Del 15M gaditano surgía la iniciativa de recuperar para la ciudadanía el edificio Valcárcel, antiguo hospicio y colegio abandonado nueve años atrás por la administración. Este edificio de 18.000 m², construido en 1763 y declarado Bien de Interés Cultural, frente a la playa de la Caleta (entorno emblemático de la ciudad), era propiedad del marqués del Real Tesoro. Tras haberlo legado a los “pobres de la ciudad de Cádiz”, la Diputación de Cádiz decidió venderlo a la empresa Zaragoza Urbana SA para que instalara un hotel de cinco estrellas. Los plazos de ejecución y de pagos no se cumplieron. Es así como la propiedad del edificio se quedaba en un limbo jurídico, con Zaragoza Urbana intentando devolvérselo a la Diputación, que no lo aceptaba.

El 18 de junio de 2011 el edificio fue recuperado para ofrecérselo a la ciudadanía. Valcárcel Recuperado dio cabida en sus siete meses de existencia a innumerables actividades (presentaciones de libros, recitales de poesía, mesas redondas, conferencias, ciclos de cine, congresos de abogados, encuentro de pescadores, comedores populares, actuaciones de carnaval…), todas ellas gratuitas y autoorganizadas a partir de iniciativas de barrios.

Menos de un año después, el 11 de enero de 2012, coincidiendo con el bicentenario de La Pepa, el edificio se desalojó sin aviso previo. Al día siguiente se convocó un acto de protesta en la facultad de Filosofía y Letras de la ciudad, durante una conferencia del juez Grande-Marlaska dentro del ciclo 'Diálogos por la libertad'. El acto concluyó con una carga policial, que irrumpió en la universidad sin autorización previa cuando las personas participantes en la protesta se estaban ya marchando del recinto universitario.

Estos hechos han desembocado en varias acciones judiciales aún pendientes de resolver. Por un lado, la denuncia a la policía fue rebajada en el juzgado de delito a falta, por lo que se consideró prescrita, hecho que está en proceso de recurrirse en la Audiencia Provincial.

Por otro lado, quedan pendientes otros dos juicios: uno a dos personas detenidas tras la protesta en Filosofía y Letras a los que se le acusa de “resistencia pacífica” y otro por la ocupación de Valcárcel, en el que hay cinco imputados. En este último, previsto para el 1 de julio, la petición fiscal es una multa de 900 euros más los antecedentes que subsiguieran. Los motivos de la imputación son: leer un manifiesto, hablar con la prensa, moderar una asamblea, abrir un correo electrónico, negociar con la policía y ser visto en el interior del edificio el día de la comisión del delito.

La asamblea de Valcárcel Recuperado celebró el pasado sábado una jornada de solidaridad con las cinco personas que serán juzgadas el 1 de julio. Será la primera de una serie de actividades que se presentarán públicamente el próximo 19 de junio, víspera del cuarto aniversario de la recuperación del edificio, para dar a conocer la situación de las y los acusados y del edificio, que, tras el paréntesis de actividad social y popular del año 2011, acumula casi dos décadas de especulación y abandono.