Casi tres años después, Ismael Benito y Daniel Ayyash irán a juicio –los próximos días 9, 10 y 11 de marzo en el Juzgado de lo Penal Número 6 de Barcelona– por hechos cometidos durante la huelga general del 29 de marzo de 2012. Son tres de las alrededor de 50 personas detenidas en Catalunya en el marco de las movilizaciones de la huelga, una cifra que en los siguientes días subió a 80 y que superó los dos centenares en todo el Estado. La Fiscalía pide para cada uno de ellos 8 años y 9 meses de prisión por delitos de desórdenes públicos, atentado a la autoridad y resistencia, entre otros. Por su parte, la Generalitat de Catalunya, que se presenta como acusación particular, pide tres años y medio y el Ayuntamiento cuatro años de cárcel. También reclaman para ellos el pago de una responsabilidad que iría de los 2.000 a los 6.000 euros.

“El día de la huelga general acudimos a nuestra facultad, la de Física y Química. El campus de Diagonal estaba lleno de policía, y no se podía realizar ningún tipo de acción. No había venido prácticamente ningún trabajador a su puesto de trabajo, sólo había estudiantes que llegaron para participar de la huelga”, explica a Diagonal Daniel Ayyash, que, como Ismael, es miembro parte de la Associació d'Estudiants Progressistes. “Era una situación en la que no podíamos hacer nada, no había un consenso sobre qué hacer y decidimos irnos a descansar de cara a la manifestación de la tarde”. En el camino a su casa, a las 11 de la mañana, la policía les detuvo en el barrio de Les Corts.

De la preventiva a la prohibición de manifestarse

Los Mossos d'Escuadra llevaron a Ismael y Daniel a los calabozos de Les Corts. “A nivel higiénico, el estado de esos calabozos era deplorable, pero no se nos pegó ni maltrató”, afirma Ismael. “Eso sí, vimos como esa comisaría se desbordó. Como se decía durante la represión franquista, los calabozos se iban vaciando de presos comunes y llenando de presos políticos”. Las detenciones durante la jornada de huelga del 29 de marzo de 2012 en Barcelona llegaron al medio centenar y, en los días siguientes, siguieron goteando nuevas detenciones. Incluso los Mossos d'Escuadra usaron su página web para publicar fotografías de 68 presuntos autores de “actos vandálicos” durante la jornada de huelga, pidiendo la colaboración ciudadana para su identificación. En muchos casos, las imágenes eran de menores de edad.

Ismael y Daniel fueron dos de los tres detenidos durante la huelga a los que se les aplicó prisión preventiva sin fianza. Otras seis personas pudieron pagar fianza para salir en libertad. En los días siguientes, también ingresaron en preventiva a Laura Gómez, secretaria de organización de CGT en Barcelona, y otros dos jóvenes más relacionados con el movimiento estudiantil y la izquierda independentista.

La titular del Juzgado de Instrucción Número 18 de Barcelona, Carmen García, –la misma que instruyó el caso 4F– argumentó en el auto de prisión preventiva riesgo de fuga y reiteración delictiva. Un mes más tarde, la Audiencia Provincial decidió retirar la prisión provisional, señalando que era una medida excesiva para los delitos imputados, y les dejó en libertad sin fianza. Sin embargo, les impuso la prohibición de acudir a manifestaciones y asambleas en las calles hasta que se acabara el proceso de instrucción del caso. Una medida aplicada también a los detenidos en las protestas de Can Vies en 2014, pero que la Audiencia de Barcelona revocó, al considerar que vulneraba derechos constitucionales y era un “preocupante indicio de un contexto de anormalidad democrática”.

“Ahora el caso está en un juzgado de lo Penal en Barcelona . Confiamos en que se haga justicia y entendemos que saldremos absueltos, como tras personas que también fueron detenidas en esa misma huelga en Barcelona, que han pasado por nuestra misma juez de instrucción”, afirma Daniel. Según explican él e Ismael, los procesos judiciales de muchos de los detenidos en Barcelona el 29 de marzo han resuelto en absolución. En algún caso se ha impuesto el pago de una multa o se ha condenado a unos pocos meses de cárcel, pena que también se ha convalidado por una multa.

Desarticulación del movimiento estudiantil

“En el momento de la huelga general nosotros militábamos en un sindicato estudiantil, la Associació d'Estudiants Progressistes y en la propia asamblea de nuestra facultad de Física y Química. Nuestro activismo se basaba en el movimiento estudiantil”, explica Daniel. Él e Ismael explican a Diagonal que la represión ejercida por la Administración catalana tras la huelga del 29 de marzo supuso un punto de inflexión en el movimiento estudiantil. Ya en la siguiente huelga, el 14 de noviembre de 2012, “el campus de Diagonal estaba tomado por la policía desde la tarde anterior”, explica Ismael, y la lluvia de multas y detenciones había debilitado a los colectivos de estudiantes.

“En 2012 se había formado un movimiento estudiantil muy cohesionado con el movimiento obrero, que daba soporte a muchas movilizaciones y que en la jornada del 22 de mayo [de 2012, huelga general del ámbito educativo] llegó a sacar a la calle a 100.000 personas. Todo eso desapareció, se marchitó y entramos en una dinámica de decadencia, por miedos internos”, afirma Ismael.

“En Catalunya, en 2012 el movimiento estudiantil se había recuperado, empezaba a organizar grandes manifestaciones y se convertía en un interlocutor ante la Conselleria d'Universitat. Nuestro caso y muchos otros más entendemos que fueron un golpe al movimiento estudiantil, que acabó cayéndose y no ha sido capaz de recuperarse hasta ahora”, concluye Daniel.