del municipio.

Los detenidos fueron acusados por la vía penal: de delitos de desobediencia, desórdenes públicos y coacciones, unas acusaciones ya típicas en los casos de protesta. "Pero que no se haya aplicado aún [la Ley Mordaza] no quiere decir que no se pueda hacer, lo que se haga en el futuro lo determinará el Gobierno cuando vaya dibujando a los 'enemigos' a los que aplicar la ley", añade el abogado.