Ataques a la libertad de expresión en el Estado español
La FeSP y la ReMC alertan del incremento de agresiones a periodistas

Las dos organizaciones denuncian el incumplimiento de la legislación audiovisual por parte del Gobierno y un retroceso en la libertad de expresión en el Estado español.

04/09/14 · 14:10
Agresión a un fotoperiodista en Madrid. / Álvaro Minguito

Un informe elaborado por la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y la Red de Medios Comunitarios (ReMC), titulado 'Retrocesos en materia de libertad de expresión en España', documenta y pone de manifiesto el aumento de agresiones a periodistas por parte de la policía y el incumplimiento de la Ley General de Comunicación Audiovisual por parte de los ejecutivos central y autonómicos, que no responden o deniegan las solicitudes de licencias para emisoras de radio y televisión comunitarias sin ánimo de lucro. El documento se ha enviado a distintas organizaciones internacionales y españolas, a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y al Defensor del Pueblo.

Las dos organizaciones apuntan que numerosos profesionales de los medios de comunicación “encuentran cada vez más dificultades para desempeñar su trabajo en manifestaciones y concentraciones públicas debido a la actuación de algunos miembros de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado y de policías autonómicas”, especialmente fotoperiodistas, freelance y colaboradores de publicaciones y emisoras comunitarias sin ánimo de lucro.

El documento recuerda que el retroceso en la libertad de expresión, así como “el incremento de los obstáculos policiales al trabajo de los profesionales de los medios de comunicación”, han sido denunciados repetidamente en los últimos años tanto por los dos organismos firmantes como por otros colectivos. Es el caso de la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea (OSCE), cuya representante sobre libertad de medios, Dunia Mijatovic, comunicaba el 1 de abril su “profunda preocupación por los casos de violencia e intimidación por parte de la policía hacia periodistas que cubrían las manifestaciones que tuvieron lugar en Madrid el 29 de marzo de 2014”, en la que reporteros que se identificaron claramente antes los agentes fueron atacados por la policía en las inmediaciones del Congreso de los Diputados.

Posteriormente, y a pesar de los toques de atención dados por la OSCE y diferentes organizaciones y colectivos, el 3 de junio un miembro de la web lahaine.org y otro del colectivo de fotoactivistas Ekinklik.org fueron detenidos durante una acción enmarcada en el aniversario de la okupación del Euskal Jai, gaztetxe de Iruña.

Así, el informe asegura que “los datos recogidos indican que las agresiones son reiteradas e incluso han ido en aumento”, produciéndose principalmente en los momentos en los que los periodistas registran la actuación de las fuerzas de seguridad. Además, recuerda que en las Recomendaciones sobre Vilna sobre la seguridad de los periodistas adoptadas por la OSCE en julio de 2011 en los estados miembros del organismo “los ataques contra periodistas han de ser tratados como ataques directos a la libertad de expresión, por lo que es imprescindible que se pongan los medios para asegurar que quienes ejercen el periodismo puedan desempeñar su función en condiciones de seguridad”.

Por otro lado, tanto la FeSP y la ReMC indican que, pese a los cuatro años transcurridos desde la aprobación de la Ley General de Comunicación Audiovisual, el Gobierno aún no ha aprobado las disposiciones que prevé dicha norma respecto de las emisoras comunitarias, lo que es utilizado por algunas comunidades autónomas como excusa para negar las solicitudes de licencias.

Asimismo, el informe explica que Soledad Becerril, titular de la oficina del Defensor del Pueblo envió a finales de 2012 un recordatorio a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Energía y Turismo sobre la obligación que tiene de desarrollar el ordenamiento, sin que lo haya hecho aún. Todo esto implica que numerosas emisoras comunitarias de radio y televisión hayan sido “presionadas y expedientadas por distintas administraciones (estatal y autonómicas) para que cesen sus emisiones, porque carecen de licencia”, citándose varios casos en el documento, como los de la emisora del Centro de la Cultura Canaria Radio San Borondón o la Televisión de la Assemblea per a la Comunicació Social.

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