Entra en vigor la ley integral de transexualidad
Andalucía, pionera en la despatologización de la transexualidad

Desde ATA Andalucía señalan que la nueva norma aún no ha supuesto cambios en la atención sanitaria de las personas trans.

, Redacción Andalucía
04/08/14 · 8:00
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Celebración frente al Parlamento andaluz el 25 de junio, día en que fue aprobada la ley.

Hace algunos años, la comunidad andaluza se convertía en pionera entre las administraciones regionales por asegurar las intervenciones para la reasignación de sexo a través de los Servicios Públicos de Salud (SAS). Tras cinco años de lucha de los distintos colectivos de transexuales de Andalucía, en colaboración con los grupos LGTB vinculados con el PSOE e IU, el pasado 19 de julio entró en vigor la Ley para la no Discriminación de las Personas Transexuales, aprobada el 25 de junio en el Parlamento andaluz.

Esta ley supone uno de los mayores avances legislativos a nivel europeo y mundial en referencia a los derechos de las personas transexuales por dos pilares principales: por la apuesta clara por la despatologización de la transexualidad, que ya no será considerada como trastorno, sino como una expresión más de la diversidad humana, y por indagar en la libre autodeterminación del género, en coherencia con la despatologización.

Hasta este momento, la Unidad de Transformación de Identidad de Género (UTIG) del Hospital Carlos Haya de Málaga era la responsable de dar una respuesta sanitaria a todos los procesos que tenían que ver con el colectivo trans. Todas las personas transexuales tenían que pasar por esta unidad para recibir las prestaciones sanitarias necesarias.

Como explica Mar Cambrollé, de ATA Andalucía, esta situación generaba una desigualdad importante: “Se trata del triunfo del discurso biomédico, que se antepone a nuestra autonomía como personas, como ciudadanos”. Al generarse una unidad específica para las personas transexuales, el tratamiento al que toda la ciudadanía tiene acceso sin ninguna particularidad, “para nosotras está determinado por pasar por una serie de test patologizantes”. Por exponer algunos ejemplos, la presidenta explica a DIAGONAL cómo, para determinadas cuestiones endocrinológicas o para la realización de una mastectomía para hombres trans, las personas transexuales tienen que trasladarse desde cualquier punto de Andalucía hasta la UTIG, mientras que no es así en un caso de cáncer de mama o de ginecomastia en el caso de los hombres, así como para la administración de algunas hormonas en la época de la menopausia, que son administradas y diagnosticadas a partir de los servicios sanitarios más cercanos.

“Es una afrenta que las personas transexuales sigan siendo atendidas por esos profesionales. Es no reconocer el error, el daño y el dolor que muchos adolescentes, familias y personas transexuales hemos sufrido, y es una incoherencia política e institucional que invalida cualquier discurso en favor de la igualdad y la no discriminación”, arguyen contundentemente desde ATA. Cam­brollé explica que esta discriminación era mayor para las personas con menos recursos económicos, pues aquellas personas que no querían seguir siendo sometidas a test “que te hacen sentir como una loca” se iban a la sanidad privada. Las personas con menos recursos no tenían esa posibilidad.

La cuestión que parece ahora más controvertida es la aplicación efectiva de dicha ley, como asumen desde ATA, “y que no se convierta en una propaganda más para los partidos del Gobierno”. Esta aplicación pasa por llevar a cabo reglamentos, procedimientos y protocolos propios en los distintos servicios que se prestan desde la Junta de Andalucía.

Del papel a la práctica

Hasta el momento, las primeras reuniones del equipo de trabajo no se han podido realizar por problemas de agenda, según nos contaba Dani González, del Área de Libertad de Expresión Afectivo-Sexual (ALEAS), grupo inserto en IU. Según reconoce González, la única consejería que hasta el momento ha ejecutado su propuesta es la de Educación, al haber realizado un protocolo específico para el abordaje de personas transexuales dentro de los centros educativos. El trabajo de esta área por parte de IU consistirá en que estos procedimientos sean tramitados como orden por el Parlamento, recibiendo de ese modo el tratamiento de ley y, por tanto, de obligado cumplimiento. Para Cambrollé, una de las grandes posibilidades que ofrece este protocolo es la asignación de nombre en los listados internos de los centros educativos. En ese sentido, las personas escolarizadas pueden decidir el nombre que se les asigna en las listas internas de su colegio o instituto, pudiendo ir así en coherencia con la propia expresión social del género de la persona.

Reflejo en el área de salud

El aspecto donde reside el mayor escollo de la aplicación de la ley es la cuestión sanitaria. A pesar de que la apuesta por la despatologización es clara en el papel, hasta el momento la asociación de transexuales ATA no ha dejado de recibir quejas de personas que denuncian que siguen siendo remitidas a la UTIG para conseguir sus tratamientos. En la UTIG, por el momento, no se disponen a cambiar ninguno de sus protocolos, ya que dependen de la orden de la Conse­jería de Sanidad.
Si bien es cierto, como asume Dani González, estas leyes integrales “necesitan de un proceso de implementación a largo plazo, pues hace poco tiempo que ha sido aprobada” y desde su área quieren comenzar a trabajar en los distintos protocolos para que de esa manera las distintas consejerías de la Junta de Andalucía se vean en la obligación de cumplir la ley. La propia norma dice que estos protocolos han de realizarse con la colaboración de los colectivos de transexuales, siendo éste otro de los puntos pioneros. Para Cambrollé no puede ser de otra manera “pues se trata de la soberanía de nuestros propios cuerpos y sólo se puede legislar siendo sujetos activos en cuestiones políticas”.

Islas Canarias prepara su ley integral trans

El Pleno del Parlamento de Canarias aprobó en mayo comenzar la tramitación de una proposición de ley con la que se garantizará la protección de las personas trans y la no discriminación por razones de género. La futura legislación, impulsada desde la coordinadora LGTB de Canarias, contempla que sea el sistema sanitario público canario el que proporcione los diagnósticos y tratamientos para las personas trans, además de atención psicológica, psicoterapéutica y sexológica. La proposición de ley también establece que las personas trans menores de edad opten también al diagnóstico y tratamiento, y que puedan recurrir ante los juzgados la negativa por parte de padres o tutores. La inserción laboral de las personas transexuales y campañas educativas para luchar contra la discriminación son otros de los puntos que trata la proposición de ley canaria.

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