Ciberactivismo: la Fiscalía pide penas de cinco años de cárcel
El caso Anonymous cuatro años después

Las tres personas acusadas se enfrentan a cargos de pertenencia a grupo criminal. El sumario en poder de Fiscalía incluye conversaciones entre uno de los acusados y su abogado.

14/06/15 · 8:00
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Manifestación convovada bajo el lema 'Cambio de modelo ya' en noviembre de 2011. / Álvaro Minguito

Cuatro años después de que la policía anunciara a bombo y platillo la desarticulación de la supuesta ‘cúpula de Anonymous en España’, la Fiscalía del Juzgado de Instrucción 4 de Gijón ha pedido penas de más de cinco años de cárcel para las tres personas acusadas de ‘dirigir’ la plataforma de hackers.

El 10 de junio de 2011, la Policía Nacional anunciaba la detención de tres personas a las que acusaba de ser los supuestos responsables de múltiples ataques informáticos a diferentes páginas web, entre ellas la de la Junta Electoral Central (JEC). La Fiscalía les considera coordinadores de la ‘Operación Spanish Revolution’ –lema internacional del movimiento 15M–, un ataque DDoS –peticiones masivas a un servidor hasta colapsarlo– contra “el entorno informático de la Junta Electoral Central”, la web de UGT y la del Congreso de los Diputados. También les acusa de ser responsables de la Operación V de Votaciones, un supuesto ataque frustrado por la Policía Nacional a los sitios web de PP, PSOE y CiU que iba a tener lugar el 20 de mayo de 2011.

En los próximos meses está previsto que se ponga fecha al juicio oral del caso Anonymous. Después de que la defensa presente sus escritos, el Juzgado de Instrucción remitirá la causa a un Juzgado de lo Penal de Gijón para su enjuiciamiento y fallo.
 

La forma en la que la policía pudo identificar a los supuestos hackers violaría la legislación

La Fiscalía pide para los tres acusados penas de más de cinco años de cárcel por supuestos daños continuados y pertenencia a grupo criminal, y multas que van de los 4.200 a los 5.600 euros. A pesar de las altas penas solicitadas, un informe elaborado por la JEC y remitido hace pocos meses al juzgado señala que los daños causados en esta acción están valorados en tan sólo 700 euros, correspondientes a dos jornadas de trabajo de un consultor externo. “Es un caso político desde el primer día, la policía ha pretendido convertir a Anonymous en el brazo armado del 15M”, explica Carlos Sánchez Almeida, abogado de uno de los acusados.

En vísperas de las elecciones autonómicas de 2011, la web de JEC sufrió un ataque informático que la dejó parcialmente inoperativa durante tres días. Esta web, herramienta informativa que nada tiene que ver con los sistemas de recuento de votos, se vio afectada de forma “intermitente” por ataques de denegación de servicio DDoS. También consta la recepción de 480.000 correos electrónicos en las cuentas del secretario general y del director de la Secretaría Técnica de la JEC, una técnica conocida como ‘mail bombing’.

Detenciones preelectorales

El 20 de mayo de 2011, la policía detuvo a Rodrigo T.S. después de haber sido citado en comisaría. Un día después, la jueza titular del Juzgado de Instrucción 4 de Gijón, Ana López Pandiella, ordenó a la policía que se realizaran escuchas de sus conversaciones por teléfono, justificando esta petición en la “gravedad de los hechos”. La jueza se refería a los “daños que podrían ocasionarse teniendo en cuenta el periodo electoral” y al “aumento de este tipo de ataques en los últimos meses de indudable trascendencia social”. Varias semanas después, siguieron las detenciones de J.M.Z. y Y.D.L.

El informe policial señala que en los domicilios de los tres acusados se encontraron “los equipos informáticos que soportaban los servidores caseros creados para dar soporte a los ataques” y que ellos aparecían como administradores del canal IRC ‘Anonymous annonet’, desde donde se organizarían los mismos, según la policía. El día siguiente, los medios de comunicación amanecieron con la imagen de Manuel Vázquez, comisario de la Brigada de Investigación Tecnológica (BIT), armado con una máscara de Guy Fawkes en la mano, anunciando la desarticulación de la cúpula de Anonymous en España.

En la nota de prensa lanzada a los medios de comunicación, la policía se vanagloriaba de haber detenido a tres personas que, según la institución, eran responsables no sólo de los ataques informáticos producidos en los días anteriores a las elecciones, sino también de los ataques informáticos de Anonymous en todo el mundo, incluso los realizados por grupos que nada tenían que ver con Anonymous. Las comunicaciones de la policía, haciendo referencia a una nota de la OTAN, asimilaban la peligrosidad de Anonymous con la atribuida a grupos terroristas como Al Qaeda. “El caso tuvo un trato mediático totalmente nefasto”, señalan a Diagonal desde La_PaRTS, colectivo creado para apoyar a Rodrigo T.S. “La policía, días después, mediante redes sociales, se retractó de algunas cosas que habían dicho durante la rueda de prensa, tales como los vínculos con ETA o Al Qaeda, pero para entonces ya nadie les prestaba atención, y la repercusión pública de esas rectificaciones fue prácticamente nula”, añaden.

Irregularidades

El sumario del caso Anonymous incluía hasta 149 páginas de transcripciones de conversaciones mantenidas entre los acusados y sus abogados, a pesar de que el Convenio Europeo de Derechos Humanos lo prohíbe. “Mi nombre aparece identificado como abogado, es decir, que quienes han transcrito lo grabado sabían que yo era su abogado”, afirma a Diagonal David Maeztu, abogado de Rodrigo. Las grabaciones fueron retiradas del sumario después de que Maeztu acudiera a denunciarlo ante el Colegio de Abogados. [Actualización a 19 de junio de 2015: Desde La_PaRTS informan de que, finalmente, las conversaciones entre Rodrigo T.S. y su abogado, David Maeztu, siguen incluidas en el sumario del caso que está en poder de Fiscalía ya terminada la instrucción].

También la forma en la que la policía pudo identificar a los supuestos hackers violaría la legislación. “Perseguir a alguien por los delitos de denegación de servicio se enfrenta al problema de que no se puede identificar a quién está detrás de una dirección IP porque el delito de daños del artículo 264.2 no es un delito grave, ya que la pena es inferior a 5 años de prisión”, explicaba Maeztu en su blog. Desde La_PaRTS señalan que estas irregularidades podrían ser la causa de que se presenten cargos más graves contra los tres acusados: “El caso comenzó siendo por un delito de daños de 700 euros y la Fiscalía no ha tenido más remedio que ‘engordarlo’ para no perderlo. Actualmente los cargos son pertenencia a grupo criminal y delito continuado de daños, pero, ¿qué clase de grupo criminal es capaz de generar tan sólo 700 euros en daños? Uno muy pobre, desde luego, pese a que quisieron pintarlo como otra cosa mucho más peligrosa”, explican a Diagonal.

Cuatro años para “montar” un caso

“El caso ha tenido una demora espectacular a la hora de montarlo pese a que la policía presumía de tenerlo todo atado desde el primer momento”, señalan a Diagonal desde el colectivo La_PaRTS. “Para nosotros sólo hay una explicación, y es que el puzle que desde el principio y de forma tan mediática la policía decía haber desmantelado ha resultado ser muchísimo más complejo de cuadrar a sus deseos”.

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comentarios

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    16/06/2015 - 9:56pm
    <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Cierto que no es comparable a lo de Zapata, aquello era un chiste en el contexto de una conversación sobre humor negro, y esto no es un chiste, sino el pensamiento pepero &quot;standard&quot;</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255);" />&nbsp;
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    Nemigo
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    16/06/2015 - 9:46pm
    un montaje policial? noooooo