LEY DE TASAS
Dos años de barreras económicas a la justicia

Mes y medio después de llegar al ministerio, Catalá suaviza su anuncio de cambios en la Ley de Tasas.

28/11/14 · 8:00
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Protesta de abogados por la desaparición del turno de oficio y las tasas judiciales en julio de 2014. / Dani Gago / DISO Press

España ha sido este año, sin lugar a dudas, uno de los países que peores resultados ha obtenido en materia de desigualdad: los pobres son más pobres y los ricos, más ricos. Nues­tro país ha sido definido por el director de Oxfam Intermón, José María Vera, como un “pésimo ejemplo” ante el resto de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), algo que no es de extrañar teniendo en cuenta que somos el segundo país de la Unión Europea, sólo por detrás de Letonia, en desigualdad.

Una de las acciones que inciden en este incremento de la pobreza es, según el Colegio de Abogados de Castelló, la Ley de Tasas, que entró en vigor hace poco menos de dos años. El decano de esta institución fue el que alzó la voz para denunciar que esta medida ha limitado, y en ocasiones impedido, “el acceso de los ciudadanos a la justicia y, en particular, de los más desfavorecidos”.

Una de las acciones que inciden en este incremento de la pobreza es, según el Colegio de Abogados de Castelló, la Ley de Tasas

Diferente es la conclusión del Gobierno, que presume de los 512 millones de euros que ha recaudado la Ley de Tasas desde su entrada en vigor el 22 noviembre de 2012 –aunque no pudo ponerse en marcha hasta un mes después por la ineficacia del Ministerio de Justicia–. Desde el principio, Justicia pretendía alcanzar una recaudación de 300 millones anuales, cifra a la que sí llegó en 2013 –y superó, al llegar a los 316,5 millones–. Sin embargo, uno de los objetivos principales de la medida era, según el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, incrementar el número de beneficiarios de la justicia gratuita, y parece que esta premisa no se ha llegado a cumplir.

¿Dónde está el dinero?

La Comunidad de Madrid ya había reclamado al exministro Alberto Ruiz­-Gallardón la recaudación de 2013, ya que, fruto de la aplicación de la Ley de Tasas, la comunidad aumentó en 25 millones su recaudación, “un incremento que ha ido a parar a las arcas estatales y que debería ir destinado a financiar la justicia gratuita de la región”, según reza la reclamación que Ma­drid presentó ante el ministerio el pasado mes de julio. En la misma, denuncian que no sólo ésta, sino también otras comunidades autónomas son las que están soportando el coste de un servicio que debía sufragarse gracias a estas tasas.

En el mismo sentido se ha expresado, esta vez al nuevo ministro, Rafael Catalá, el consejero andaluz de Justicia e Interior, Emilio de Llera, quien ha pedido al ministerio que, para que se cumpla uno de los artículos de la medida, se le reintegre a la comunidad de Andalucía la recaudación en la región: en torno a 54 millones de euros.

El artículo de la polémica norma en cuestión es el 11, que vincula las tasas judiciales a la financiación del servicio de asistencia jurídica gratuita.

El artículo de la polémica norma en cuestión es el 11, que vincula las tasas judiciales a la financiación del servicio de asistencia jurídica gratuita. Lo hace en los términos que se establecen en la Ley de Presupuestos Generales del Esta­do (PGE) de cada ejercicio. Así, en los PGE para 2015, De Llera denuncia que no hay ninguna partida que obligue a entregar a las comunidades “lo correspondiente de las tasas recaudadas, pese a que la ley lo ordena así”.

Ajustes a la ley

Durante la Conferencia Sectorial de Justicia, la primera que tiene lugar desde que Catalá tomó el testigo de Gallardón, el consejero aseguró que Andalucía reclamará los 54 millones de euros que ha recaudado la comunidad desde que entró en vigor en diciembre de 2012. “Se lo vamos a reclamar (...) porque no nos han dado absolutamente nada”, explica. Eso sí, ante las declaraciones del ministro de revisar la Ley de Tasas, ha agradecido su “cambio de actitud”. Catalá afirmó durante la reunión que contemplaría la posibilidad de hacer “ajustes” a la ley, descartando que ésta fuera a ser derogada.

Pocos días después, durante la Asamblea de Jueces Francisco de Vitoria, el nuevo ministro dejaba aún más clara su posición afirmando que “se debe pagar por aquellos servicios públicos” que la ciudadanía recibe por parte del Estado, aunque admitía que había que hacer una “revisión” a la ley, dada la crítica unánime que había recibido. Mientras, los recursos presentados en 2012 a la Ley de Tasas por parte del Consejo Gene­ral de la Abogacía Española, el Grupo Socialista en el Congreso y los Gobiernos autonómicos de Catalunya y Andalucía siguen su curso después de que el Alto Tri­bu­nal los admitiera a trámite en marzo de 2013.

Pocas han sido las alabanzas por los leves movimientos que ha hecho el nuevo ministro. La Con­fe­deración Española de Abogados Jóvenes (CEAJ) señala que el ministerio no ha sabido hacer las cosas bien porque no se puede “pretender agilizar la justicia, reducir la litigiosidad y descongestionar los juzgados a costa de la indefensión de millones de ciudadanos, a los que se priva del acceso a la tutela judicial efectiva mediante la imposición generalizada de las tasas”, y denuncia que se ha evidenciado el “efecto disuasorio y el fin puramente recaudatorio” de la medida, un punto que han señalado los distintos actores del área de Justicia desde que se aprobó la Ley de Tasas.
 

512 millones de euros
ha recaudado el Estado a través de las tasas judiciales desde que éstas se aprobaron en noviembre de 2012. El primer año de funcionamiento, la suma alcanzada por el pago del acceso a la justicia llegó a los 313,5 millones de euros.

1.200
es la cuantía máxima base de tasas judiciales, que parten de los 100 euros en la jurisdicción civil. A esta cantidad se suma el 0,5% de la cantidad que se reclame en el juicio, hasta un máximo de 10.000 euros.
 

2,7%
menos de casos en los juzgados. En el segundo trimestre de 2014, el número de asuntos que trabajaban los órganos judiciales rondaba los 2,2 millones, un 2,7% menos que en el mismo periodo del año anterior, según el informe Situación de los órganos judiciales en el segundo trimestre de 2014, del Consejo General del Poder Judicial. La jurisdicción Contencioso-Administrativa, a pesar de las tasas, aumentó los casos que trabaja en un 6,8%.
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