A pocos días del 16 de noviembre, día prevista para el inicio del juicio a 15 activistas acusados de intento de rebelión y atentado, el presidente angoleño, José Eduardo dos Santos, se encuentra ahora bajo la atenta mirada de la sociedad angoleña y las organizaciones internacionales.

En junio, la policía angoleña detuvo a un grupo de 15 activistas que desde 2011 organizan pequeñas manifestaciones en el país africano. La policía los investiga por "intento de rebelión y atentado contra el presidente". Este tipo de casos no son novedad en Angola, país que ha recibido denuncias desde hace años por violaciones de derechos humanos y detenciones arbitrarias de activistas.

Sin embargo, la huelga de hambre realizada, durante 36 días, por uno de los detenidos, el rapero luso-angolano Luaty Beirão –hijo de João Beirão, figura cercana al presidente angoleño– y el movimiento de solidaridad que le ha seguido, han logrado desestabilizar al Gobierno angoleño.

Entre el grupo de detenidos se encuentran estudiantes, trabajadores y artistas de rap. Además de Luaty Beirão, conocido como Ikonoklasta, hay otros dos raperos, miembros del colectivo 3a Divisão.

Su detención fue a raíz de la creación de un grupo de debate sobre lucha no violenta, en el que se discutía sobre dos libros

Su detención fue a raíz de la creación de un grupo de debate sobre lucha no violenta, en el que se discutía sobre dos libros: un análisis del filósofo angoleño Domingos da Cruz, también detenido bajo la acusación de ser el organizador del supuesto golpe de Estado; y el polémico libro del estadounidense Gene Sharp, De la dictadura a la democracia, señalado como herramienta de la estrategia intervencionista de EE UU en Birmania, en las revoluciones de colores o en la primavera árabe, entre otros.

"Estaban discutiendo técnicas de no violencia porque en todas las manifestaciones que intentaron organizar desde 2011, la regla general ha sido siempre la represión brutal", explicó el periodista angoleño Rafael Marques en un evento organizado por Amnistía Internacional en Lisboa. "Muchos de estos jóvenes ya tienen problemas físicos muy serios como consecuencia de las constantes torturas que vienen sufriendo. De forma que decidieron que lo mejor que podían hacer era estudiar, y se han vuelto mucho más peligrosos justamente porque estaban leyendo libros".

Para el abogado de los activistas, Luiz Nascimento, el proceso es de una flagrante ilegalidad: "Pese a que nuestra Constitución, desde 1992, presenta un conjunto de derechos, libertades y garantías, lo que efectivamente hemos notado a lo largo de este proceso es que es difícil, o imposible, que [las instituciones] obedezcan la ley de forma rigurosa".

La escalada represiva en Angola desde 2011 no es casual. Tras la caída de Muammar Al-Gadaffi en Libia, José Eduardo dos Santos ha pasado a ser, junto con Theodoro Obiang, el gobernante africano que más tiempo lleva en el poder.

En sus 36 años de gobierno, el país ha vivido procesos electorales duramente criticados y una larga y sangrienta guerra civil. La contienda enfrentó al actual Gobierno del Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA), instalado tras el fin de la colonización portuguesa, contra la Unión Nacional por la Independencia Total de Angola (UNITA), liderada por Jonas Savimbi.

Con el MPLA aliado a la URSS y a Cuba, y la rival UNITA financiada por EE UU, la guerra civil angoleña comenzó insertada en el contexto de la Guerra Fría, pero su duración se extendió hasta la muerte de Savimbi en 2002.

Tras el final de la guerra, Angola –que cuenta con abundantes recursos naturales como petróleo, diamantes y hierro– ha observado un espectacular crecimiento económico. Sin embargo, la población sigue sufriendo pobreza y desigualdad –con índices de mortalidad infantil y desarrollo humano que se sitúan entre los peores del mundo– al tiempo que la élite se ha enriquecido enormemente.

Una figura emblemática es Isabel dos Santos, hija del presidente, quien se convirtió en la mujer más rica del continente y figura entre las diez mayores fortunas de África. Con un patrimonio de 3.100 millones de dólares, según datos de la revista Forbes, Isabel mantiene inversiones y participaciones, algunas de ellas en empresas que han sido recientemente privatizadas por el Gobierno portugués tras la crisis de 2008, adquiridas en el marco de las colaboraciones entre los gobiernos de Portugal y Angola.

La detención de los activistas abre un debate en Angola –y en Portugal– sobre el legado de los procesos políticos que, en los 70, llevaron al derrumbe de la dictadura en Portugal y del colonialismo portugués en África. El contraste entre las trayectorias de Isabel dos Santos y Luaty Beirão es simbólico: ambos son hijos de dirigentes del MPLA. Mientras Isabel se ha garantizado una fortuna, Luaty cuestiona qué ruptura hacer con el régimen creado por sus padres.