“Hay pruebas evidentes de que yo en ningún momento agredí a nadie”, ha afirmado a Diagonal Andrés Bódalo, miembro de la Permanente Nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT). La Audiencia Provincial ha condenado a un año de prisión a tres sindicalistas del SAT por delitos de atentado, y a tres años y seis meses a Andrés Bódalo, al que el tribunal atribuye también una agravante de reincidencia.

Los hechos ocurrieron el 27 de septiembre de 2012 en Jódar, en el marco de una campaña por el empleo público desarrollada por el SAT a pocos días de que comenzaran los trabajos de la vendimia. El Ayuntamiento de Jódar multó a los sindicalistas por usar megafonía a la hora de anunciar la celebración de asambleas y otros actos en el pueblo. Cuando fueron citados a declarar sobre las actividades que llevaron a la sanción “se produjo un momento de tensión que en ningún caso generó en violencia física”, señalan desde el SAT en un comunicado

“Hay testimonios de la Guardia Civil que dicen que en todo momento yo estaba a tres metros de distancia de los concejales y en los vídeos que se aportan al juicio se puede comprobar que lo que hago minuto a minuto es gritar consignas, que es todo lo que hice ese día”, explica Bódalo. Desde el sindicato recuerdan que el alcalde y el Ayuntamiento de Jódar ya han sido condenados por vulnerar derechos fundamentales de los militantes del SAT.

El sindicato ha anunciado que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo al “evidenciarse elementos de persecución política en la sentencia”. También señala que la Audiencia no ha tenido en cuenta las contradicciones entre los testimonios de la Guardia Civil, que señalan que no hubo situación de violencia, y de la Policía Local, que testificaron siguiendo la línea del Ayuntamiento y de la Fiscalía.

“La sentencia se basa exclusivamente en testimonios policiales que son contradictorios con los testimonios de los guardias y no toma en cuenta la única prueba objetiva, los propios videos grabados por la Guardia Civil”, afirma el comunicado del sindicato. “Es más, tanto el concejal supuestamente agredido, como los policías locales llegaron a reconocer en el juicio que la campaña del SAT por un Plan de Empleo Público se estaba desarrollando en términos pacíficos”, concluye.