Un total de 30 profesionales de la salud y ocho organizaciones han analizado en un informe las consecuencias en la salud mental de la tortura en personas incomunicadas. El estudio será presentado mañana en la sede de la Fundación de la Abogacía Española en el marco de unas jornadas sobre la aplicación del Protocolo de Estambul –herramienta para aprobar la coherencia de los testimonios de víctimas de torturas– en el contexto de la detención incomunicada en el País Vasco.

'Análisis médico psiquiátrico de 45 casos de alegaciones de malos tratos o tortura' es el primer estudio que se realiza en el Estado que toma como referencia el Protocolo de Estambul, una guía que, aunque fue adoptada ya en el año 2000 por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, aún es prácticamente desconocida en el Estado español. Para su elaboración se ha contado con el testimonio de 45 personas que han denunciado ser víctimas de torturas por parte de miembros de los cuerpos de seguridad del Estado y con la participación de ocho organizaciones, entre las que se cuenta la Asociación Española de Neuropsiquiatría, Jaiki-Hadi o el Departamento de Psicología Social de la Universidad del País Vasco.

En la presentación del informe participarán ocho profesionales de la salud mental entre los que se encuentran Pau Pérez Sales, consultor de la Organización Mundial de la Salud en temas de violencia y catástrofes; María Ángeles Plaza, miembro del Grupo de Acción Comunitaria, u Oihana Barrios, psicóloga de la asociación Jaiki-Hadi.