El juez Juan Pablo González, del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, ha acordado prisión preventiva para una de las nueve personas detenidas el pasado miércoles en el marco de la segunda fase de la operación Pandora, contra el "terrorismo anarquista". Otras cinco personas quedarán en libertad bajo fianza de 5.000 euros, otra más con fianza de 4.000 euros. Las otras dos personas detenidas durante el operativo quedarán hoy en libertad con la obligación de comparecer semanalmente ante la Administración y con la retirada de sus pasaportes. Según señala La Directa, la persona que ha quedado en prisión preventiva es abogado penalista de profesión y vecino de Sants, y será trasladado próximamente a un centro penitenciario próximo a Madrid.

Las nueve personas detenidas el miércoles fueron trasladadas ayer por la noche hasta Tres Cantos, en Madrid, por los Mossos d’Esquadra desde las comisarías de Terrassa, Sabadell, Cerdanyola del Vallès y Rubí. A partir de las 12,30 del mediodía comenzaron a declarar ante el juez Juan Pablo González, que sustituye durante seis meses al juez Javier Gómez Bermúdez, ahora de enlace en Francia. La Directa señala que, según han confirmado los detenidos a sus abogados, durante su estancia en los calabozos no se han producido malos tratos.

Andrés García Berrio, abogado de varios de los detenidos, explica a Diagonal que el juez ha decretado secreto de sumario. Sobre las circunstancias que han llevado a que se pida prisión preventiva para uno de los detenidos, Berrio señala que la fiscal se ha limitado a decir que en el atestado constan indicios suficientes, sin dar más detalles. “Deberían explicar qué circunstancias concretas llevan a que se pida prisión preventiva”, afirma el abogado. “Entendemos que no se ha actuado de manera rigurosa, hemos entrado y nos hemos quedado igual cuando hemos salido, y, aunque se haya dictado secreto de sumario, se trata de derechos fundamentales. Una persona va a prisión preventiva sin que hayan explicado por qué”.

Berrio ha afirmado que esperan que en las próximas semanas se revoque la prisión preventiva y ha apuntado que “utilizar la categoría de terrorismo para criminalizar a los movimientos sociales es una línea roja que no se debería haber traspasado nunca”.

La operación del pasado miércoles es la segunda fase de la operación Pandora, comenzada en diciembre de 2014 y por la que siete personas pasaron un mes y medio en prisión preventiva acusados de ser miembros de los Grupos Anarquistas Coordinados (GAC), un supuesto grupo anarquista que, según el escrito de acusación, se organizaría para quemar contenedores y lanzar bengalas en las manifestaciones.
 

Manifestaciones de apoyo

Desde media mañana, un centenar de personas se han concentrado ante las dependencias judiciales, ubicadas en la céntrica calle Génova de la capital del Estado, para dar apoyo a los detenidos de la operación Pandora.

El mismo miércoles, día de las detenciones, varios centenares de personas salieron a la calle, en Madrid y Barcelona, para protestar contra la nueva fase de la operación. A las 20h, en las plazas del Diamante, en Barcelona, y desde Tirso de Molina, en Madrid, se oyeron consignas de apoyo a los detenidos y en contra a la persecución del anarquismo, recorriendo varias calles del centro de la ciudad.

En Madrid, agentes de la Policía Nacional registraron y multaron a al menos dos personas por participar en una concentración no comunicada. Los juzgados de lo Contencioso-Administrativo han señalado en decenas de sentencias, a raíz de recursos presentados por Legal Sol, la prevalencia del derecho de manifestación, aunque esta no sea comunicada, más en situaciones en la que la falta de comunicación esté justificada por la inmediatez de los hechos.

Durante la pasada jornada, se contaron nuevas manifestaciones en apoyo a los detenidos de la operación Pandora. En Valencia, varios colectivos antifascistas convocaron una manifestación en la que participaron cerca de 300 personas, que partieron desde la Facultad de Geografía e Historia a las 20h, y acompañados de un fuerte dispositivo policial. La Policía en Valencia multó al menos a una persona por participar en la manifestación. En Iruña y Granada también se convocaron manifestaciones. Según publica Ahotsa, al menso diez personas fueron retenidas por agentes de la policía en Iruña durante la concentración.