EL 21% DE LOS RECLUSOS PADECE LA ENFERMEDAD
Menos del 3% de los presos con hepatitis C recibe el tratamiento adecuado

La Plataforma de Afectados por hepatitis C y varios colectivos de apoyo a personas presas convocan concentraciones el sábado 26 de septiembre para denunciar la falta de tratamiento a reclusos.

25/09/15 · 11:47

Según los datos proporcionados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en 2013 el 21,3% de las personas presas en las cárceles del Estado, unas 14.000 personas, padecían el virus de la hepatitis C, frente a la tasa de prevalencia del resto de la población que se sitúa en el 1,6%. Ocho de ellas fallecieron ese año a causa de la hepatitis C, dos más que el año anterior, a pesar de que la población reclusa había disminuido.

A pesar de ello, según la Sociedad española de Sanidad Penitenciaria (SESP), sólo en torno al 2,8% de las personas presas están siendo tratadas con los nuevos medicamentos, libres de Interferón, que curan la enfermedad en más del 90% de los casos, según apuntan desde la asociación de apoyo a presos Salhaketa. 

El gasto en tratamientos de hepatitis C bajó un 26,04% entre 2012 y 2013 y un 48% desde 2006, una caída que desde estos colectivos se vincula directamente al coste más elevado de los nuevos tratamientos.

Esta situación de discriminación y vulneración de los derechos fundamentales de las personas presas ha sido denunciada por numerosos colectivos de apoyo a personas presas, así como por la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C, que ha convocado concentraciones de apoyo en numerosas cárceles, delegaciones de gobierno y juzgados de vigilancia penitenciaria el sábado 26 de septiembre.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y la SESP también denunciaron esta situación, así como la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, quien reconoció en su informe anual de 2014 que, por razones económicas, los "nuevos" medicamentos "no estarían llegando a los presos", ni siquiera a muchos a quienes les habían sido prescritos por los especialistas. Y que la administración penitenciaria se negaba a pagar el importe económico alegando que debían hacerlo las comunidades autónomas. 

Por motivos humanitarios, Becerril pedía a Instituciones Penitenciarias que "proceda al pago de tales fármacos sin perjuicio de que paralelamente se inicien actuaciones judiciales", reconociendo también la mala fe de la administración carcelaria al tergiversar los criterios de las autoridades sanitarias para negar el fármaco a las personas presas coinfectadas de VHC y VIH. 

Para la APDHA, que se ha sumado a las convocatorias del 26 de septiembre, "la causa de esta situación se debe a que la atención primaria en las prisiones está gestionada por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y que los médicos de prisiones son profesionales que se ven limitados por criterios de seguridad y de orden regimental, y no exclusivamente por criterios de salud, al depender directamente del Ministerio de Interior". 

Por ello, desde esta asociación consideran que "la persona que está en prisión ve restringido su acceso a un tratamiento imprescindible para seguir viviendo, por el simple hecho de estar en la cárcel. Evidentemente estamos ante una grave violación de los derechos fundamentales de estas personas".

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