El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, declaró el lunes 30 de junio que la malformación de un feto “jamás” será una causa directa para abortar y que, en todo caso, “se mirarán los hipotéticos daños a la madre para poder establecer el no reproche penal”. De esta manera, se ha referido a la posibilidad de que el Gobierno español suavizara el anteproyecto de reforma de la Ley del Aborto incluyendo la malformación del feto como motivo para interrumpir el embarazo, como publicaron algunos medios la semana pasada.

Según el ministro, “una discapacidad no es motivo para restar menos derechos a una persona ni antes ni después de nacer. Nunca se establecerán ciudadanos de primera y de segunda”. “No creo que podamos establecer un sistema por el que por el mero hecho de tener algún tipo de carencia, tengamos menos derechos que los que no tienen una carencia, no lo creo”, remarcó el ministro el Foro Antonio Fontán, organizado por la Universidad Internacional de La Rioja.

El Ministerio de Justicia está en un “período de estudio” de las recomendaciones de los órganos consultivos del Estado al anteproyecto de ley elaborado por el Gobierno y, una vez concluya el análisis de dichas recomendaciones, elevará el proyecto de ley al Consejo de Ministros.

Hace una semana, la ministra de Sanidad, Ana Mato, aseguró que el Gobierno trabaja por conseguir “el máximo consenso” de todos los sectores de la sociedad en la reforma de la ley del aborto pero no concretó en qué términos será modificado el texto. El anteproyecto de ley orgánica para la protección de la vida del concebido y los derechos de la mujer embarazada limita a dos los casos en los que el aborto está despenalizado: “cuando la mujer haya sido violada o cuando su salud psicológica o psíquica corra riesgo”.