Tras un largo y costoso proceso, el juicio contra 18 de los 25 detenidos el 28 de marzo de 2009 en Vallecas se celebrará entre los días 9 y 30 de enero en la macrosala del Juzgado de lo Penal 21 de Madrid. Las penas que pide la Fiscalía oscilan entre los dos años de prisión para seis de los acusados, cuatro años para otros cinco y hasta siete años para los restantes siete imputados por delitos de desórdenes públicos, atentado a la autoridad, daños y lesiones. Estas peticiones de prisión van acompañadas de una multa que asciende a 108.000 euros, y otros 10.000 euros en concepto de responsabilidad civil reclamados por la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, Gas Natural, Iber­caja, Banco Santander, Caixa Cata­lunya y Caixanova.

Las 25 detenciones se produjeron el 28 de marzo de 2009, alrededor de las 18h, en las inmediaciones de la estación de metro de Pacífico, en Madrid. Aquel día, una manifestación de extrema derecha convocada por el Movimiento Patriota Socialista (MPS) recorrió las calles vallecanas en un homenaje al asesino de Carlos Palomino, joven del barrio brutalmente asesinado en 2007 por un militar neonazi en el metro de Madrid.

En un momento de la convocatoria de extrema derecha, sus participantes modificaron el recorrido permitido por Delegación de Go­bierno y se dirigieron a Puente de Vallecas, donde se encontraban centenares de personas concentradas bajo el lema “Vallekas contra el fascismo”. Ante la situación de confrontación, los cuerpos de seguridad del Estado protegieron la convocatoria neonazi y cargaron contra las personas concentradas en Puente de Vallecas, lo que desembocó en disturbios y detenciones.

Todos los detenidos fueron llevados a las dependencias policiales de Moratalaz, donde pasarían los siguientes días entre insultos, intimidaciones y malos tratos. “Directamente no podías hablar, y si lo hacías te soltaban una hostia. Nos dejaron de pegar cuando uno de ellos advirtió al resto de agentes de que había gente grabando desde una ventana”, afirmaba uno de los detenidos. Otro de los encausados asegura que les retiraron las mantas y los colchones, y tuvieron que dormir en el suelo. Dos días después, el Cuerpo Nacional de Policía trasladó a los detenidos al Juzgado de Plaza de Castilla, donde fueron puestos en libertad tras prestar declaración.
“Nos encontramos ante un aparato judicial absolutamente insensible a lo que pasa en las calles y una fiscal extremadamente dura”, afirma a Diagonal Servando Rocha, abogado de uno de los jóvenes encausados. Según señala Rocha, las detenciones de los 18 imputados fueron aleatorias y, como en el caso de su representado, muchos de los detenidos esa tarde tuvieron “la mala suerte de estar en el momento y el lugar equivocado”.

La convocatoria neonazi que provocó estas detenciones fue protegida por los cuerpos de seguridad del Estado y autorizada por Soledad Mestre, delegada del Gobierno entre los años 2006 y 2009. En una rueda de prensa ofrecida el 31 de marzo de ese mismo año, declaró que en la comunicación de la manifestación a Delegación de Gobierno “no había el más mínimo sesgo xenófobo, racista o violento”. A pesar de las imágenes, partes médicos y declaraciones de los testigos de aquel 28 de marzo, Mestre afirmó también que el cuerpo de antidisturbios “no realizó carga alguna”. Posterior­mente, insistió en que no fue un error legalizar esta manifestación, ya que cumplía con los requisitos establecidos por la ley vigente, aunque los participantes en la convocatoria del MPS exhibían simbología neonazi y protagonizaron cánticos ensalzando la figura de Hitler.

Ante el cambio de recorrido protagonizado por el grueso de la convocatoria en un momento de la misma, la exdelegada del Gobierno declaró que abriría un expediente sancionador contra el MPS que podría suponer hasta 8.000 euros de sanción.

Insignias de Policía y Ejército

Numerosos testigos de la movilización neonazi afirman incluso que algunos de los participantes portaban objetos e insignias de los cuerpos de seguridad del Estado, como cascos del Cuerpo Nacional de Policía junto a símbolos de la Legión y del Ejército. La afirmación de la existencia de miembros de estos cuerpos en los movimientos de extrema derecha coincide con las palabras de Mavi Muñoz, madre de Carlos Palomino, publicadas hace unos meses en Cuarto Poder: “Rubalcaba me reconoció que había un altísimo número de neonazis en el Ejército”.

Una semana después de las detenciones, un grupo de jóvenes ocupó la sede del PSOE en Vallecas contra “la complicidad absoluta y descarada del PSOE [entonces en el Gobierno] y la policía con los grupos neonazis”, y exigió la libertad de las personas detenidas el 28 de marzo. La ocupación, que en todo momento fue pacífica y duró una hora escasa, se saldó sin incidentes tras las negociaciones con los cuerpos de seguridad. Los protagonistas de la acción desplegaron pancartas en la fachada del edificio en la que se podía leer “absolución detenidos antifascistas” y “PSOE fascista ampara a los nazis”.

Las acciones en apoyo a los detenidos no han cesado durante estos seis años. Movilizaciones, conciertos, charlas, campañas en las redes sociales y un sinfín de actividades que han servido, según afirman los encausados, para “autogestionar el costoso proceso judicial” al que están siendo sometidos. Personas cercanas a los detenidos confirman que ya se está preparando una última concentración de apoyo y solidaridad con todos ellos, aunque por el momento no pueden hacer públicos más datos sobre la misma.