16 activistas de Greenpeace y el fotoperiodista Pedro Armestre irán a juicio, a partir del 3 de diciembre, acusados por la Fiscalía e Iberdrola de desórdenes públicos, daños y lesiones. Se enfrentan a penas de 2 años y 8 meses de prisión y al pago de una multa que asciende a 360.000 euros. Su delito: entrar de forma pacífica en el recinto de la centrar nuclear de Cofrentes, en Valencia, y escalar una torre de refrigeración, pintando a 125 metros de altura las palabras 'Peligro nuclear', y desplegar una pancarta en la que se podía leer “Cofrentes: cierre ya”.

La acción de Greenpeace tuvo lugar el 15 de febrero de 2011, y en ella participaron más de veinte activistas. Tenía como objetivo que no se renovara el permiso de explotación de la central, propiedad de Iberdrola. La instalación nuclear, que empezó su funcionamiento en 1984, desde entonces, el Ministerio de Industria dio prórrogas para su explotación, cada dos años hasta 1994, y a partir de ese año, prórrogas de cinco y diez años. En marzo de 2011 expiraba el permiso de explotación otorgado en 2011. Para ese año, Greenpeace había denunciado que en la central se habían producido hasta cien incidentes de nivel o –el más bajo– y de nivel 1, y que la radiación que sufría la plantilla de trabajadores era el triple al de otras centrales nucleares.

Un mes después de la acción de Greenpeace en Cofrentes, más de 1.600 personas murieron en Japón como consecuencia del accidente de la central de Fukushima. A estas víctimas se le sumaron 1.600 muertes más por radiación hasta diciembre de 2013.

A pesar de los fallos encontrados en el funcionamiento de Cofrentes, el Ministerio de Industria dio una nueva prórroga de explotación a la central por diez años más.

Acciones de protesta en la Ley de Seguridad Ciudadana

Los 17 acusados por la acción en Cofrentes se enfrentan a penas de 2 años 8 meses de cárcel por delitos de de desórdenes públicos, daños y lesiones. Tras los hechos, desde el Ministerio de Defensa se insinuó que los activistas podrían ser acusados también de piratería, a pesar de que en el Código Penal, el autor del delito de piratería es aquel que “se apodere, dañe o destruya una embarcación”.

La nueva Ley de Seguridad Ciudadana que se aprobará en próximos días incluye en su articulado una mención a acciones como la realizada por Greenpeace en Cofrentes. El artículo 36.9 califica como infracción muy grave, con multa de 30.001 a 600.000 euros, “las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad [entre las que se incluyen centrales nucleares, refinerías, puertos, aeropuertos, servicios de suministro y distribución de agua, gas y electricidad, etc] o en sus inmediaciones, así como la intrusión en los recintos de éstas, incluyendo su sobrevuelo y la interferencia ilícita u obstrucción en su funcionamiento, cuando se haya generado un riesgo para las personas o un perjuicio en dicho funcionamiento”. También califica de infracción grave, con multa de 601 a 30.000 euros, la “intrusión en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad, incluyendo su sobrevuelo, y la interferencia ilícita u obstrucción en su funcionamiento, cuando no constituyan infracción muy grave”.