Finaliza el juicio al bombero que se negó a participar en un desahucio

Hoy ha tenido lugar la declaración de Roberto Rivas dentro del recurso en el que solicita la anulación de la multa de 600 euros impuesta por la Subdelegación del Gobierno.

04/09/14 · 10:51

Según ha informado a Diagonal el colectivo Stop Desafiunzamentos A Coruña, la vista finalizó a las 14h., tras la declaración ante la jueza de Roberto Rivas, y de tres testigos por parte de éste y otros tres por parte de la Subdelegación de Gobierno. En la puerta de los juzgados se habían concentrado más de cien personas para mostrar su apoyo al bombero. La valoración de éste a la salida del juzgado ha sido positiva. La sentencia definitiva se hará pública en las próximas semanas. Según declaraciones de Héctor Tejón, portavoz de Stop Desafiunzamentos, Roberto habría explicado en la vista su negativa a dejar a nadie en una situación de riesgo de exclusión social.

Roberto Rivas se negó el día 18 de febrero de 2013 a cortar la cadena que bloqueaba el portal de Aurelia Rey y permitir así su desahucio. Esta acción generó muestras de apoyo de los parques de bomberos de otras ciudades y una petición online firmada por más de 100.000 personas solicitando que Roberto no fuese expedientado por el Ayuntamiento de A Coruña.

Subdelegación de Gobierno consideró que el hecho de que mostrase un cartel con el logotipo de STOP Desahucios suponía una "alteración del orden público", y solicitó una sanción de 600 euros. El juicio que se celebra hoy es el último de los recursos por vía administrativa para conseguir la anulación de esta multa.

Desde Stop Desafiunzamentos A Coruña se convocaba una concentración de apoyo delante de los juzgados a partir de las 11h., a la que asistía un centenar de personas. Este colectivo ha calificado la sanción a Roberto Rivas como "parte de una estrategia de intimidación social y criminalización de la solidaridad impuesta por el Partido Popular desde el gobierno estatal, gallego y local". Y explican que Galicia es la tercera comunidad con más expedientes administrativos abiertos: un total de 110, y más de 35.000 euros en multas, según datos del Ministerio de Interior.

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