El Tribunal Constitucional ha rechazado admitir a trámite los recursos presentados por las ocho personas condenadas por el Tribunal Supremo en el marco de las protestas en el Parlament catalán del 15 de junio de 2011.

"En un párrafo ha inadmitido todos los recursos planteados", explica a Diagonal Anais Franquesa, abogada de varios de los afectados.

En julio de 2014, la Audiencia Nacional absolvió a 10 de las 11 personas acusadas de los hechos ocurridos en el entorno de la sede catalana, condenando al restante a cuatro días de localización por una falta de daños.

La sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nación, con el voto en contra del juez Grande-Marlaska, sentenció que los acusados ejercieron su legítimo derecho de manifestación y expresión, y fue la falta de medidas por parte de las fuerzas de seguridad lo que propició un enfrentamiento entre los manifestantes y los miembros del Parlamento.

Sin embargo, en marzo de este año, el Tribunal Supremo anuló el fallo de la Audiencia Nacional, condenando a ocho de los acusados a tres años de cárcel por un delito contra las instituciones del Estado.

Los abogados de los ocho condenados presentaron recursos ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia del Supremo, a la vez que solicitó indultos al Consejo de Ministros. La Audiencia Nacional ordenó en junio la suspensión de la orden de entrada en prisión hasta que el Consejo de Ministros se pronuncie sobre los indultos, lo que previsiblemente será después de las elecciones generales de diciembre.

La pasada jornada, el Tribunal Constitucional notificó que rechazaba estudiar los recursos, al considerar que este asunto "no tiene relevancia constitucional". "Es el argumento para no admitir que dan en el 90% de los casos", señala Franquesa, quien recuerda que una reforma sobre la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de 2010 restringió los casos a examinar por el alto tribunal.

"No es una sorpresa, ya se partía de la base de que íbamos a terminar en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Lo bueno es que no vamos a perder el tiempo aquí", explica la abogada. Tras el no del Constitucional, con la que se agota la vía judicial estatal, el siguiente paso será ya acudir al TEDH, para lo que tienen un plazo de seis meses.

"Si hay una inadmisión de plano [en el tribunal europeo], lo dicen a los pocos meses. Si no, en el momento en que pidan información sobre el caso, el proceso puede durar 2 o 7 años", continúa. La abogada se muestra optimista frente al proceso en el tribunal europeo. "[El TEDH] es muy restrictivo, pero este caso es flagante", concluye.