La ciudad del siglo XXI: limpia, muda y sin conflicto

ORDENANZAS CÍVICAS

La ciudad convertida en centro comercial y postal para turistas requiere borrar los síntomas de conflicto, eliminar las huellas que la austeridad ha grabado en sus habitantes. A ello se han aplicado las ordenanzas cívicas en la última década.

Jose Durán Rodríguez

21/05/15 · 13:46

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La candidata a la alcaldía de Madrid por el Partido Popular, Esperanza Aguirre, lo dejó claro el lunes 27 de abril: "Hay que estudiar dónde duermen los mendigos y sin techo porque afecta al turismo que lo hagan en la calle". Cuatro días después reincidió en la idea, asegurando que no quiere que "las calles de la ciudad se conviertan en dormitorios con colchones, la mesilla de noche y la maleta".

Son declaraciones muy elocuentes sobre el modelo de ciudad que se viene implantando en la última década. Urbes en cuyas calles y avenidas no se vea el conflicto, no se noten las consecuencias de las políticas aplicadas y cuyo principal objetivo sea aparentar normalidad para las cámaras de los turistas. Higiene urbana que se concreta en plazas sin bancos para sentarse y la expulsión de quienes no tienen otro sitio al que ir salvo la calle.

"Hay una línea común en las ordenanzas cívicas, independientemente de si los gobiernos municipales son 'progresistas' o conservadores", explica José Mansilla, del Observatori d'Antropologia del Conflicte Urbà (OACU). La precursora fue Barcelona, con la controvertida ordenanza aplicada por su ayuntamiento desde enero de 2006, pero el modelo pronto se extendió a Granada y otras ciudades.

"Se sacan de contexto cosas puntuales y se hacen normas a partir de anécdotas con la única pretensión de regularizar los comportamientos para que no se altere esa Barcelona de postal que quieren vender a los turistas", analiza Mansilla. "Gran parte de las políticas aplicadas en el medio urbano van hacia ese sentido: regular los comportamientos y transformar la ciudad desde un espacio de sociabilidad a otro creado para el turista, no para quien vive en ella. Limpiemos la ciudad para que la vida en ella no moleste a quien consume. Ya no eres un viajero del tren sino un cliente y así te lo dicen por megafonía", resume.

"Limpiemos la ciudad para que la vida en ella no moleste a quien consume. Ya no eres un viajero del tren sino un cliente"

En la ciudad convertida en escaparate, con operadores de telefonía móvil poniendo nombre a estaciones de metro, también sobra la protesta, la crítica expresada en la movilización ciudadana. La respuesta desde la calle a la estafa generalizada y a las políticas de austeridad ha obtenido reacciones tan disparatadas, y reveladoras, como la propuesta de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, de acotar las manifestaciones en espacios definidos para ello, lejos del centro.

Para Mansilla, estas propuestas y su concreción en normativas municipales son un eslabón más en una cadena. "La ordenanza cívica no es más que un elemento dentro de unas líneas de actuación más generales, de políticas neoliberales que pretenden convertir a los vecinos en consumidores. Para darle la vuelta hay que hacer otras políticas sobre los equipamientos, redistribuir los recursos, que las plazas sean espacios de socialización, que el transporte esté pensado para todo el público y no sólo el turístico, que tenga un precio accesible".

Todas estas normativas tienen el efecto de castigar más duramente a quien ya de por sí lo tiene muy complicado. Uno de los colectivos más hostigado por las ordenanzas cívicas municipales son las prostitutas que trabajan en la calle. La normativa de Barcelona, por ejemplo, multaba tanto a clientes como a prostitutas.

"Sus resultados han sido nefastos desde el principio de su aplicación, por las malas condiciones de trabajo de las mujeres en el centro de Barcelona. Inexplicablemente, sin haber hecho una valoración de si soluciona o no determinados conflictos de convivencia ciudadana, esto lo adoptan casi todos los partidos que se encuentran en posiciones de poder en los ayuntamientos. Lo calcaron, sin tener en cuenta los modos de funcionamiento de cada ciudad ni a las protagonistas, las trabajadoras", recuerda Mamen Briz, portavoz del colectivo Hetaira, que critica el poco fondo de unas medidas que se toman de cara a la galería, sin considerar a las trabajadoras ni dotar de presupuesto para desarrollar servicios sociales que las apoyen.

Además de las multas, en algunas ciudades se ha buscado la desaparición física de la prostitución en la calle, persiguiendo y forzando el traslado a zonas periféricas."Parece que los ayuntamientos se congracian con los vecinos expulsando del centro a las prostitutas, esa medida tan populista, sin lógica y sin escucharlas a ellas", opina Briz.

"Parece que los ayuntamientos se congracian con los vecinos expulsando a las prostitutas, esa medida tan populista"

Otra idea "supuestamente progresista", indica, es la de castigar exclusivamente al cliente y no a las prostitutas: "Esto es una estupidez enorme y parece mentira que se plantee seriamente por quienes quieren administrar la ciudad. Va en detrimento de las trabajadoras del sexo. La prostitución, querámoslo o no, nos guste más o menos, permite que muchas mujeres no caigan en la pobreza y que no estén absolutamente excluidas de la sociedad. Para muchas supone una estrategia de supervivencia".

Briz considera que estas operaciones buscan chivos expiatorios sobre los que descargar la responsabilidad. "Parece que todo funciona mal en las ciudades porque haya mujeres captando a sus clientes en la calle, porque la gente joven o colectivos de otras nacionalidades se reúnan en la calle… Es todo ideología. Y una manera de mostrar que los políticos hacen algo útil cuando realmente siguen sin atajarse los problemas de fondo".

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