Aryeh Neier, fundador de Human Rights Watch y director durante años de la American Civil Liberties Union y presidente de la Open Society Fundation, ofreció ayer una conferencia en el Consejo General de la Abogacía sobre los peligros de la Ley de Seguridad Ciudadana, organizada por la Fundación de la Abogacía Española y Rights International Spain. Neier viajó a los dos años de edad a Estados Unidos como refugiado político desde la Alemania nazi. Es uno de los referentes en la lucha por la libertad de expresión, trabajando en varios casos sobre censura a prensa en la Administración Nixon, en Estados Unidos. Hablamos con él sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, la reforma del Código Penal y otros cambios introducidos en el sistema de justicia español durante la actual legislatura.

Ayer diste una conferencia sobre los peligros de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, ¿puedes explicarnos brevemente cuáles son los principales peligros que ves en esta ley?

La ley es peligrosa porque restringe el derecho a la protesta. El derecho a la protesta es extremadamente importante. Es la manera en que la gente puede expresarse, en la que puede llamar la atención sobre cualquier pérdida de derechos que sufra y, sobre todo, pienso que el derecho a la protesta es una garantía esencial de la democracia. No puede haber una democracia en la que la gente sólo se exprese cada cuantos años cuando vote. Tiene que haber un diálogo constante entre la población y el Gobierno. La gente tiene que ser capaz de reaccionar a las decisiones del Gobierno y ante temas que son importantes para ellos. La protesta es la manera de hacer esto. Tienen que ser capaces de protestar en sitios que consideren importantes, por ejemplo, frente a los parlamentos, y sin necesidad de permiso, sólo dando aviso a las autoridades. El único motivo base para restringir este derecho es cuando hay un peligro real de que se produzca violencia. Los ciudadanos tienen que ser capaces también de monitorear la manera en la que las autoridades reaccionan, tener observadores que vean lo que pueda suceder; que, si la policía se sobrepasa, puedan grabarlo, la policía debe poder ser identificada... La Ley de Seguridad Ciudadana pienso que supone una limitación importante al proceso democrático.

Sobre el derecho de protesta, ya la legislación actual ha llevado a que muchas personas reciban multas económicas por ejercer su derecho a la protesta por parte de la Administración, multas que en muchas ocasiones han sido revocadas tras acudir a los tribunales. ¿Qué opina de esto?

Hay algunos sitios en las que las autoridades se manejan con permisos. La principal preocupación de las autoridades es que, si dos grupos se quieren manifestar en el mismo sitio al mismo tiempo, asegurarse de que no haya conflictos entre ellos. Funcionan con el sistema de permisos automáticos. Pero no debe ser discrecional a la hora de que las autoridades den permiso. Sí debe funcionar para que las autoridades puedan preparar la seguridad necesaria para la manifestación, para ser capaz de proteger a los manifestantes de gente hostil que pueda ejercer violencia contra ellos. No puede ser una cuestión de que las autoridades decidan “sí, ok a la manifestación” o “no, no se da el ok a la manifestación”.

La Ley de Seguridad Ciudadana ha sido precedida de otros cambios en el sistema de justicia español. En esta legislatura, el primer cambio ha supuesto que las personas tengan que pagar tasas judiciales a la hora de acudir a la justicia en todas las jurisdicciones menos la penal. ¿Cómo valora esta medida?

Es especialmente impactante. Pienso que hacer que el acceso a la justicia sea caro es igual que negar el acceso a la justicia. Se puede considerar apropiado hacer que la gente aporte dinero como manera de desincentivar los litigios que no tengan sentido, pero si el caso no es frívolo, el dinero debería ser devuelto a la gente y, por supuesto, si se gana el caso, deben ser capaces de conseguir que se les devuelva el dinero. Pero incluso si no ganan, en la medida en que sea un caso de buena fe, no con la intención de acosar o frivolizar, no debe tener coste para la gente que intenta conseguir justicia.

¿Conoce casos similares en otros países en cuanto a tasas judiciales?

En general, la práctica es que si se gana el caso se devuelve el dinero. Hasta en algunos países, aunque no se gane el caso, se devuelve el dinero si ha sido una denuncia de buena fe. No conozco de ningún país en el que se pague dinero por acudir a la justicia y no se devuelva independientemente de cómo acabe el caso.

Otro de los cambios relacionados con la Justicia que se están tramitando en España es la reforma del Código Penal y, de forma más acelerada tras la masacre de Charlie Hebdo, el capítulo del Código Penal sobre delitos relacionados con el terrorismo. Otros países europeos también están tramitando cambios en sus leyes relacionados con los delitos terroristas. ¿Cree que pueden suponer una amenaza para los derechos humanos? 

Es muy importante, cuando se hace una ley criminal, ser muy claro y preciso en las definiciones de los delitos. La preocupación que tengo es sobre la definición del delito de enaltecimiento del terrorismo, que es muy difusa, dice que es glorificar el terrorismo. Pero ¿qué es glorificar el terrorismo? En Francia se ha dado el caso de que algunos estudiantes en la escuela han rechazado participar en los dos minutos de silencio por las víctimas del Charlie Hebdo. Estos estudiantes cometieron un crimen por no tomar parte en los dos minutos de silencio. Pues, no creo que a eso se pueda llamar crimen. Hay que evitar tener leyes tan grandes por las que se pueda meter a la cárcel a gente por lanzar opiniones más que por incentivar la comisión de actos terroristas en circunstancias en las que sí hay un peligro real de violencia terrorista. 

Precisamente, uno de los cambios es el aumento de la condena máxima del enaltecimiento a los 3 años, con lo que se deja de permitir que se suspenda la pena cuando no haya antecedentes. Paralelamente, este año se han conocido decenas de casos de personas acusadas por enaltecimiento o humillación a las víctimas, en algunos casos, como el de Facu Díaz, por un sketch humorístico sobre el Partido Popular.

El enaltecimiento es simplemente un concepto muy difuso. ¿Qué significa realmente enaltecer el terrorismo? Si un padre le pone a su hijo de nombre Osama, ¿está glorificando el terrorismo por ello?

Otro de los cambios sobre terrorismo es la tipificación como delito de la visita a páginas web relacionadas con el terrorismo, incluido como forma de 'adiestramiento pasivo'.

De nuevo, pienso que simplemente hay mucha gente que siente curiosidad por visitar estas páginas web, y no se puede convertir eso en un crimen, se violaría la libertad de expresión. También existe el concepto de libertad de investigación.

La movilización en las calles y el rechazo de organizaciones sociales y los partidos de la oposición parece que no es suficiente para que el Gobierno paralice el proceso de aprobación de esta ley, ¿qué más se puede hacer?

La primera manera de hacer frente a esto es a nivel nacional, pero si no se consigue, un segundo paso es crear conciencia internacional sobre estas violaciones de derechos humanos para que el resto de países hagan presión al Gobierno. La siguiente manera es resolver el problema en los tribunales. Los pasos tienen tiempos diferentes para afrontar la violación de derechos humanos, y hay que estar preparados para utilizarlos todos. Hay mecanismos en las instituciones internacionales. Hay cartas internacionales de derechos, como la Convención Europea de Derechos Humanos o la Carta Europea de Derechos Fundamentales. También se puede ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si hay violaciones a los derechos reconocidos en la Carta Europea de Derechos Humanos, pero lleva mucho tiempo, varios años antes de que el caso llegue a este tribunal. A la hora de prevenir en primera instancia leyes que violan derechos, ir al Tribunal Europeo es el último recurso. Hay que defender los derechos mucho antes de que se llegue a esa situación.