Les acusa de atentado a la autoridad y daños a un autobús durante una manifestación de apoyo a los detenidos en la huelga general del 29 de marzo.
Siete años y medio de cárcel y 18.000 euros entre responsabilidad civil y costas legales es la pena a la que se enfrentan Eva y Rodrigo, que serán juzgados hoy en Cuenca por atentado a la autoridad y daños por hechos ocurridos en abril de 2012, durante una manifestación espontánea en apoyo a los detenidos en la huelga general del 19 de marzo de 2012.
“Fue una manifestación normal, y cuando ya casi iba a terminar, un autobús que pasaba dio un acelerón y casi nos atropella -relata Rodrigo-. La gente se puso nerviosa y después de acercarme a la acera escuche como se rompía un cristal del autobús y salí corriendo”. Rodrigo explica que fue entonces cuando un policía de paisano le agarro y se puso encima de él, justo antes de que los antidisturbios comenzaran una carga, golpeando tanto a Rodrigo como al policía de paisano hasta que este último se identificó como agente. “Dicen que pegué a los policías cuando empezó la carga, y se pegaron entre ellos”, afirma Rodrigo, para quien la Fiscalía pide cinco años y medio por dos delitos de atentado a la autoridad y otro de daños al autobús, más alrededor de 10.000 euros de responsabilidad civil.
Acto seguido, varios policías le mantuvieron en el suelo en un portal, separándole de restos de manifestantes. Fue entonces cuando Eva, la otra persona imputada por daños al autobús, se dirigió a los policías para pedirles el número de placa. “Yo sólo les pedí el número de identificación y entonces me identificaron”, explica Eva a Diagonal, quien añade que durante la instrucción del caso, el juez no les permitió presentar testigos porque consideraba que su testimonio “no era relevante”. “Han declarado todos los policías, el conductor del autobús y nosotros dos”, explica.
Tras ser identificados, la policía dejó que Rodrigo y Eva se fueran, pero varios días después varios agentes de paisano se personaron en el portal donde vivía Rodrigo y, tras enseñarle las placas, le dijeron que tenía que acompañarles a la comisaría a declarar. “He estado un año y poco en libertad provisional, firmando en el juzgado cada mes”, explica Rodrigo, quien explica que, después de lo ocurrido, ya prácticamente ha dejado de militar en colectivos. “Se me quitan las ganas y la fuerza para hacer nada, estás con miedo”.
Burorrepresión para acabar con la movilización en Cuenca
“La gente le ha cogido mucho miedo a las manifestaciones no comunicadas, a muchos de nosotros nos pusieron 600 euros de multa por asistir a esa manifestación”, explica Rodrigo. Según señala Eva, alrededor de ocho personas han recibido multas de 600 euros por asistir a la manifestación en apoyo a los detenidos en la huelga general, y algunas de ellas no habían sido identificadas por la policía durante la manifestación “Dicen que son personas sobradamente conocidas”, comenta Eva. En su caso, la Administración le impidió presentar un recurso de alzada contra la sanción administrativa argumentado que estaba fuera de plazo a pesar de que lo intentó presentar el último día que marcaba el plazo.
En otra concentración, pocos meses después, convocada a raíz de la visita a Cuenca de María Dolores de Cospedal, otras 40 o 50 personas tuvieron que pagar multas de 400 euros. “Aquí, en Cuenca, se pusieron las pilas rapidísimo con la represión administrativa”, señala Eva, quien cifra en 30.000 euros el valor de las multas recibidas hasta mayo de 2012 relacionadas con movilizaciones sociales en Cuenca. “Han conseguido lo que querían, ahora manifestaciones sin comunicar ya no se hacen”, concluye Rodrigo.
Desde Stop Montajes Policiales Cuenca han convocado una concentración, hoy a las 11h. en la puerta de los juzgados de Cuenca, en apoyo a Rodrigo y Eva.
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