Imputados en el SAT por ultraje a la bandera
"Cambiar una bandera por otra es libertad de expresión”

Piden dos años de prisión para tres personas por una protesta en la que se pedía un referendum sobre la monarquía tras la abdicación de Juan Carlos I.

, Madrid
07/02/15 · 8:00
Edición impresa
La bandera de Colón costó 370.000€. / Álvaro Minguito

La Fiscalía ha solicitado una pena de ocho meses de multa con una cuota diaria de seis euros para dos miembros del Sindicato Andaluz de Tra­bajadores (SAT) por un supuesto delito de ultraje a la bandera, y al pago de 538,20 euros en concepto de indemnización al Ayuntamiento de Granada. A estos castigos se les suma otra pena de hasta dos años de prisión para una tercera persona que se encuentra acusada de unos supuestos daños con incendio en concurso con ultraje a la bandera, y que también se enfrenta al abono de 854,10 euros. Estas sanciones se suman al extenso historial de sanciones impuestas al SAT, que ya suma más de un millón de euros en multas, cerca de 600 sindicalistas procesados y alrededor de 400 años de peticiones colectivas de prisión.

Los hechos por los que son acusados Javier María Zarco Jiménez y José Rodríguez Santiago, miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores, y P. F. M. se desarrollaron el pasado 2 de junio de 2014, tras la abdicación del anterior monarca, durante una manifestación multitudinaria en Granada que exigía la celebración de un referéndum para elegir entre monarquía o república. Tras una breve “sentada” en las cercanías del edificio de Subdele­ga­ción de Gobierno, la movilización continuó su marcha hasta la Plaza del Triunfo, lugar al que llegaron alrededor de las 22h.

“Una vez allí, una persona aún no identificada coge la bandera. Se­gún las acusaciones policiales, Javier y José intentan coger la bandera, pero esta cuarta persona es la que la baja”, declara Antonio Folgoso, abogado de los dos imputados del SAT. Posteriormente se realizó un cambio de bandera, sustituyendo la rojigualda por la republicana acompañada de una bandera andaluza con una estrella roja. “Según la policía, la bandera retirada se la van pasando unos a otros hasta que llega a manos de P., que al parecer la rompe, aunque en las grabaciones existentes no se ve con claridad”, relata el abogado. El caso continúa abierto a la espera de la identificación de ese cuarto individuo.

José Rodríguez niega rotunda­mente que él o su compañero Ja­vier fueran las personas que retiraran la bandera. “En ningún momento nos subimos al mástil ni nada de eso”, declara. “Nosotros no íbamos más que a denunciar el traspaso de los poderes económicos de unos gobiernos a otros impulsado por la monarquía, y a pedir un referéndum para el pueblo. Por mucho que digan, desde el SAT respetamos mucho esos colores y al Estado”, afirma.

“La quema de la bandera debe ser una confusión del fiscal con otro expediente, ya que es falso que se produjera ningún tipo de incendio”, manifiesta el abogado del SAT. Este cruce de expedientes se habría producido con el caso de otras tres personas, desvinculadas de la movilización por el referéndum, que fueron detenidas en otro momento y lugar de Granada acusadas de un delito de ultraje a la bandera por la quema, esta vez sí, de una bandera rojigualda.

Mover una bandera, ¿delito?

“El hecho de coger una bandera y cambiarla por otra es una cuestión de mera libertad de expresión”, afirma Folgoso. “Podrá haber una sanción administrativa por un pequeño desorden, pero un delito penal me parece muy desproporcionado”, añade.

El abogado entiende que “no hay ultraje en la acción realizada”, ya que la bandera en ningún momento fue injuriada, perjudicada o dañada por ninguno de los militantes. Desde el SAT han definido este proceso judicial como un “nuevo juicio político” y denuncian el uso de “listas negras” de activistas sociales por parte de la policía, ya que ninguno de estos militantes fue identificado ni detenido en el lugar de los hechos.

El Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana contemplaba sanciones de hasta 30.000 euros por ultraje a la bandera, aunque finalmente quedó fuera por iniciativa del Consejo General del Poder Judicial, que recordó que estas acciones ya están castigadas en el Código Penal con multas de 7 a 12 meses. En octubre del pasado año, dos estudiantes catalanes fueron condenados al pago de 900 euros por quemar una imagen del rey durante la manifestación de la Diada en Mataró en 2013.
 

Inversiones millonarias en banderas

“La empresa suministradora ha confirmado que sólo vende banderas y mástiles, por lo que en los 28.000 euros no se incluye el precio de la rotonda”, señala Radio Granada sobre la compra de una bandera nacional y otra regional por el Ayuntamiento de Churriana de la Vega (PP) en agosto. El Ayuntamiento de Ciempozuelos (PP) decidió en octubre desembolsar 21.780 euros en la colocación de una bandera nacional, mientras mantiene una deuda de 31 millones de euros. Pero el premio se lo llevan el Ayuntamiento de Madrid, con la colocación de una bandera en Colón por la que se han pagado 370.000 euros, y Gran Canaria, con otra de 350.940 euros.

+A Agrandar texto
+A Disminuir texto
Licencia

comentarios

2

  • |
    yomismo
    |
    08/02/2015 - 5:13pm
    Bueno, es lo típico de "democracias" amigas de esos estados que son grandiosos ejemplos de los derechos políticos, sociales, educativos, etc., estados de esos donde aplican la justicia de la lapidación, los latigazos, amputar extremidades, empalar, etc. En fin.
  • | |
    07/02/2015 - 10:37pm
    Independientemente de la de estupidez represiva del poder con la defensa de sus trapos, ni el SAT convocó esta manifestación ni las personas represaliadas actuaron en representación del SAT; Es más, estos compañeros pertenecen también a otras organizaciones, y a ningún medio de comunicación le da por poner esas otras siglas. Parece que hay una inercia (o interés) muy especial por vender la imagen del SAT como una especie de Frente Popular Armado de Judea que sirve para focalizar todo lo criminalizable: Para promocionar a diputados de Amaiur en Andalucía, arrancar banderas neofranquistas, reventar manifestaciones o apoyar las luchas del barrio burgalés de Gamonal... pero la tozuda realidad es que el SAT es un joven sindicato andaluz, nacionalista andaluz para más señas, compuesto por cientos de sindicalistas que día a día dan la batalla contra el terrorismo capitalista desde su puesto de trabajo  y a cara de perro, con su rebeldía, dignidad, memoria y decencia como principales armas. Un sindicato valiente y con mucha carga socio-política (quizás el más represaliado de Europa), pero un sindicato al fin y al cabo. Por eso creo que merece mucho respeto no solo desde los medios de comunicación, sino principalmente de quienes se arropan en sus siglas para avalar sus actos individuales.
  • Tienda El Salto