“Si esto es desobediencia, vamos a seguir desobedeciendo”, afirma José Coy, miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Murcia, a Diagonal. Coy ha sido juzgado esta mañana por una falta de desobediencia y por supuestos insultos a un policía durante un encierro en una oficina del BBVA en El Palmar, en Murcia, por la que la fiscal ha pedido 450 euros de multa.

Según explica Coy, durante la ocupación de la entidad bancaria, con la que se consiguió frenar el desahucio de una familia, fue interpelado por tres agentes de policía mientras permanecía sentado dentro de la oficina apoyado en la pared. Uno de ellos le reclamó que dejara de grabar con el móvil, aunque, según señala el activista de la PAH, en ningún momento de la ocupación había utilizado su teléfono móvil para grabar vídeo.

“Le he explicado a la juez que este tipo de acciones las llevamos haciendo ya cinco años, que es una manera de forzar las negociaciones, que no ejercemos violencia y que no entendemos la actitud de la policía”, señala Coy a Diagonal. Al juicio han asistido como testigos de la acusación dos policías, pero uno de ellos “tiene la impresión de que ni si quiera estuvo el día de la ocupación”, señala, y sus testimonios han estado marcados por las contradicciones. “Uno decía que estaba grabando y el otro que no; otro que dí el DNI cuando me pidieron la identificación, el otro que no, aunque sí que lo di”, detalla el activista, quien resalta además que ya ha participado en cerca de un centenar de paralizaciones de desahucios. “Me han golpeado, me han empujado, me han amenazado y ahora me han llevado a juicio... pero esto no me para, sino todo lo contrario, me da más ganas de seguir”, concluye.