El pasado 23 de octubre, la plataforma Stop Impunidad Maltrato Infan­til (SIMI) organizó una concentración a las puertas de la Fis­calía General del Estado en la que denunciaban la desprotección institucional frente al maltrato paterno que sufren muchos niños y niñas. Según explican desde la plataforma, las lagunas de la Ley del Menor y su no aplicación crean una situación de alarma social insostenible. Así lo denuncia la abogada Judith Martí­nez Velasco, integrante de SIMI, quien acudió a la concentración junto a muchas otras afectadas de forma directa o indirecta por lo que califican de “prevaricación estatal”.

Desde SIMI afirman que el “interés superior del menor” es uno de los argumentos que “la ideología neomachista ha encontrado para banalizar la violencia contra las mujeres, aunque para ello también vulnere los derechos de quienes precisamente dice proteger”. La plataforma señala que tanto el Poder Ju­di­cial como los departamentos de menores de la Administración pública y el Ministerio Fiscal ponen a los menores en riesgo al permitir que pasen tiempo, o incluso vivan, con sus padres pese a que haya serios indicios de que estos mismos sean sus maltratadores, los maltratadores de sus madres, o abusadores.

En agosto, la ONU responsabilizó al Estado español por el asesinato de una niña a manos de su padre

La plataforma reclamó una reunión con Eduardo Torres-Dulce, fiscal general del Estado, para comunicarle el peligro de estas situaciones y advertirle de que, como representantes del menor, “los fiscales no están haciendo su trabajo”. Aunque por el momento no han recibido respuesta, ese día iniciaron los trámites para reunirse también con la Secretaría de Estado de Justicia en un intento de hacer llegar al Ministerio de Justicia “las barbaridades y horrores del siglo XVII que se están perpetrando bajo una máscara de legalidad absolutamente ficticia”.

Denuncias desoídas

Este agosto Ángela González consiguió que la ONU responsabilizara por primera vez al Estado español por el asesinato de su hija Andrea mientras cumplía con el régimen de visitas abierto. Su padre, Felipe Rascón, mató a la pequeña después de que Ángela interpusiera 47 denuncias en su contra y las instituciones desoyeran sus continuas peticiones de protección.

Como explica Women’s Link Worldwide, la organización que presentó el caso a Naciones Unidas, el caso de Andrea no es una excepción, sino “el extremo trágico de una práctica común en el sistema judicial español”. Mantienen que es habitual que las denuncias de malos tratos presentadas por mujeres que han roto el vínculo marital sean desoídas, e incluso que se las considere inductoras del rechazo que las hijas e hijos presentan hacia sus progenitores.

El CGPJ señala en un informe que la aplicación del SAP provoca “situaciones de riesgo” para la infancia

Esta doctrina de contrapresión de la sociedad a las políticas de igualdad se vale de herramientas como el denominado Síndrome de Aliena­ción Parental (SAP), incluso a pesar de que el Consejo General del Poder Judicial, en la Guía de criterios de actuación judicial frente a la violencia de género del año 2008, dijera textualmente que esta doctrina es “una teoría abiertamente pedófila, carente de base científica, que está provocando situaciones de riesgo para los niños, además de una involución en los derechos humanos”. Como demuestra el estudio jurisprudencial de Abogadas para la Igualdad sobre el impacto del SAP, se mencione o no éste explícitamente en las sentencias, el uso de esta doctrina produce un trato diferenciador entre géneros. Aunque sus defensores –entre los que figura José Manuel Aguilar, uno de los introductores de este concepto en el Estado español e investigador para el Defensor del Menor en Madrid– intenten darle un tono neutro y de igualdad al afirmar que es “un progenitor” quien transforma la conciencia de sus hijos, el hecho es que su aplicación es radicalmente distinta en función de quién ponga la denuncia. Según el estudio de estas juristas, si es el hombre el “alienador” no se produce la retirada de la guardia y custodia ni se interrumpe el régimen de visitas con sus hijos o hijas. Así, las mujeres que alegan que sus hijos o ellas mismas han sufrido maltratos o abusos por parte de su pareja son privadas del derecho de protección y son tachadas de “manipuladoras o locas”, señala el estudio. Se invisibiliza su experiencia y se la obliga a continuar las relaciones con el maltratador a través de los hijos.

Dicotomía padre/marido

Desde SIMI explican que la opción de que se considere que “un mal marido no tiene por qué ser un mal padre” no sólo pone en riesgo al menor, sino que es “una burla” a las víctimas de violencia machista derivada de que la figura patriarcal del padre se con­sidere central en el es­que­ma indisoluble de la familia.

Este año la Audiencia Provincial de Alicante otorgó la custodia compartida a un hombre condenado por la Ley de Violencia de Género al considerar que “no se apreciaba” que entrañase un “riesgo objetivo para los hijos o para el otro progenitor”. Esta sentencia perfila, como tantas otras, un peligroso modelo de relaciones familiares postmatrimoniales y lo da como bueno socialmente. Elude que el niño también ha sido víctima de la violencia y todas las consecuencias que tendrá para su de­sarrollo psicológico, como la interiorización de los roles que desembocan en la violencia machista, y su naturalización como una pauta de relación normal.