Vía libre para la puesta en marcha de la ley mordaza
La Ley de Seguridad Ciudadana pasa el trámite de la Comisión de Interior en el Congreso

La Comisión de Interior ha debatido hoy las enmiendas presentadas al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Tras el debate, se definirá el texto definitivo de la ley, que pasará al Pleno del Congreso para su debate y su aprobación a mediados de diciembre.

25/11/14 · 13:19
Performance de No Somos Delito contra la Ley Mordaza, esta mañana en el Congreso. / Juan Zarza / Diso Press

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La Comisión de Interior del Congreso ha aprobado hoy 25 de noviembre, con los votos del PP, el proyecto de ley de seguridad ciudadana, también conocida como "ley mordaza". El proyecto ha salido adelante con 23 votos a favor y 16 en contra. A finales de diciembre se debatirá en el Congreso para ser sancionada como ley en el cambio de año. El Grupo Popular ha admitido algunas enmiendas, como la que considera el botellón como infracción leve y no grave, pero han salido adelante algunos de los puntos más polémicos de la Ley.

15 organizaciones sociales, entre las que se encuentran No Somos Delito --que agrupa a más de 60 colectivos--, Jueces para la Democracia, Ecologistas en Acción, la Federación de Sindicatos de Periodistas y Rights International Spain, han mandado una carta al comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muižnieks, en la que piden que emita un llamamiento urgente al Gobierno español en la que le transmita sus preocupaciones por el resto al derecho de reunión y expresión, así como por las devoluciones en caliente, una carta en la que también recuerda los compromisos de España con el derecho comunitario e internacional

En total, los distintos grupos en el Congreso han presentado 270 enmiendas al texto, nueve de ellas a la totalidad --cuatro de ellas presentadas por el Grupo Mixto, una más por EAJ-PNV, otra por La Izquierda Plural, otra por Convergencia i Unió, una más por parte del Grupo Socialista y la última por Unión Progreso y Democracia--. Enmiendas que han sido debatidas hoy 25 de noviembre por la Comisión de Interior.

Artículos clave

Artículo 3: Los fines de la ley. Entre los que el Gobierno trata de conjugar "la protección del libre ejercicio de los derechos fundamentales" con "la preservación de la seguridad y la convivencia ciudadanas". Mención aparte merece el apartado g, dirigido a garantizar "las condiciones de normalidad en la prestación de los servicios básicos para la comunidad". Artículo antipiquetes en el que se sustituye la expresión habitual servicios mínimos por servicios básicos. La Izquierda Plural ha pedido la supresión de todo este artículo, cuyos principios ya aparecen reflejados en la exposición de motivos.

El artículo 16, sobre la identificación de personas, es una de las partes del texto sobre la que más enmiendas se han presentado: un total de 20 enmiendas. El texto original del artículo contempla que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan practicar identificaciones para la prevención e indagación delictiva y para las sanciones penales y administrativas cuando haya indicios de que una persona “haya podido participar en la comisión de una infracción”. La introducción del término “prevención” y “haya podido” es una de las principales diferencias con el texto de la ley aún en vigor, en el que se señala que las identificaciones se llevarán a la práctica cuando hayan indicios de la comisión.

El artículo 17, de "restricción del tránsito y controles en la vía pública". La Izquierda Plural pide su supresión, el PSOE pide una modificación "para asegurar proporcionalidad en la restricción de la circulación".

El artículo 18, de comprobaciones y registros en lugares públicos. El Grupo Mixto --a iniciativa de BNG-- plantea enmiendas para "evitar actuaciones discrecionales que atenten contra derechos fundamentales". Izquierda Plural pide su supresión. El PSOE pide su modificación.

El artículo 23, de reuniones y manifestaciones. BNG (Grupo Mixto) pide la supresión de los artículos 2 y 3 porque "estos preceptos no están dedicados en absoluto a la seguridad ciudadana, solo a amedrentar a la población en un periodo de convulsión social". Izquierda Plural pide la supresión del artículo.

Infracciones muy graves (art.35), graves (art.36) y leves (art.37)

El capítulo V desarrolla el régimen sancionador sobre las sanciones. Esto se traduce en multas que van desde los cien a los 600.000 euros.

Grupo Mixto pide la supresión del artículo 35.1, que contempla como infracción muy grave --sancionadas con multas de 30.000 a 600.000 euros-- la realización de manifestaciones no comunicadas o prohibidas en instalaciones que presten servicios básicos. Por su parte, el grupo EAJ-PNV pide que se especifique que este artículo se refiera específicamente a "instalaciones nucleares petroquímicas, refinerías y depósitos de combustible, puertos, aeropuertos y demás grandes infraestructuras de transporte y servicios de suministro y distribución de agua, gas y electricidad". BNG pide su supresión por ser una "medida represora contra las manifestaciones en un periodo de convulsión social". Este artículo aparece asociado al 35.3, que establece como muy grave "la celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas quebrantando la prohibición o
suspensión ordenada por la autoridad correspondiente por razones de seguridad pública", que debe ser suprimido, según la Izquierda Plural.

El artículo 36, en el que se enlistan las acciones que suponen una infracción grave, ha recibido hasta 37 enmiendas. Se trata de 26 apartados, que establecen sanciones que van de 601 a 30.000 euros con tres grados --mínimo, medio y máximo--. En especial las enmiendas se refieren al apartado dos, que señala a las manifestaciones o reuniones que se realicen frente a las sedes del Congreso, Senados o parlamentos autonómicos. El Grupo Mixto pide que se suprima, al igual que la Izquierda Plural y el Grupo Socialista, por su parte EAJ-PNV propone que se cambie su redacción de forma que las concentraciones frente a estos edificios sean infracción grave, aunque estén comunicadas, siempre que perturben la seguridad ciudadana. Otros apartados que se señalan son el 17, sobre tenencia de sustancias tóxicas, "aunque no estuvieran destinadas al tráfico". Una medida que se critica desde el grupo mixto dado que "la represión no debe ser la pauta de actuación pública contra los consumidores". La Izquierda Plural ha pedido la supresión de una disposición sobre "el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad" que apunta a la difusión en redes de imágenes de la policía en el ejercicio de acciones como manifestaciones o protestas.

 


 

El artículo en el que se detallan las infracciones leves, el 37, ha recibido 32 enmiendas, sobre todo relacionadas con la eliminación o modificación del apartado 4, que contempla las injurias y faltas de respeto a la policía durante concentraciones como infracción leve (multas de cien a 600 euros). El Grupo Mixto, Izquierda Plural y Grupo Socialista piden que se suprima, como también hacen con la inclusión como infracción leve de la ocupación de inmuebles; por su parte EAJ-PNV propone que se elimine el supuesto de injurias, que argumentan que debe ser denunciado por los agentes por la vía penal, pero mantiene la falta de respeto como infracción leve, y el Partido Popular, que amplía los supuestos a cualquier momento en el que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estén cumpliendo sus funciones. Entre las leves también se encuentra el 37.7 "La ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos, o de la vía pública", que apunta a las entradas en sucursales bancarias u organismos públicos y que se interpreta desde el grupo mixto como "Medidas de excesiva represión contra la mayoría social que protesta contra la falta de vivienda digna, un derecho constitucional. En este caso, la simple ocupación de viviendas en desuso no tiene que comportar automáticamente un desorden o perturbación de la seguridad ciudadana, por lo que es excesiva su tipificación como infracción administrativa".

Disposición adicional: las devoluciones en caliente

"Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla mientras intentan superar, en grupo, los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España". La enmienda introducida por el PP ha salido adelante, con lo cual se da luz verde a la hasta hora práctica ilegal de las devoluciones en caliente en la valla de Melilla y Ceuta.

Enmiendas parciales por grupos parlamentarios

Desde el Grupo Mixto, a propuesta de BNG, además de las enmiendas a la totalidad, han presentado otras 32 enmiendas parciales. Entre otras, reclaman que se suprima el apartado b del artículo 16.1, en el que se contemplan las identificaciones cuando haya indicios para “prevenir” la comisión de un delito, y la parte 2, con la que se permite que se traslade a comisaría, por un tiempo máximo de seis horas, a las personas que no puedan ser identificadas in situ. También el 30.3, que identifica como los responsables ante la ley de las manifestaciones y concentraciones a aquellas personas que las comuniquen o que, a valoración de la policía, ejerzan de líderes de las mismas.

El Grupo Parlamentario Vasco, formado por EAJ y PNV, ha presentado un total de 48 enmiendas, entre ellas la eliminación de las sanciones a clientes de prostitución, también reclamada por la Izquierda Plural y el Grupo Socialista. El Grupo Mixto, por su parte, ha pedido que se suprima el texto que contempla que la policía requiera a las prostitutas a que no ejerzan en lugares de tránsito en el que puedan transitar menores de edad, pero mantiene como infracción grave la solicitud o aceptación de servicios sexuales.

Izquierda Plural ha presentado otras 48 enmiendas al proyecto de ley, entre las que se incluye la supresión de ocho de los 26 apartados del artículo 36, sobre infracciones graves. Entre ellas, la que pide la prohibición expresa de las identificaciones basadas en perfil étnico o racial (artículo 16.1), la supresión del artículo 23 sobre seguridad y disolución e manifestaciones y concentraciones o la inclusión, mediante una enmienda parcial de la frase "los hechos violentos aislados no son motivo para disolver una manifestación".

El PSOE ha presentado 29 enmiendas, entre las que destaca la que justifica la reformulación del apartado g del artículo 3 sobre "La garantía de las condiciones de normalidad en la prestación de los servicios básicos para la comunidad", que el grupo parlamentario socialista interpreta como "más enfocado a poner límite al derecho a huelga".

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