David Fernández y Jesús Rodríguez
Parlamentario de las CUP y periodista de ‘La Directa’, respectivamente
“El fin de las balas de goma es una victoria de los movimientos”

Entrevista con David Fernández y Jesús Rodríguez parlamentario de las CUP y periodista de ‘La Directa’, respectivamente

, Redacción
19/08/14 · 7:55
Edición impresa
Este curso, Catalunya ha vivido una serie de cambios en materia de gestión del conflicto: retirada de las balas de goma, dimisión de Manel Prat, nueva cúpula policial. ¿Creéis que esto marca un punto de inflexión?

David Fernández: Es demasiado pronto para constatarlo. Pero sí, hay algo que altera el ciclo. Lo que está claro es que se ha finiquitado una etapa profundamente regresiva. Se ha dejado atrás la nefasta etapa represiva protagonizada por Felip Puig. Un ciclo que se podría resumir en cuatro declaraciones: “Iremos más allá de la Ley”, de Felip Puig; “hasta Gandhi hubiera pillado”, del comisario Sergi Pla; “los perseguiremos como a ratas de cloaca, desde las asambleas a las sillas de las universidades”, del comisario David Piqué, o el “generamos pánico o no los sacamos de aquí”, que fue la orden lanzada por los mandos en el intento de desalojo de plaza Catalunya. Aquella cúpula policial, socialmente desautorizada, está hoy destituida, dimitida o desplazada. Sin consecuencia penal alguna. Otra cuestión reseñable es que, por la presión social, el Parlament ha acogido, por primera vez, una comisión de estudio sobre modelos de orden público, que acabó prohibiendo las balas de goma, constató que el modelo antidisturbios posfranquista de la policía española es añejo y desfasado, y consiguió abrir con fórceps el debate social sobre la violencia institucional.
 

el actual proceso hacia la independencia no soporta las imágenes de la represión de los Mossos, afirma Jesús Rodríguez
Jesús Rodríguez: Todo se transforma con demasiada rapidez como para saber si estamos ante un punto de inflexión. Un factor clave para entender los cambios que apuntas es la dialéctica que se ha establecido ante la hipotética consulta del 9 de noviembre y la hipotética proclamación de un nuevo Estado. Ante ese reto, el Gobierno de CiU y su puntal de ERC necesitan marcar distancias en relación a las formas de hacer política del Estado español. Desde Cata­lunya, siempre se ha identificado, y en buena parte es cierto, a las instituciones españolas como las defensoras de los principios autoritarios. Es por esto que el actual proceso hacia la independencia no soporta las imágenes de la represión de los Mossos. La política de mano dura de Puig probablemente habría tenido otro desen­lace en un contexto autonomista, sin necesidad de compararse con nadie, sin el objetivo inminente de un “nuevo país”. Pero todo ello da amplias posibilidades a los movimientos sociales y a las organizaciones de derechos humanos para deconstruir estructuras represivas que CiU ha planificado de la mano de la marca España en los últimos 30 años. No podemos olvidar que Jordi Pujol pactó con Gon­zález, Aznar y Zapatero el despliegue de los Mo­ssos, y lo hizo incorporando a man­dos de la Policía Na­cional y la Guar­dia Civil, y emulando su patrón de corso en las políticas de orden público: las UIP [antidisturbios] de la policía española, cuya unidad II sigue desplegada en Catalunya.

Pese a todo ello, es innegable que la desaparición de las balas de goma es una victoria de los movimientos sociales y sobre todo de las víctimas que, durante años, han sido invisibilizadas ante la opinión pública. Pero hay que estar muy alerta. Las estructuras represivas no han desaparecido ni desaparecerán. Están pensadas para sostener un status quo de privilegios y reparto desigual de la riqueza, y con ese objetivo afinarán sus estrategias.

La muerte de Juan Andrés Be­nítez, las denuncias registradas contra la comisaría del Raval, o la reciente condena del subinspector de los Mossos, Jordi Arasa... ¿Cuál creéis que ha sido el papel que han jugado medios de comunicación como La Directa o los movimientos sociales para sacar a la luz estos casos?

Determinante. Sin corajes como el de Ester Quintana, sin la persistencia de colectivos como Stop Balas de Goma, sin los vídeos de los vecinos en el caso Benítez y sin las redes antirrepresivas no hubiera pasado nada de nada. Ése ha sido el factor clave. En el mismo sentido, el papel de los medios alternativos también ha sido fundamental para desmontar, al instante y casi en directo, hasta cuatro versiones oficiales consecutivamente falsas –en el caso de Ester Quintana– y para situar en la agenda mediática y política oficial lo permanentemente invisibilizado: las víctimas y dinámicas impunes de la brutalidad policial.

J.R: Hoy en día, es mas difícil la censura informativa. La presencia de medios de comunicación que no han renunciado a investigar y a contrastar la información arrastra y recoloca a las grandes cabeceras. Los directivos de los mass media son muy conscientes de ello y no se la juegan tanto como en décadas atrás. La pérdida de credibilidad puede arruinar un periódico en una semana, y así les va. A pesar de ello, muchos se mantienen en la trinchera porque son auténticas herramientas de control social de las oligarquías económicas –los refinancian aunque sean ruinosos–, no porque económicamente sean rentables.

"El papel de los medios alternativos ha sido fundamental para desmontar, al instante y casi en directo, las versiones oficiales"

El poder de un tuit o de un post en las redes sociales también ha dado fuerza a los movimientos y a las organizaciones antirrepresivas. Las cámaras de fotos y de vídeo son las armas más preciadas en los escenarios de conflicto, por eso las quieren prohibir. Una imagen imprevista puede hacer caer a un ministro de Interior. Pero hay que ser conscientes de que la imagen es una arma de doble filo y también es hoy en día una de las más potentes herramientas de control social.

En el caso de Jordi Arasa, denunciado por David Fernández tras el desalojo de la acampada de Plaza de Catalunya, ¿cuál creéis que es el papel que ha jugado el hecho de que David sea ahora diputado en el Parlament por las CUP?

D.F.: En términos jurídicos, la relevancia tal vez sea menor. La denuncia –la única que se admite a trámite de una querella colectiva interpuesta por 57 agredidas– es anterior al acta de diputado: se admite porque es la única que facilita el número de placa del agente agresor. La primera sentencia –aunque kafkianamente absolutoria– constataba las lesiones, identifica al agente agresor y certificaba el uso abusivo y no reglamentario de la fuerza, pero aplicaba una eximente completa por “cumplimiento del deber”. La perversa obediencia debida: la impunidad. En la sentencia definitiva, que le condena, se refiere que esa eximente no es aplicable, se critica con dureza la violencia empleada y se recuerda, literalmente, que la función del agente es proteger al ciudadano “no maltratarlo”. Ahora bien, es obvio que, en el contexto de una sociedad profundamente mediatizada, clasista y jerárquica, el hecho de ser diputado ha ampliado la presencia mediática de las denuncias. Injusta y desigualmente, claro, porque decenas de agredidos en los últimos años no tienen ese privilegio de cuota de pantalla o de relevancia informativa. Final­mente, cabe una imprescindible reflexión política. Esta condena menor –225 euros por 20 golpes de porra– es la excepción que confirma la regla de la impunidad: en plaza Catalunya, en mayo de 2011, fueron heridas de diversa consideración 120 personas. 57 interpusieron denuncia. Sólo una ha acabado en condena por una falta de lesiones. A ver quién dice que eso no es impunidad efectiva, de iure y de facto. Una sola condena por un operativo policial que escandalizó a la sociedad catalana, en unas imágenes que dieron la vuelta al mundo y que movilizaron desde a Amnistía Internacional hasta al Consejo de Europa. Eso merece de una contralectura crítica: ¿sólo si hay una denuncia con pruebas irrefutables, tienes el ‘accidente’ de ser diputado, y por tanto hay mayor eco mediático, habrá condena?

Pero aunque el logro sea menor ahí está un singular “sí se puede” antirrepresivo. La condena es, en cualquiera de los casos, fruto de un esfuerzo colectivo. Sin Som57 –la asamblea que agrupa a los denunciantes–, sin la tarea cotidiana de la Coordinadora por la Prevención y Denuncia de la Tortura, sin las redes de solidaridad como En Moviment o Alerta Solidària, no habría sido posible siquiera esa condena, que es una pequeña grieta en las luchas abiertas contra la impunidad.

J.R.: Es cierto que hay un elemento diferencial en este caso. David Fer­nán­dez aportó el número de placa de Jordi Arasa al Juzgado de Ins­truc­ción 4, que investigaba el caso. Pero ¿cuántos números de placa se han aportado en tantas y tantas ocasiones? Se pueden contar con los dedos de una mano las sentencias condenatorias firmes contra antidisturbios a pesar de que estos estuvieran identificados. Tengo la plena convicción de que, si David hoy no fuera diputado, Arasa no estaría condenado. El juez de la Audiencia de Barcelona que revisó la sentencia absolutoria no hubiera dedicado más de cinco minutos al tema si Fernández hubiera sido un ciudadano sin relevancia pública. La maquinaria judicial es tremendamente implacable, arrolladora e insensible como para detenerse a analizar si unos golpes de porra fueron o no reglamentarios. La condición de parlamentario puso en guardia al juez, que en el fondo salvaguardó la figura en mayúsculas del Estado cuando resolvió ante un conflicto entre el poder legislativo –el diputado– y el poder ejecutivo –el policía–. Con la sentencia le quiso decir a David: “¿Ves como el Estado funciona?”. El juez se quiso acercar a él. Pero intuyó que el acercamiento no fue mutuo.

Imprimir Imprimir
Versión PDF PDF
Enviar
Corregir
+A Agrandar texto
+A Disminuir texto
Licencia

comentarios

0

David Fernández y Jesús Rodríguez / Gemma García
separador