Aspectos tan básicos como que a una persona detenida en comisaría que no entienda ni hable el idioma se le facilite un intérprete o traductor, o el derecho a tener toda la información sobre el procedimiento penal que está en curso, no se cumplen regularmente en el Estado español, según la Unión Europea.
Para evitar casos como los anteriores, se han aprobado recientemente tres directivas europeas. Estas directivas son normas comunitarias que vinculan a todos los Estados miembros, a los cuales se les da un plazo para que las incorporen a su legislación estatal. Si pasado este tiempo no se han adaptado a las normativas estatales, las directivas pasan a ser directamente aplicables, es decir, ya se pueden utilizar y son exigibles por los abogados.

La directiva UE 2010/64, que ya es aplicable en el Estado español, hace referencia al derecho de todo detenido a ser asistido por un intérprete y a que sean traducidas a su idioma al menos las sentencias o resoluciones que supongan privación de libertad. Esto, que “más allá de la legalidad rebosa sentido común, no se respetaba en el Estado español”, según explica Eduardo Gómez, miembro de Red Jurídica Abogados. El jurista relata el caso de un ciudadano de Letonia en la Audiencia Nacional: “Un juez dictó una resolución donde se informaba al detenido de que iba a ser ingresado en la cárcel de Soto del Real durante un periodo de tiempo hasta cursar la entrega al país que lo había reclamado. Dicha resolución estaba completamente en castellano. Te tienes que fiar de tu abogado, porque realmente no sabes lo que estás firmando”.El letrado podrá entrevistarse en privado con su representado antes de que la policía le tome declaración

Otra de las normas que ya es aplicable en el Estado español es la Directiva UE 2012/13, relativa al derecho a la información en los procesos penales. Lo interesante de esta directiva, según explica Gómez, “es que permitirá a los abogados acceder a los atestados policiales en comisaría”. En la actualidad, prosigue Gómez, “los abogados no podemos conocer el contenido de fondo de la detención de una persona –es decir, el atestado policial– hasta que la causa no llega al juzgado de instrucción, normalmente al día siguiente de la detención”.

La tercera de las directivas publicadas, la UE 2013/48, trata sobre el derecho a la asistencia de un letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad. De esta directiva destaca la posibilidad de que los detenidos puedan comunicarse con terceras personas, por ejemplo con un familiar, durante su detención, ya que en la actualidad es la propia policía la que se pone en contacto con la persona designada por el detenido.

Según Gómez, la novedad más reseñable de dicha directiva reside en la posibilidad de que el letrado pueda entrevistarse en privado con la persona detenida antes incluso de que se le tome declaración por parte de la policía, posibilidad que en la actualidad está totalmente vedada. Esto, en la práctica, supondría poder articular el ejercicio del derecho a defensa de una manera mucho más completa.

Vulneración de derechos

Las tres directivas aprobadas se suman así a la dilatada lista de recomendaciones y denuncias que la Unión Europea ha realizado sobre las vulneraciones de derechos de las personas detenidas en dependencias policiales en el Estado español.

Según la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, en 2013 se contaron 16 fallecimientos en comisarias del Estado: siete en dependencias de la Policía Nacional, cuatro en las de los Mossos d’ Esquadra, otras cuatro en dependencias de la Guardia Civil y una más en las de la Policía Local de Palma de Mallorca.

También el año pasado, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, publicaba un demoledor informe en el que denunciaba casos de malos tratos y torturas a personas detenidas e internas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.