“Ciudadanos ha anunciado que pretende la 'legalización' de la prostitución y la reapertura del debate teniendo en cuenta a las personas afectadas y lo hace en plena campaña electoral. Ésta es la parte positiva. La parte negativa es cómo se pretende hacer esta legalización, prevemos que al más puro estilo liberal (o neoliberal)”, señala un comunicado lanzado por nueve organizaciones de apoyo a trabajadoras del sexo y de derechos humanos en general, entre las que se cuenta Hetaira, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, el Col.lectiu Lambda, COGAM o el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo de la Región de Murcia.

El comunicado recuerda que la propuesta que ya presentó el partido político en 2010 para las elecciones catalanas recogía la regulación de la prostitución. “Ciudadanos no pondrá problemas a que cada vez mayor número de mujeres y hombres trabajen en la prostitución, obligándoles previamente a hacerse autónomos, lo quieran o no, reúnan los requisitos para serlo o no”. Sin embargo, tal como recuerdan, además de los obstáculos a los que se enfrentan los trabajadores autónomos, la propuesta dejaría fuera, y con mayor nivel de vulnerabilidad, a las trabajadoras del sexo que no puedan darse de alta por no reunir los requisitos, como las personas migrantes en situación irregular. De hecho, según recuerdan estos colectivos, ya muchas trabajadoras del sexo están dadas de alta como autónomas. “Este punto, por tanto, no sería una gran novedad”, señala el comunicado.

Los colectivos subrayan una trampa mayor en la propuesta de Ciudadanos, y es que, para optar a la 'legalización', las trabajadoras sexuales, dadas de alta como autónomas, tendrán que trabajar en locales convenientemente legalizados. “Esto significa que los empresarios de locales de alterne podrán tener a 'falsas autónomas' en sus locales y no se responsabilizarán ni de sus derechos laborales, ni de sus condiciones de trabajo. Un chollo que querrían emular los empresarios en cualquier otro sector.

La regulación de la prostitución de Ciudadanos también conlleva la prohibición de ejercer en el espacio público, lo que supondrá condenar a la clandestinidad a aquellas que decidan o no puedan darse de alta como autónomas.

El comunicado lanzado por estos colectivos señala también que la propuesta de regular la prostitución pasa también por velar por la salubridad e higiene, un mensaje detrás del cual puede haber el hacer obligatorios los exámenes médicos, una medida a priori positiva pero que lleva como consecuencia que para estas trabajadoras sea más difícil negociar prácticas de sexo más seguro. El buen estado de salud de la trabajadora estaría asegurado por estos exámenes, no así el estado de salud de los clientes.

“El discurso dominante y el pensamiento único en esta materia gana y será el mismo para muchas organizaciones políticas, sean del signo que sean: la prostitución es violencia contra las mujeres. Parece mentira y de muy mal gusto que se recurra a semejante ardid cuando la cifra de asesinadas y víctimas de violencia machista no disminuye, y no se trata precisamente de trabajadoras del sexo”, señala el comunicado, en el que también se subraya que, detrás del discurso de criminalización de la prostitución en base al problema de la trata de personas, en los últimos años el Gobierno español sólo ha concedido asilo para dos mujeres víctimas de trata.