El Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat (Barcelona), controlado por la mayoría absoluta del Partido de los Socialistas de Catalunya (PSC), aprobó en 1991 el Plan Cau­fec, que conllevaba la urbanización de casi 40 hectáreas ubicadas entre el barrio Finestrelles, en la falda de la Sierra de Collserola y el barrio de Can Vidalet. Tras las irregularidades denunciadas por la Di­rección Ge­neral de Urbanismo de la Gene­ra­litat de Catalunya, el proyecto sufrió diversas modificaciones, hasta que, en la primavera del 2005, la constructora Sacresa, propiedad de la familia Sanahuja, inició los trabajos para construir el polémico plan, rebautizado entonces como Porta Barcelona. Esta nueva versión del plan contenía 600 viviendas de alto standing, dos rascacielos de 105 metros de altura con su parque empresarial, un hotel de 4 estrellas y el centro comercial más grande de la vertiente norte de Barcelona. También formaban parte del proyecto dos equipamientos de gestión privada y 120 pisos declarados de protección oficial por el Ayuntamiento.

Los seis acusados afrontan penas de dos años y dos años y tres meses de prisión

La oposición vecinal estuvo presente desde el inicio de los planes urbanísticos, con la creación, en 1991, de la Coordinadora d’Asso­cia­cions de Veïns contra el Plan Caufec, centrada en la oposición jurídico-administrativa. Pero no fue hasta 2007 cuando se inició una serie de acciones que incluyeron manifestaciones, encadenamientos de activistas a bidones de cemento y descuelgues desde los edificios más altos del municipio, sentando las bases de una fuerte campaña en la que la desobediencia civil no violenta tomó protagonismo. La oposición vecinal, junto a la crisis del ladrillo, forzó la paralización de las obras en 2010.

Como resultado de aquella lucha vecinal, los días 27, 28 y 29 de octubre se juzga a seis activistas de la Plataforma contra el Plan Caufec por los hechos ocurridos durante una multitudinaria manifestación convocada en octubre de 2007 en la que más de un millar de personas entró al recinto de las obras del Caufec / Porta Barcelona. Los seis afrontan penas de dos años y dos años y tres meses de prisión por los delitos de atentado contra la autoridad y desórdenes públicos. Cinco de ellos están a la espera de un segundo juicio, junto a otros tres vecinos de la zona, en el que la Fiscalía pide de un año y seis meses a tres años de cárcel para cada uno de ellos por participar en una protesta en 2009 en la que 300 personas entraron en el Ayun­ta­miento e interrumpieron la sesión plenaria para mostrar su rechazo a la criminalización de las movilizaciones en contra del Porta Barce­lona. Actualmente, la instrucción judicial del proceso del ayuntamiento ya está cerrada, pero aun no se ha asignado juzgado. La posible duplicidad de condenas conllevaría el ingreso inmediato en prisión de los hoy encausados.

Mientras tanto, las entidades financieras que hay detrás de Sacresa ya han reiniciado el proyecto urbanístico, tal y como anunció la primavera pasada la alcaldesa de Esplugues. “Creemos que es demasiada casualidad que, justo cuando salen los procesos judiciales, vuelvan a empezar las obras –afirma Alba Herrera, miembro del grupo de apoyo a los encausados–. Éste es uno de los objetivos de la represión, mientras se preocupen por los procesos judiciales no estarán por otros temas, pero nosotros siempre lo hemos tenido claro y seguiremos denunciando este modelo urbanístico y seguiremos diciendo No al Plan Caufec”.

‘Ni muts, ni a la gàbia’

Los encausados de la campaña No al Plan Caufec, junto a un grupo de vecinos solidarios impulsan, desde 2012, una campaña en la que, bajo el lema ‘Ni muts, ni a la gàbia’ (ni mudos ni enjalulados), denuncian la desproporcionalidad en las penas y la falsedad de algunos de los cargos que se imputan, como el de atentado contra la autoridad y desórdenes públicos. Por ejemplo, Jofre, acusado de atentado a la autoridad en el proceso, declara: “Mientras me acusan de agredir a unos policías, el mismo atestado policial afirma que intenté mediar en la carga para que ésta no fuera a mayores”. La suma de las peticiones fiscales, tanto para los hechos que se juzgan a finales de octubre, como para el segundo proceso, ascienden a 27 años y seis meses de cárcel, penas de multa de 600 días (equivalentes a 11.300 euros) y una serie de indemnizaciones que juntas suman 5.760 euros.

Una de las últimas acciones de ‘Ni muts, ni a la gàbia’ fue el encadenamiento de cuatro activistas a dos bidones de hormigón ante la sede del Departamento de Interior de la Generalitat el pasado 14 de octubre. A pesar del apoyo que están recibiendo, no todo está siendo fácil para ‘Ni muts, ni a la gàbia’. Desde el entorno de esta plataforma denuncian que el Ayuntamiento está intentando silenciar la campaña. Se­gún explica Alba Herrera, “Ayun­tamiento, policía local y mossos d'Esquadra demuestran a diario su poder. Envían a brigadas de la limpieza a despegar carteles diariamente y sabemos que la policía local ha entrado en tiendas que tenían el cartel de la manifestación del 18 de octubre a ‘recomendar’ que sacaran el cartel. Eso sin contar las presiones que las diferentes entidades locales reciben día a día para que nos nieguen el apoyo”.

Desde ‘Ni muts ni a la gàbia’ han pedido que el juzgado archive las causas abiertas contra los activistas y señalan que “el origen de la lucha es un movimiento popular y vecinal de oposición a un plan especulativo”. El Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat aprobó --con los votos de todos los partidos-- una declaración de apoyo a los encausados en la que se señala la desproporción de las penas pedidas por Fiscalía y pide que el juez aplique la normativa vigente de manera “moderada y temperada”.