Redactada con rapidez y a puño y letra del presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena. Así es la sentencia del Tribunal Supremo que revoca parcialmente las absoluciones por la acción de Aturem el Parlament el 15 de junio de 2011. Ocho de los indignados inculpados por aquellos hechos han sido condenados a tres años de prisión, las otras doce han quedado absueltas. El juez Perfecto Andrés había recibido el encargo inicial de redactar la sentencia, pero su enfoque que apunta a la absolución de todos no gustó a la mayoría de la sala y forzaron un relevo. La abogada Eva Labarta, que representa a uno de los encausados, asegura contundentemente: "Estamos ante una sentencia clarísimamente política". Sin embargo, es moderadamente optimista en relación a su desenlace final. "Es muy poco habitual que una sentencia del Supremo tenga un voto particular y eso es muy positivo de cara al recurso que se presentará ante el Tribunal Constitucional", considera Labarta.

 

 

En relación a cuándo se podrían ejecutar las penas de prisión pide cautela: "El Supremo no decide cuando se encarcela a nadie, ahora la sentencia volverá a la Audiencia Nacional, y será una sala de este órgano judicial quien deberá decidir, pero confío en que con la presentación de un recurso al Constitucional y añadiendo la existencia del voto particular, el ingreso en prisión de las ocho personas ahora condenadas quede en suspenso hasta que no haya resolución firme del Tribunal Constitucional". Cabe recordar que la decisión de recurrir la sentencia absolutoria inicial fue un acuerdo a cuatro bandas entre la Fiscalía, Manos Limpias, la Generalidad de Cataluña y el Parlamento de Cataluña. El consejero de la Presidencia, Francesc Homs, se mostró contundente hace un año: "No nos quedaremos con los brazos cruzados".