Encontrar la expresión “ley mordaza” es posible en el diario El País en tanto nos refiramos a la venezolana ley de medios. Para localizar en sus titulares la Ley de Seguridad Ciudadana del Gobier­no de Rajoy debemos buscar un apelativo tan correcto como “ley Fernández”. Al día siguiente de la aprobación del anteproyecto de noviembre de 2013, Abc la bautizaba como “una ley para ganar seguridad en la calle”. El subtítulo de esta noticia desviaba la atención hacia sanciones tan anecdóticas como “sobrevolar una central nuclear o escalar un edificio em­ble­mático”, dejando atrás las identificaciones o infracciones administrativas, los controles policiales en vías públicas u otros aspectos que la mayor parte de los medios pasaron por alto, como la “no exclusión de la práctica de desnudos, siquiera parciales”, en los cacheos, medidas todas ellas declaradas inconstitucionales por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuatro meses después.

“Eje de convivencia”

El 21 de noviembre, La Razón la proclamaba como “eje de la convivencia” en otro titular, especificando que “prestaría especial atención a nuevos tipos de delincuencia”, en clara referencia a los escraches. Los primeros cuestionamientos del CGPJ al anteproyecto serían contestados pocos días después desde El Mundo con una encuesta encargada a Sigma Dos en la que se concluyó que “el 62% de los españoles apoya una nueva Ley de Seguridad Ciudadana”. Nótese que, en lugar de señalar específicamente a la que pretende aprobar el Gobier­no del PP, se preguntó por “una nueva ley” en abstracto que sustituyese a la vigente ley Cor­c­uera del año 92.

“Disuasión” o “domesticación”

En noviembre de 2013, Repor­teros Sin Fronteras (RSF) planteaba la siguiente cuestión: “¿En qué democracia que se precie se concibe que la prensa no pueda cubrir las operaciones policiales cuando se producen en el espacio público?”, y añadía: “En lugar de tratar de silenciar a los periodistas y a los ciudadanos, el Gobierno español debería reconsiderar la forma de actuar de las fuerzas del orden, culpables en los últimos años de agresiones contra manifestantes y periodistas”. Paradójico que una ley considerada por RSF como “un grave atentado contra la libertad de información y una puerta abierta a la censura” reciba un tratamiento informativo tan tibio o complaciente desde la prensa española.

Ese mismo mes, The Guardian calificaba la legislación propuesta en España y la de Quebec como producto del “choque entre la austeridad neoliberal y la democracia”, incompatibles según el columnista Richard Seymour. Este periodista, más allá de la “disuasión”, observó una intencionalidad de “domesticación” de los ciudadanos “a largo plazo”. Mientras en la ciudad canadiense una ley prohibía a los manifestantes acercarse a 50 metros de los edificios oficiales, la legislación española es considerada por este rotativo como “un ataque o una amenaza contra la democracia” destinada a impedir las protestas callejeras: “Autorita­ris­mo en la gestión de una impopular reorganización de los servicios públicos, del bienestar y de las relaciones entre capital y trabajo”.

Críticas de la prensa francesa

Si en España es ardua tarea encontrar la expresión “mordaza” aplicada a la ley propuesta por el Partido Popular, no ocurre así en la prensa extranjera. Las manifestaciones en Madrid se hacen contra una “loi-muselière” sur la sécurité (“ley mordaza” sobre seguridad), según RTL, la Agence France-Presse (AFP), Libération o Le Parisien, periódico que no se amedrentó al reproducir el lema de la gran pancarta que se ubicó frente al Congreso: “No pasarán. El fascismo quiere amordazar a la gente”.

El semanario alemán Der Spiegel recogió las palabras del director de Greenpeace en España, quien calificó la ley de “arma del Gobierno para intimidar a los desobedientes”, o las de la portavoz de la PAH, Ada Colau, que se expresó en noviembre con mayor contundencia: “En lugar de luchar contra la corrupción, el Gobierno está tratando de criminalizar a los manifestantes (...). Sólo las dictaduras negarían a sus ciudadanos el derecho a manifestarse”. Die Tageszeitung afirmaba a finales del año pasado respecto a esta ley española que “pareciera como si la UE ya no pudiera permitirse una democracia”. Lo hacía bajo un rotundo titular: “En el camino a la dictadura”. Como en tantos otros asuntos, el lector encontrará críticas más honestas y mordaces en la prensa extranjera antes que en la local, a pesar de que se trate de una ley que también atenta contra el periodismo libre.