Reforma del Código Penal y populismo punitivo
¿Vamos hacia un derecho penal mínimo?

El autor, del Observatori Penal y els Drets Humans, analiza las consecuencias del sistema punitivo actual.

30/05/14 · 9:23
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Prisión de mujeres de Wad Ras en Barcelona. / Albert García

El Consejo de Europa ha recomendado a sus Estados integrantes que apliquen medidas alternativas a la pena privativa de libertad para los delitos menores, tales como las suspensiones condicionales de la pena, los trabajos en beneficio de la comunidad y medidas de libertad vigilada. Dicha recomendación se plantea como solución al fuerte hacinamiento existente en las cárceles europeas, ya que la ocupación media de las mismas es del 98%. El índice de densidad en las prisiones oscila entre índices del 85,80% de Estados como Holanda y el 145,40% de Italia.

Una recomendación imprescindible en un momento en el que los sistemas penales, en el actual contexto socioeconómico, giran hacia modelos de Derecho penal máximo, como el que inspira la reforma del Código Penal español. Acompañar la retirada del Estado social de la mano de la expansión del Estado penal es un fenómeno reiterado en momentos de extensión de las tesis del neoliberalismo. A pesar de que dicha recomendación deja entrever los problemas endémicos de los sistemas penales y penitenciarios contemporáneos, tan sólo se fundamenta en argumentos ciertamente superficiales, aunque no por ello faltos de importancia, como lo es el índice de saturación de las prisiones.

Los sistemas penales contemporáneos tienen como común denominador la pena privativa de libertad como pena hegemónica. El Derecho penal liberal ha pretendido afrontar fenómenos sociales tan distantes como los homicidios, los robos, el tráfico de drogas, la corrupción o las agresiones sexuales con una misma fórmula. Detener a la persona que lo ha cometido y privarla de libertad por tiempos variables en función del delito, y del “comportamiento” de la persona en la aplicación de la pena. Mediante este sistema se ha pretendido apartar de la sociedad a las personas peligrosas, que éstas no vuelvan a hacer aquello por lo que fueron condenadas, y que el resto de la sociedad desista en su intento de hacer lo mismo.

Sin embargo, dicho modelo, ni en su vertiente más resocializadora ni en su vertiente más retributiva, ha logrado los objetivos para los cuales fue pensado. Es por ello que quizá esté llegando el momento de abordar el problema social de fondo, que no es otro que plantear si la privación de libertad de las personas realmente es útil para abordar los diferentes fenómenos sociales que se pretenden evitar. La máxima “para todo cárcel y cuantos más años mejor” solamente se fundamenta bajo un modelo cultural basado en la venganza y el castigo, y bajo sistemas políticos que, incapaces de lograr los objetivos que se pretenderían lograr, deciden sumarse al carro del populismo punitivo.

Privar de libertad no solamente no ha ayudado a reducir el número de personas con una experiencia problemática de adicción a las drogas, ni a descender el número de robos o hurtos, o el número de agresiones sexuales o el de homicidios, sino que, en mucho casos, además de generar un profundo sufrimiento a las personas y a sus entornos, ha ayudado a que se cronifiquen. Cada uno de estos fenómenos sociales se fundamenta en unas causas diferentes y habrá que analizarlos por separado para buscar posibles soluciones para cada uno de ellos, pudiendo o no pasar algunas de las mismas por el sistema penal.

Un ejemplo: los problemas de drogrodependencia. Un país: Holanda. En este país se están aplicando penas diferentes a la privativa de libertad en mayor medida que en el resto de Estados, se imponen penas más cortas y se ha establecido un proceso de legalización de alguna de dichas sustancias. Esto ha hecho que sea uno de los países europeos con un índice de presos más bajo, 85 habitantes por cada 100.000. En ese mismo índice, el Estado español cuenta con 150 y Cataluña con 135, mientras que Estados Unidos supera el índice de 700. Y sin embargo, ¿hay mayores problemas de drogodepedencia en Holanda que en el Estado español y EE UU? El Informe Europeo sobre Drogas del Observatorio Europeo de las Drogas y la Toxicomanía indica que el porcentaje de jóvenes adultos que consumen cannabis en Holanda es la mitad que en el Estado español y el de cocaína es una cuarta parte. Esto es tan sólo un pequeño ejemplo que puede ayudar a romper la hegemonía cultural de la pena privativa de libertad como remedio para todo.

El camino hacia un sistema de Derecho penal mínimo es complicado en el actual contexto económico y político. No obstante, es imprescindible que quienes trabajamos desde los movimientos sociales, las asociaciones y la academia por construir otro modelo de sistema penal radicalmente diferente al actual comencemos a construir un camino práctico, factible y cargado de argumentos.

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comentarios

1

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    Alfonsito
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    02/06/2014 - 10:35am
    El artículo es una sandez progre. El encarcelamiento tiene dos efectos principales:privación de la libertad y disuasión. La privación de la libertad refleja el hecho de que una persona que está en la cárcel simplemente no se encuentra en posición de cometer crímenes contra los demás miembros de la sociedad. Esto no es sólo teoría, esta basado en poderos argumentos empíricos. Por ej; StevenLevitt, &quot;Why Do Increased Arrest Rates Appear to Reduce Crime:Deterrence, lncapacitation, orMeasurement Error?&quot; Documento de trabajo núm. 5268, National Bureau of Economic Research, 1995. El castigo severo a los pederastas, etarras y asesinos y violadores de niñas funciona. Más prisioneros, menos delincuencia <a href="http://www.elpais.com.uy/03/08/30/pinter_56019.asp" rel="nofollow nofollow" target="_blank"><span>http://www.elpais.com.uy/</span><wbr />03/08/30/pinter_56019.asp</a> De hecho, mantener bajo encierro a criminales conocidos es una política sensible y efectiva contra la delincuencia. El Times se lamenta de que el costo involucrado en mantener bajo custodia a un reo asciende a 22.000 dólares anuales, pero ese no es un precio exorbitante si se trata de impedir que ocurran millones de asesinatos, violaciones, robos a mano armada y ataques cada año. El costo para la sociedad de un solo robo armado se ha estimado en más de 50.000 dólares; si se multiplica esa cifra por los 12 ó 13 ataques que cometen anualmente los reos promedio que fueron liberados,
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