“La política del miedo es más fuerte que los derechos”

Informe ‘Incomunicación y tortura’

Miembros del Grupo de Acción Comunitaria dan las claves de un estudio sobre 45 personas torturadas.

01/10/14 · 8:00

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“Para el conflicto vasco existe una justificación social [de la tortura]. En este caso es más fuerte la política del miedo que la defensa de los derechos humanos”, dice Gabriela López, psicóloga del Grupo de Acción Comunitaria (GAC). López fue una de las más de 30 profesionales de la salud que han participado en la elaboración del estudio Incomunicación y tortura. Análisis estructurado en base al Protocolo de Estambul, elaborado por diferentes organizaciones de derechos humanos, entre las que se encuentra el GAC, y presentado el pasado 18 de septiembre en Madrid. En él se detallan 45 casos de personas que han estado en régimen de incomunicación y alegan haber sido torturadas. “El estudio no hace tanto hincapié en los trámites judiciales, sino que se basa en el impacto que la tortura puede tener en las personas y, a partir de ese impacto, que hemos visibilizado a través de los testimonios, podemos decir que ésta ha sucedido. No necesitamos una sentencia legal, no necesitamos que haya llegado a trámite o a juicio. El proceso ha sido supervisado y acompañado por profesionales reconocidos a nivel internacional de la ONU y del Subcomité de Prevención de la Tortura. Es un instrumento que ha salido de Naciones Unidas y se está aprobando su uso como prueba pericial”, continúa López.

“El régimen de incomunicación es ya parte de la tortura”, afirma la psicóloga Gabriela López

A juicio de los expertos forenses que han participado en el estudio, se considera que estas 45 personas han hecho un relato cierto y sustancialmente veraz de lo que constituyó su experiencia de detención incomunicada. El 53,3% obtiene un grado de credibilidad de máxima consistencia, el 31,1% es muy consistente y el 15,6% consistente.

Nunca condenado

Sin embargo, y pese a que estudios como éste y diversos –y repetidos– informes de organismos internacionales como Amnistía Internacional denuncian a España como un lugar en el que se practica, todavía el Gobierno se puede jactar de que ninguno de sus funcionarios ha sido nunca condenado por torturas. Tampoco por asesinato. En ningún caso se ha considerado que el régimen de incomunicación sea un agravante o un delito por sí mismo. Es, sencillamente, una herramienta. Éste es otro de los temas que el presente estudio ayuda a entender. Julia L., miembro también del equipo sobre tortura del GAC, apunta: “La persona en régimen de incomunicación no tiene la asistencia de un abogado, de un médico forense de confianza, sólo de la propia policía. No hay salvaguarda ni control real. En todos los informes de los organismos internacionales es señalado como un momento en el que es muy posible que tengan lugar las torturas”. Incluso, apunta López, “la incomunicación es ya parte de la tortura”.

Cuando el escándalo de los GAL salió a la luz, lo que al parecer alarmó de la noticia fue la tortura y asesinato, pero de inocentes. Se entendía que la policía tuviera mano dura contra los terroristas. Se sobreentendían las torturas con piadosa tolerancia. Y es que la tortura tiene su función: por una parte, supone una desmovilización de la persona torturada, un miedo a la militancia política; por otra, como señala Irene R., miembro también del grupo de trabajo de tortura, “contiene un componente ejemplarizante para los jóvenes”.

El estudio muestra los tipos de torturas sufridas por las 45 personas examinadas. Las más utilizadas fueron la privación y manipulación de la estimulación sensorial –presente en el relato de las 45 personas examinadas–, humillaciones de tipo verbal –92,3% de los relatos–, técnicas psicológicas para desestructurar al individuo –como la ruptura del ritmo sueño-vigilia, la manipulación visual y auditiva; presentes en el 89,7% de los casos–, amenazas de muerte y daños a familiares y amigos –87,2%–, las posturas forzadas –79,5%–, los golpes –69,2%– y la asfixia –51,7%–. Los testimonios detallaron, en menor medida, cómo en algunos casos las personas detenidas habían sido obligadas a permanecer desnudas así como vejaciones sexuales, choques eléctricos o violaciones.

“No hay una reivindicación de reparación del daño en términos económicos, laborales o de otro tipo, o, si la hay, no es parte de lo que las personas consideran relevante a efectos de reparación”

Sin embargo, son los efectos en la salud mental los que más prevalecen: más de la mitad de las personas examinadas en el estudio mostraron en algún momento un trastorno de estrés postraumático, en un 13,4% de los casos mostraban un trastorno depresivo y un 8,7% de los examinados tenían síntomas de padecer un trastorno persistente de la personalidad tras un hecho catastrófico, un cambio persistente e irreversible cuyo diagnóstico se basa en la “presencia de rasgos previamente ausentes como, por ejemplo, una actitud permanente de desconfianza u hostilidad hacia el mundo, aislamiento social o sentimientos de vacío”, explica el estudio. Ésta es la consecuencia psicológica “más grave”, según señala María Ángeles Plaza, psicóloga y también miembro del GAC.

El informe acaba abordando la percepción de las personas examinadas sobre la restitución del daño a las víctimas. Según detalla, ninguna de las personas con las que se habló expresaron propuestas de restauración del daño sufrido. “No hay una reivindicación de reparación del daño en términos económicos, laborales o de otro tipo, o, si la hay, no es parte de lo que las personas consideran relevante a efectos de reparación”. Sólo dos de las personadas examinadas mencionaron la reparación económica, pero con terceras personas como beneficiarias. En el resto de casos, no se plantea esa necesidad o, si se les pregunta sobre esa posibilidad, la rechazaron.

GAC, derechos humanos y violencia política

Desde su nacimiento el Grupo de Acción Comunitaria (GAC) ha visto en la formación un espacio donde apoyar a las diferentes formas organizativas y a los colectivos que desarrollan un trabajo psicosocial y comunitario en materia de salud mental y derechos humanos en contextos de violencia política y catástrofe. Entre la formación que oferta destacan los cursos ‘Cuidados a equipos que trabajan en contextos de violencia’, ‘Control social y estrategias represivas en el S. XXI’, ‘Miedo y represión: cuidados grupales en el corazón de la bestia’, ‘Criminalización, represión y exclusión del diferente’ e ‘Identidad, interseccionalidad y resistencias’.