La Complutense cifra en 53.000 euros los costes de la ocupación del Rectorado

El escrito presentado al Juzgado afirma costes de personal de cerca de 50.000 euros por las horas de trabajo perdidas. Los estudiantes aseguran que no impidieron en ningún momento el trabajo del personal universitario.

30/10/14 · 13:50
Decenas de estudiantes en Ciudad Universitaria tras el desalojo del Rectorado. / Álvaro Minguito

El abogado de la Universidad Complutense, en un escrito remitido al Juzgado de Instrucción Número 7 de Madrid al que ha tenido acceso Diagonal, cifra en más de 53.000 euros los daños provocados por los estudiantes que ocuparon el edificio de estudiantes de esta universidad en marzo de este año en el marco de la convocatoria #tomalafacultad, en la que los estudiantes de todas las facultades de la Comunidad de Madrid protestaron contra la restricción en el acceso a las becas y el aumento de las tasas universitarias. Las protestas en la Universidad Complutense terminaron con más de 50 personas detenidas, que podrían ahora enfrentarse también al pago de los daños que desde el centro afirman haber sufrido.

El desglose de los daños acreditados por el abogado de la universidad afirma que la ocupación ocasionó costes en personal por 49.857 euros, a los que se añadirían gastos de limpieza por 754,44 euros, 672 euros más en seguridad y otros 1.836 euros por “mantenimiento”.

En un documento adjunto, el representante legal de la universidad afirma que los cerca de 50.000 euros de costes de personal se corresponderían con las horas de trabajo perdidas durante las dos jornadas y media en las que los trabajadores del edificio no pudieron ocupar sus puestos de trabajo. Sin embargo, según explica una de las estudiantes que participaron en las protestas, en ningún momento impidieron el trabajo del personal de la universidad. “Fue en todo momento una ocupación simbólica y en ningún momento interrumpimos su trabajo. Fue el vicerrectorarado el que desalojó a los trabajadores”, señala Carmen, estudiante de Ciencias Políticas, quien explica también que tampoco recuerda que se ocasionaran daños en el centro durante los días de protesta.

Por su parte, los referidos gastos de mantenimiento corresponderían con los supuestos desperfectos realizados por los estudiantes durante la ocupación, que según el abogado de la universidad, fueron daños en cerraduras, cristales, puertas, iluminación

El escrito pide al juzgado de instrucción que acuerde las acciones que vea oportunas para que “la Universidad Complutense de Madrid se vea resarcida en los daños y perjuicios causados como consecuencia de la ocupación del edificio de estudiantes en fecha 26.3.2014, y que asciende a 53.120, 40”.

Personal de seguridad que podría identificar y ejercer “acciones represivas”

El abogado de la universidad incluye en su escrito como documento adjunto el informe de la Unidad de Control y Seguridad a la Vigerencia de Gestión Académica de la Universidad sobre los hechos que sucedieron entre los días 19 de marzo, cuando comenzó la convocatoria #tomalafacultad, hasta el 26, cuando los estudiantes fueron desalojados del edificio. En el informe se detallan las tareas del personal de seguridad de la universidad y el personal de seguridad privada contratado expresamente a consecuencia de la convocatoria a la empresa Compañía Integral de Seguridad S.A.

Entre otras, el escrito señala que, entre las funciones de este personal de seguridad, además del control de las entradas y salidas del edificio, figuraban la identificación de personas, retenciones y registros. “Naturalmente, su función general fue la vigilancia y protección activa –con posibilidad de actuación represiva–”, señala el informe adjunto al escrito del abogado. Carmen afirma a Diagonal que “en ningún momento tuvimos problema con ellos [en referencia al personal de seguridad]”. El comunicado sobre los hechos publicado por Toma la Facultad sí denuncia violencia hacia los estudiantes, pero por parte de los agentes antidisturbios.
 

Libre entrada de la policía en los campus

Según publica Europa Press, la Delegación de Gobierno de Madrid y las universidades están ultimando un convenio mediante el cual la policía podrá entrar en los campus universitarios sin la autorización previa de los órganos rectores. El borrador del convenio no permite la entrada de la policía en los edificios universitarios, "salvo para evitar daños inminentes y graves a las personas y a las cosas, en supuestos de catástrofes, calamidad,
ruina inminente u otros semejantes de extrema y urgente necesidad".

La elaboración del convenio, que actualmente está en fase de borrador, se habría iniciado a raíz de las movilizaciones que tuvieron lugar en marzo en las universidades madrileñas, especialmente en la Complutense.
 

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