La Fiscalía ha pedido cuatro años de cárcel para dos jóvenes de Lleida por un supuesto delito de obstrucción a la justicia y otro de amenazas, y tres años para un tercer joven. Penas a las que se sumaría el pago de 20.000 euros de multa. Por su parte, la Generalitat ha pedido seis años de cárcel para los dos primeros y tres años y medio para el tercer joven por supuestas amenazas a un funcionario de prisiones. 
 

Los hechos se remontan a 2012, cuando Juanka Santana Martín, preso en el centro penitenciario de Ponent, fue a juicio, acusado por funcionarios de la prisión a los que previamente Santana había denunciado por abusos y maltrato. Los tres jóvenes, participando de la campaña Cárcel=Tortura, asistieron como audiencia al juicio en mayo de ese año en apoyo al preso. En septiembre siguiente, uno de los funcionarios que testificaron en el juicio contra Santana pasó cerca de la Plaza de Sant Joan,  lugar en el que se celebraba una concentración en apoyo a las personas presas y en denuncia de la práctica de tortura en las cárceles. El funcionario acusó a los jóvenes de haberle amenazado de muerte, tanto en la concentración como durante el juicio. Sin embargo, según señala Benet Salellas, abogado de los jóvenes, durante la vista oral, la jueza en ningún momento levantó acta ni advirtió a ninguno de los asistentes en el juicio por su comportamiento.  

 “Da la impresión de que han buscado un pequeño incidente y lo han hecho grande para atropellar a los chicos y silenciar la protesta en la calle”

A raíz de la contradenuncia de los funcionarios, el juzgado archivó la denuncia de abusos de Santana a los funcionarios y éste fue condenado a nueve años más de cárcel. Por su parte, los tres jóvenes fueron acusados de una falta de amenazas por los hechos de la concentración de septiembre. Sin embargo, cuando la Generalitat decidió personarse como acusación, el proceso judicial se llevó a la vía penal y dos de estos jóvenes pasaron a enfrentarse a penas de hasta seis años de cárcel por amenazas graves y obstrucción a la justicia, mientras que al tercero se le acusa ahora de un delito de amenazas graves. “Han construido un monstruo para castigar a estos chicos por su actitud de protesta”, señala Salellas, quien explica que la petición de fiscal y Generalitat busca castigar dos veces por el mismo hecho, afirmando que las supuestas amenazas afectaron, por una parte, a la libertad individual del funcionario y a la Administración de Justicia, a pesar de que el proceso judicial contra Santana se llevó a cabo sin que la juez advirtiera que se había producido ningún hecho que lo impidiera o dificultara. Salellas también explica que la Fiscalía acusa a los jóvenes de amenazas graves por el colectivo profesional al que pertenece el funcionario de prisiones, víctima de las supuestas amenazas.

 

“No he visto ningún caso con tanta saña como en éste”, afirma el abogado. “Da la impresión de que han buscado un pequeño incidente y lo han hecho grande para atropellar a los chicos y silenciar la protesta en la calle”, concluye.
 

El juicio contra los tres jóvenes, inicialmente programado para el 17 de mayo, fue aplazado, días antes de la cita, hasta otoño –sin concretar nueva fecha– después de que, desde la defensa alegaran que la jueza encargada de la vista fue la misma que juzgó a Juanka Santana en 2012, cuando supuestamente se habría cometido el delito de obstrucción a la justicia. Decenas de personas se concentraron el pasado 18 de mayo frente a los juzgados para mostrar su apoyo a los tres jóvenes acusados.
 

Desde el grupo de apoyo a los tres jóvenes de Lleida recuerdan casos anteriores en los que se han tomado represalias contra activistas por mostrar su apoyo a personas presas. Destacan el caso de Núria Pórtulas, que pasó dos años en la cárcel, acusada de colaboración con organización terrorista, por mantener correspondencia con un recluso; delito del que fue absuelta posteriormente por el Tribunal Supremo.