DEL ACOSO POLICIAL AL ATAQUE ECONÓMICO
Represión y acoso a los colectivos feministas

Las organizaciones denuncian que se enfrentan a sanciones injustas.

, Madrid
25/04/15 · 8:00
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Concentración en Madrid contra los asesinatos machistas, el pasado 1 de abril. / Bárbara Boyero

“Cuando empezamos todo esto, queríamos romper con las pulseras de las que hablaban todos, no entendíamos porqué eran las mujeres las que tenían que estar marcadas si ellas eran las que sufrían la violencia”, afirma a Diagonal Gloria Vázquez, presidenta de la asociación gallega Ve-la Luz.

Esta asociación para la defensa de mujeres y menores que han sufrido violencia de género comenzó su actividad denunciando cómo un “sistema que fomenta la dependencia de la mujer”, además estigmatiza a las víctimas de la violencia machista. Al igual que muchas otras organizaciones de apoyo a mujeres que visibilizan el machismo institucional, Ve-la Luz ha tenido que hacer frente a una importante represión por parte de los poderes públicos, que ha ido desde la negación de subvenciones hasta el acoso policial.

Irregularidades policiales

Siempre han “resultado incómodas” las interacciones con la policía, señalan desde Ve-la Luz. Sin embargo, desde que esta asociación se personó en 2014 como acusación popular contra la Guardia Civil, comenzaron a sufrir “todo tipo de atropellos” que, sobre todo, han afectado a su presidenta.
 

45.000 euros es la fianza que solicitó la Fiscalía a la asociación Ve-la Luz la primera vez que se personó como acusación popular en un caso de violencia machista

Ve-la Luz acusó a la Guardia Civil de negación de auxilio en el marco del asesinato de un bebé, en Betanzos, A Coruña, a manos de su padre. La muerte tuvo lugar después de que su madre intentara poner, durante seis horas, una denuncia contra el padre del bebé, alarmando de la desaparición de su hijo sin conseguir que los guardias civiles le hicieran caso. En noviembre, la asociación volvió a presentar otra acusación popular contra la Guardia Civil, en este caso por el “anómalo” trato dado por el cuerpo a las víctimas de violencia de género en las poblaciones gallegas. En muchas localidades, según afirman desde la asociación gallega, “lejos de encontrar apoyo para tramitar la denuncia, estas mujeres son desacreditadas, normalizando diferentes actos violentos en muchos casos y llegándo a ningunearlas”.

En abril de 2014, Vázquez fue detenida por no presentarse a una citación que nunca había recibido. La citación, adjuntada con un post-it a la carpeta de su expediente, se perdió al cambiar el caso de juez sin llegar a enviarse. Vázquez entiende que esta detención “fue una forma de avisar de que me estaba metiendo donde no debía”.

En diciembre de ese año, alguien entró a robar en la sede de Ve-la Luz y en la casa de su abogado, llevándose documentos, teléfonos y cámaras de vigilancia. Ante estos hechos, la presidenta de la asociación decidió mudarse temporalmente a casa de su madre por seguridad. A las 48 horas de haberse trasladado, su madre recibió una llamada de la Policía: “Mire, le llamamos porque hemos encontrado abierta la vivienda de su hija, ¿podría estar el cuerpo de su hija muerto dentro?”.

Cuando Gloria llegó a su casa, observó que habían cortado el cable del teléfono y que había un importante desorden de papeles y otros objetos tirados por el suelo. Entregó la denuncia pertinente a la Policía, pero “no tomó huellas ni nada”. Cuando volvió al domicilio semanas después, “todo estaba no limpio, sino limpiado: habían recogido y arreglado todo”, explica Vázquez, quien subraya que no tenía sentido que entraran a robar a su casa, “¡si nosotras no tenemos dinero!”.

Vetos en subvenciones

La negación o recortes en la financiación es otro de los problemas con el que muchas organizaciones feministas han tenido que lidiar en los últimos años. Los presupuestos que manejan las organizaciones relacionadas con movimientos feministas son modestos. Normalmente sobreviven a base de asociados o contribuciones esporádicas de personas privadas. Algunos colectivos consiguen acceder a ayudas estatales, pero estos recursos, además de ser insuficientes, se convierten a veces en otra forma de controlar y desalentar la lucha feminista.
 

En 2015 se dedicarán 1,2 millones a subvenciones, frente a los dos millones de 2012
Hace unos meses, la Asamblea Feminista de Madrid tuvo que abandonar el emblemático local de Barquillo 44. Su cesión, concedida por el Instituto de la Mujer, terminó en octubre y vieron su sede sustituida por un local mucho más pequeño. Desde la Asamblea consideran que esta “disminución progresiva de los recursos” responde a la lógica de desmovilizar la protesta social, poniendo como excusa la crisis.

La convocatoria de 2015 para acceder al fondo de subvenciones del Instituto de la Mujer contempla una partida de 1.200.000 euros, 200.000 euros más de los que se destinaron en 2013, año del mayor recorte en este área –el importe para subvenciones pasó a la mitad con respecto al del año anterior, dejando sin financiación a 36 organizaciones–. Sin embargo, ni la dotación ni los criterios empleados para su distribución son aplicados de manera que el dinero llegue a pequeños colectivos, según denuncian desde Hetaira. Este colectivo de apoyo a las trabajadoras del sexo denuncia que sistemáticamente se queda fuera de las subvenciones, como muchos otros pequeños colectivos. Las subvenciones terminan acaparadas por las grandes ONG generalistas.

“No lo tenemos fácil para conseguir financiación, nos han vetado en algunas administraciones y en algún que otro foro de trabajo, por ejemplo en el Foro contra la Trata”, afirma una de las portavoces de Hetaira. Desde la asociación señalan que “hace ya años” que el Ayuntamiento de Madrid dejó de subvencionar los proyectos de esta asociación feminista que aboga por los derechos laborales y sociales de las trabajadoras del sexo. Tampoco han podido acceder a las subvenciones de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, dirigidas a proyectos de atención a víctimas de trata, algo que sorprende en Hetaira ya que aseguran cumplir todos los requisitos y, además, realizan trabajo directo en los espacios de prostitución, detectanto a posibles víctimas. ¿Su explicación?: “Todo es por defender una postura distinta a la hegemónica, a la del feminismo institucional. Nos prefieren invisibles”, afirman desde la asociación.

Multas políticas

Otro de los vértices de la represión contra los colectivos feministas también redunda en el área económica, pero a través de multas y tasas judiciales. La Fiscalía solicitó a Ve-la Luz una fianza de 45.000 euros la primera vez que se personó como acción popular en el acompañamiento a una víctima de violencia machista. Aunque luego esta cifra fue rebajada a 6.000 euros, ilustra las dificultades que el sistema impone a colectivos e individuos a la hora de reivindicar sus derechos en los tribunales. “No sabemos si vamos a poder seguir”, lamenta Vázquez, quien afirma que no entienden cómo pueden pedirles esa cantidadcomo fianza por acompañar y asesorar a una víctima de violencia machista. “Somos una asociación sin ánimo de lucro, y hemos probado debidamente que lo máximo que hemos recibido en años han sido sólo 700 euros de subvención”, añade.
 

10.500 euros suman las multas que han recibido siete activistas de Dones Feministes de Gràcia por pegar carteles durante la Festa Major en contra de agresiones sexuales
Dolo García es una de las participantes de la Asamblea de Mujeres Diversas de Sevilla y también se ha tenido que enfrentar a ataques de corte económico por parte de la Administración, en su caso relacionados con la burorrepresión, o represión a través de sanciones administrativas, cada vez más habituales desde la explosión del 15M. En diciembre de 2013, la policía realizó una serie de identificaciones en una de las numerosas concentraciones que se celebraron en la capital andaluza en contra de la Ley del Aborto que impulsó el exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. La concentración se celebró frente a la sede del Partido Popular en Sevilla. Pocos días después, ella y otras dos compañeras de la Asamblea de Mujeres Diversas recibieron una sanción de 300 euros cada una por haber convocado una manifestación que desde la Administración tacharon de ilegal. Dolo García se declaró insumisa ante una multa que considera ilegítima y se negó a pagar la multa, por considerar que es consecuencia de una acusación falsa. Tampoco quiso recurrir su caso por la vía judicial, señalando lo injusto del ahora eliminado sistema de tasas judiciales para personas físicas. “Tengo nómina y cuenta corriente, y en cualquier momento me embargarán. Todavía no me han notificado nada, pero no pagar la sanción ni pasar por el juzgado Contencioso-Administrativo nos parecía una denuncia en sí misma”, dice Dolo. Desde la asamblea afirman que se trata de un hecho “sin precedentes ni justificación, con una clara intención de debilitar y amedrentar al movimiento”.

Algo similar opina el colectivo de Dones Feministes de Gràcia. A través de su campaña #10500VOLTES quieren señalar a Maite Fandos, regidora del distrito de Gràcia, y al Ajuntament de Barcelona, con CiU a la cabeza, por deslegitimar e intentar paralizar al movimiento feminista. La suma de las multas a siete integrantes de Dones Feministes por pegar carteles en contra de las agresiones sexuales en la Festa Major de agosto de 2013 asciende a 10.500 euros. Desde el colectivo señalan que estas multas “no dejan de ser un mecanismo de control y represión” y saben que no es un caso aislado. “Desde el Ajuntament están muy enfadados porque saben que cuando lo hemos hecho público, la gente se da cuenta de que esa multa no se aguanta por ningún lado y eso les hace muy mala campaña, sobre todo de cara a las municipales”, afirman.

Ante la Ley de Seguridad Ciudadana

“Nacemos con el espíritu de que las mujeres tomen el espacio público, la palabra y la calle. Eso no va a cambiar”, afirman desde la Asamblea de Mujeres Diversas de Sevilla sobre la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana. Feministes de Gràcia también tienen muy claro que mantendrán sus acciones: “Vamos a seguir igual, con más cuidado pero no vamos a cambiar por una ley propia del franquismo”.

Con la nueva ley, si la concentración de Mujeres Diversas se hubiera celebrado frente al Parlamento de Andalucía, habrían tenido que hacer frente al pago de hasta 30.000 euros. Cien veces más que la ya “abusiva” multa de 300.
Sin embargo, se muestran optimistas. Al igual que las movilizaciones en contra de la Ley del Aborto de Gallardón “ayudaron a la cohesión” entre las distintas agrupaciones feministas, creen que “el hecho de querer amedrentarnos con la Ley Mordaza hará que se refuerce el movimiento”.

Desde Hetaira también se han manifestado públicamente en contra de esta ley, que supone un aumento de la vulnerabilidad y de la represión a las mujeres trabajadoras del sexo. “Podrán ser acusadas de desobediencia o resistencia a la autoridad, con graves consecuencias en sus vidas”. En un comunicado firmado por la plataforma, aseguran que sentar las bases de la prohibición de la prostitución en el espacio público “favorece solamente los intereses de los empresarios de los locales, donde las mujeres carecen de cualquier ley que proteja sus derechos dado que no existe un reconocimiento de la prostitución como trabajo”.

Tags relacionados: feminismo Número 244 Represión
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comentarios

1

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    persona
    |
    20/10/2015 - 8:33pm
    http://gaceta.es/pio-moa/negociotimo-violencia-genero-04042015-1243 tendrán su juicio de Nuremberg y spandau