Legislación sobre drogas
Objetivo para el 20D: regular el cannabis

Las organizaciones de personas consumidoras llevan el debate a la agenda electoral.

, Diagonal
30/10/15 · 8:00
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Carola Pérez muestra el funcionamiento de uno de los inhaladores homologados en Europa para el consumo de cannabis terapéutico. / Álvaro Minguito

De los juzgados al Congreso. Alrededor de 30 organizaciones de personas consumidoras de cannabis, empresas, publicaciones y despachos de abogados, agrupados en la plataforma Regulación Responsable, se han organizado para sentarse a hablar con los partidos políticos de cara a las próximas elecciones del 20 de diciembre. El objetivo: conseguir que se regule el consumo, venta, producción y distribución de esta planta, que consumen en España alrededor de 3,9 millones de personas de forma habitual, según datos del Plan Nacional sobre Drogas.

“Mantenemos relación con todos los partidos políticos porque entendemos que el consenso social y político es imprescindible para conseguir un cambio de paradigma en las políticas de drogas y las políticas de salud en general. La mayoría de los partidos están dispuestos y ven con buenos ojos abrir un debate sobre la regulación del cannabis”, explica Gemma Lago, portavoz de la Plataforma Regulación Responsable.

“La mayoría de los partidos están dispuestos a abrir un debate sobre la regulación”

El Tribunal Supremo hizo pública en octubre una resolución con la que declaraba ilegal la asociación Ebers, de Bilbao, que agrupa a 290 personas consumidoras, condenando a cinco de sus responsables a penas de entre tres y ocho meses de cárcel, una pena rebajada ya que los magistrados han considerado que los imputados habían incurrido en un ‘error de prohibición vencible’ –eximente que rebaja la responsabilidad penal por no saber que la actividad de la que se acusa es ilegal–. Ésta es la primera sentencia dictada sobre los clubes de cannabis por el Supremo, desde que en agosto de 2013 el fiscal general del Estado emitiera una serie de recomendaciones entre las que se contaba sumar a la acusación habitual de delitos contra la salud pública –de uno a cuatro años y seis meses de cárcel en su tipo agravado– la de pertenencia a organización criminal.

Hasta agosto de 2013, al ser acusados de delitos penados con menos de cinco años de cárcel, estos casos eran tratados en juzgados de lo Penal, donde hasta ahora la mayoría de ellos han sido absueltos, explica Bernardo Soriano, fundador de S&F abogados y portavoz y secretario de Regulación Responsable. Si la Fiscalía o las partes no estaban de acuerdo con la sentencia, recurrían ante las Audiencias Provinciales, donde, en la mayoría de los procesos, los jueces también han apostado por legitimar el consumo en estos clubes, como muestran las varias decenas de procesos judiciales que han dado la razón a estas organizaciones. Tras la instrucción del fiscal general del Estado, las penas pedidas superaban los cinco años –al sumar las penas relativas a los delitos contra la salud pública sumados a los de pertenencia a organización criminal–, por lo que los órganos encargados de estudiar los casos eran ya las Audiencias Provinciales y el siguiente recurso se dirigía al Tribunal Supremo.

En la sentencia, los 15 magistrados del Pleno del Supremo acordaban que la actividad de Ebers era ilegal. Uno de ellos, Conde Pumpido, señaló en un voto particular no estar de acuerdo con algunas cuestiones de la sentencia: consideraba que los acusados debían haber sido absueltos ya que el vacío legislativo les hacía imposible saber que la actividad era ilegal. También criticaba que no se establecieran unos criterios claros que delimiten la actividad de estas asociaciones, aventurándose a establecer algunos requisitos, como un límite máximo de 30 personas –número totalmente alejado de la realidad de los censos de las asociaciones, según señala Soriano– o no suministrar más cantidad que la necesaria para el consumo inmediato. Estos nuevos criterios llevarían a que muchas de las más de 700 asociaciones que hay registradas en todo el Estado se adapten, aguanten una posible intervención o cierren. Aunque la sentencia, por sí sola, no crea jurisprudencia, en los próximos meses el Supremo resolverá sobre los casos de las asociaciones Pannagh (Bizkaia) y Three Monkeys (Barcelona), y previsiblemente la sentencia irá en la misma línea.

“¿Qué haces con la señora de 70 años con cáncer si cierra el club? El camello no tiene aceites ni CBD”

La sentencia del Supremo coincide con la decisión del Tribunal Constitucional de mantener la suspensión sobre la ley navarra de 2013 que regulaba el funcionamiento de los clubes de cannabis en la región, la única aprobada hasta ahora por un parlamento. Y con la entrada en vigor, el pasado julio, de la Ley de Seguridad Ciudadana, que sube el importe de la multa por tenencia de cannabis en la vía pública de 300 a un mínimo de 600 euros y un máximo de 30.000, y sanciona con la misma multa el cultivo en un espacio particular, pero visible al público”.

También coincide con un aumento en la presión policial hacia personas consumidoras. “Me están parando más de lo habitual, hay agentes de paisano en las puertas de muchas asociaciones parando a socios y socias”, afirma Ramón Morcillo, uno de los portavoces de Representación Cannábica de Navarra, organización que impulsó la iniciativa legislativa popular sobre los clubes de cannabis que se aprobó en la región. Carola Pérez, portavoz de Regulación Responsable y presidenta del Observatorio Español de Cannabis Medicinal, también señala el aumento de la presión policial a los usuarios de la asociación que dirige, dosemociones. Esta asociación, que agrupa a 219 personas socias, trabaja con personas enfermas graves para ayudarlas a acceder al cannabis para uso medicinal. “En esta asociación ni siquiera dispensamos cannabis. Con once operaciones en la espalda, no me puedo permitir pasar 72 horas en un calabozo, por eso sólo remitimos a otros espacios y damos consejo”.

¿Y el consumo terapéutico?

Carola Pérez explica otra de las consecuencias de la sentencia: el cierre de los clubes de cannabis deja abandonados a enfermos y enfermas que habían encontrado en el cannabis la alternativa a medicamentos agresivos derivados del opio. “Tanto Ebers como Pannagh, cuya sentencia también está a la vuelta de la esquina, son proyectos que tienen acuerdos con asociaciones de cáncer de mama u otras enfermedades. Ahora mismo, sólo porque un club de cannabis en Madrid ha dejado de funcionar recientemente, nos encontramos con 80 personas con enfermedades bastante graves a las que tenemos que reubicar en otros clubes”. Una de estas personas es una señora de 70 años. “Tenía un tumor incurable, estaba desahuciada. Ahora le ha bajado el tumor, pero ¿qué haces con ella si cierra el club? No puede ir a un camello, le da miedo al ser ilegal y, además, no tiene aceites de cannabis ni CBD, que no tiene efecto psicoactivo y es lo que ella necesita”, continúa.

Sólo en julio, esta asociación atendió a 55 personas que buscaban espacios donde conseguir cannabis de uso medicinal. La Federación Madrileña de Asociaciones Cannábicas (http://www.madfac.com/MadFAC) también tiene un gabinete médico que aconseja a los usuarios qué tipos de cannabis le pueden sentar mejor, con una cantidad u otra de THC y CBD –cannabinoide sin efectos psicoactivos–, según su patología y otras medicaciones que estén usando. La Federació d’Associacions de Cànnabis de Catalunya (CatFAC) también puso en marcha hace cinco años ya un programa terapéutico. “Cada año se atiende a 300 personas que derivan desde centros de salud, y también varias asociaciones tienen médicos”, señala Gemma Lago.

El uso medicinal del cannabis en España está permitido –aunque no regulado– pero el único medicamento a base de esta planta aprobado es el Sativex, un extracto de cannabis en formato espray fabricado por la compañía GW Pharmaceutics que se puede encontrar sólo en las farmacias de los hospitales y cuyo coste alcanza los 510 euros por 10 mililitros.

El Ministerio de Sanidad sufraga el coste del medicamento para los enfermos de esclerosis múltiple, pero no en el resto de casos, a pesar de que hay otras 14 patologías para las que se reconoce el uso médico del cannabis, entre ellas el alzhéimer, las náuseas que sufren los enfermos de sida, la epilepsia o la anorexia. “En cambio, la morfina te dan la que quieras por pocos euros y 100 diacepanes cuestan 1,50 euros”, señala Carola Pérez.

La asociación Dosemociones presentó el 2 de octubre el Observatorio Español de Cannabis Medicinal junto a médicos y bioquímicos de la Universidad Complutense. El objetivo es ofrecer información  fidedigna sobre los avances en la investigación del cannabis para usos médicos. “El cannabinoide más conocido es el THC, pero hay otros cien que hasta ahora no se habían investigado porque estaba prohibido”, explica Carola, quien subraya las investigaciones sobre el uso de CBD para tratar a niños con epilepsia severa. 

Pero la sentencia del Supremo también ha señalado otra vía: “Lo que está diciendo al poder legislativo es ‘señores, nos estáis dando una patata caliente al poder judicial que no es nuestra, escuchar a esta masa social y resolverlo haciendo un cambio de leyes que dé respuesta a la demanda de consumidores y consumidoras’”, señala Gemma Lago. “El movimiento cannábico lleva 20 años de lucha para encontrar una solución a la situación de inseguridad jurídica, y en los últimos años hemos vivido un proceso de aceleración, sobre todo en algunas zonas, como Navarra, Madrid, Andalucía o Catalunya, donde ha ido in crescendo. Hemos ido forzando a las administraciones para establecer diálogos y consensos, y encontrar una solución política a nuestra realidad social”, continúa. “La plataforma Regulación Responsable es la siguiente fase”, continúa.

Propuesta con cinco pilares

Las organizaciones relacionadas con el cannabis han decidido dar un paso en esta dirección para plantear un modelo propio en cuanto a la regulación del cannabis.“El modelo de Uruguay se nos queda muy corto, porque los clubes tienen un número muy limitado de socios [45 como máximo] con el que no se cubren los gastos, ni tampoco han puesto el focus en la prevención y la educación que proponemos en nuestro modelo”, explica Soriano. “El de Holanda tampoco, porque aunque la distribución está regulada, no lo está el cultivo, por lo que no se ataja el problema de las mafias”, continúa Lago. “Ni el modelo de Colorado, de capitalismo salvaje”, añade Morcillo. “Nos gusta nuestro modelo”, concluye.

La plataforma inicialmente ha marcado cinco pilares en su propuesta: el autoconsumo, la venta comercial –en cañamerías al estilo de los estancos de tabaco–, el consumo terapéutico, la educación y prevención de riesgos como objetivo transversal, y el consumo compartido –o clubes de cannabis–, aunque esta propuesta está actualmente consensuándose entre sus bases mediante un proceso participativo.

En cuanto al consumo terapéutico, Carola Pérez explica que el escenario ideal es aquel en el que cualquier persona que lo necesite pueda acceder al cannabis. “Siempre pensamos en Madrid y Barcelona, pero en una pequeña población de Galicia, por ejemplo, es difícil que haya una asociación de cannabis, y el enfermo necesita tenerlo fácil. Si las farmacias se convierten en un punto de dispensación, con un cannabis controlado y cultivado en orgánico, sin pesticidas, como cualquier otro medicamento, puede ser una solución”.

A nivel de producción, además del autoconsumo y las asociaciones o clubes para el uso terapéutico, Carola Pérez cita el ejemplo holandés, donde hay una empresa que cumple los requisitos marcados por la ley en cuanto a control de calidad y análisis de la producción, la compañía holandesa Bedrocan. “Por lo pronto es una de las cosas que vamos a solicitar como próximo paso: que si como paciente en la UE conocemos un tratamiento que nos es válido con el tipo de cannabis adecuado, como es Bedrocan, podamos tener acceso a él”.

Legal fuera, perseguido dentro

Sobre el consumo compartido, la dirección por la que apuestan desde Regulación Responsable es perfilar y legalizar el modelo de club de cannabis que ya está en funcionamiento.

“El modelo de club que ha salido del Estado español es referencia a nivel internacional. Hemos encontrado una forma de lucha contra el mercado ilícito, que permite hacer prevención de riesgos de manera más efectiva, y a partir del consenso entre las propias personas consumidoras”, explica Gemma Lago. Un número de socios limitado, una cantidad fija de cannabis a recibir o la toma de decisiones colectiva sobre el cannabis a cultivar son algunas de las características que definen este modelo de club de cannabis que se creó en 2002, fue legalizado en Uruguay en 2014 y podría legalizarse también en Italia el próximo diciembre.

Por lo pronto, además de las ordenanzas aprobadas en municipios como Donosti o Mataró, la única ley que regulaba el funcionamiento de los clubes en España es la navarra, ahora en suspenso. “Los tribunales, con su jurisprudencia, ya habían definido los requisitos para que una asociación de consumidores de cannabis fuera considerada legal: que se basara en la demanda y no en la oferta, que no tuviera ánimo de lucro… Lo que hicimos fue plasmar toda esa jurisprudencia en una ley y llevarla al Parlamento navarro”, explica Morcillo. “Nos gustaría que fuera punta de lanza para que otros parlamentos autonómicos aprueben leyes similares y pensamos que dentro de pocos años, cuando se regule el cannabis, esta ley servirá de base”.

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