Los criterios del sistema penitenciario español
Esa industria llamada cárcel

El Estado español plantea pocas alternativas al cumplimiento de penas.

, Redacción
29/05/14 · 8:00
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La Modelo, en Barcelona, es uno de los centros penitenciarios con más problemas de saturación de presos. / Victor Serri

Entre 2011 y 2012, la población reclusa en las cárceles europeas aumentó un 2,7% de media y por cada cien plazas se contaron 98 reclusos. Son algunos de los datos de los informes Space I y Space II, publicados por el Consejo de Europa a finales de abril, en los que se analiza la situación penitenciaria en los países europeos.

En el caso de España, la tendencia se suaviza. Los datos más actuales de los que dispone el organismo europeo muestran como, entre 2012 y 2013, el número de personas presas bajó levemente, de 70.488 a 68.618 presos. 147,3 presos por cada 100.000 habitantes, una cifra ligeramente inferior a la media pero superior a los índices de países del entorno, como Italia (111,6) o Francia (117), y distante de países del norte de Europa con un sistema judicial más dirigido a la restitución del daño, como Holanda (67,7) o Noruega (71).

“Todos los estudios muestran que España y Catalunya han tenido, desde finales de los 90, los índices más elevados de población presa”, explica Alejandro Forero Cuéllar, miembro del Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans, quien señala que la población penitenciaria estatal no paró de aumentar desde la Tran­sición hasta 2011, cuando empezó a disminuir, en parte por la reforma penal de 2010. “La Admi­nistración central y la catalana vieron que la burbuja del sistema penitenciario no era sostenible y tomaron medidas para bajar la población en las cárceles”, continúa Forero. Cambiar penas por multas, adelantar la libertad condicional y, sobre todo, la sustitución de la pena de prisión por la expulsión para personas extranjeras condenadas son algunas de las medidas de esta “estrategia de la puerta de atrás”, más guiadas, subraya Forero, por criterios económicos que por el objetivo de “reinserción” que plantea como base el sistema penal español.

Coste del castigo

Según detalla el informe Space I, la media europea de gasto por recluso y día en 2011 fue de 131 euros. El sistema penitenciario costó en 2011 más de 16.000 millones de euros a los países del Consejo de Europa. En el caso español, el coste por preso y día está lejos de la media europea, 64,99 euros, pero el presupuesto total dedicado al sistema penitenciario alcanzó los 1.538,5 millones de euros en 2011, lo que se traduce en 3,3 veces más que la media europea.

“Cuando un país tiene una población reclusa importante se ve obligado a reducir su coste por preso”, señala Natalia Delgrande, investigadora del Instituto de Criminología y Derecho Penal de la Universidad de Lausanne y una de las responsables del informe Space I. Por su parte, Forero advierte que la necesidad de recortar costes ha llevado a reducir la distribución de medicamentos contra la hepatitis C, una de las enfermedades más habituales en las cárceles. Paz Francés, del colectivo Salhaketa y profesora de Derecho penal en la Universidad de Navarra, relata que en muchos de los centros penitenciarios se ha dejado de utilizar la calefacción o se han eliminado comidas.

Delgrande explica que, hasta ahora, a nivel europeo sólo Alemania ha privatizado completamente algunos de sus centros penitenciarios pero que existe el riesgo de que la “transferencia de competencias al sector privado se convierta en una especia de carrera ‘industrial’ con predominancia de las necesidades económicas sobre la integración social”. Muchos de los servicios de las prisiones españolas, como el de catering o lavandería, ya dependen del sector privado y ya se han dado los primeros pasos para que la vigilancia de los centros pase a manos de empresas de seguridad privada.

A pesar de la bajada en la población reclusa, el número de presos aún es elevado en relación a las cifras de criminalidad en el Estado español, una de las más bajas, con 46,1 delitos por cada mil habitantes frente a los 62,8 de media europea. Según explica Forero, “si hay tantos presos es por las pocas medidas alternativas que se aplican, frente a las que se aplican en los países nórdicos, y, por otra parte, por las condenas, que son muy largas en comparación con los países del entorno”. Forero señala, por una parte, la dureza del Código Penal vigente, y del anteproyecto que se está tramitando actualmente, pero también las sentencias judiciales, en las que generalmente se aplica la pena más alta en grado. Los datos del informe Space I lo confirman: más del 28,2% de las personas reclusas en España cumplen penas de cinco a diez años de prisión, mientras que, en términos europeos, la pena de cárcel más habitual (25%) es de 1 a 3 años. En España, el 47,8% de los presos cumplen una condena superior a los cinco años de cárcel, frente al 19,5% de Francia o al 11,9% de Alemania.

Prisión o justicia restaurativa

Entre las recomendaciones realizadas por el Consejo de Europa para disminuir la población penitenciaria destaca el empleo de medias alternativas a la prisión: libertad vigilada, trabajos para la comunidad, la localización permanente o las multas. En 2012, en España, 170,7 de cada 100.000 personas estaban cumpliendo medidas alternativas a la prisión. De ellas, el 15,6% había sustituido su condena de cárcel por la libertad vigilada, frente al 38,6% de media europea; y el 60,5% cumplían trabajo para la comunidad, frente al 24,6 de media europea. “En comparación con otros países europeos, España tiene un buen nivel de uso de alternativas a la prisión. Desafortunadamente, estas alternativas no se aplican como sustitutas a la detención preventiva”, afirma Delgrande. La investigadora apunta al trabajo comunitario como principal alternativa a la privación de libertad, pero advierte que ésta no debe reducirse a la producción o ser un simple 'trabajo para estar ocupado': “El principal objetivo debe seguir siendo que el que haya delinquido trabaje en torno al delito y en proyectos sociales relacionados”.

Paz Francés explica que estas medidas “pueden ser realmente una alternativa a la pena privativa de libertad, pero no una alternativa al modelo penal que tenemos”. Francés advierte que el empleo de este tipo de medidas puede resultar en un “ensanchamiento del sistema penal”. Frente a esto, señala los procesos de mediación que se emplean en algunos países del norte europeo, como Noruega, país que se ha situado como pionero en este modelo de justicia, o Francia y Finlandia, donde los procesos de mediación forman parte de distintos momentos del proceso penal.

“Cuando hablamos de justicia restaurativa hablamos de resolver el conflicto, abordarlo a través de la figura de la conciliación y mediación”, explica Francés, quien añade que, en España, los procesos de mediación están contemplados únicamente en la Ley del Menor, pero el uso de este recurso también se ha restringido en la práctica en este segmento de población debido a la “brutal criminalización de la que están siendo objeto los menores de edad en los últimos años”.

Cifras del Estado español y de Europa

47,8% de los presos cumplen penas de más de 5 años
El tiempo de condena más habitual entre los reclusos del Estado español es de cinco a diez años (28,2%). En términos europeos, la pena de privación de libertad más habitual (25%) es de uno a tres años de cárcel, al igual que en Francia (30,3%).

89,4 reclusos por cada 100 plazas en España
La media europea alcanza los 149,9 reclusos por cada 100 plazas, aunque el reparto es muy desigual, con 227,8 reclusos por cada 100 plazas en Azerbayán o los 173,7 de Albania y tan sólo 3 en San Marino o los 67,8 de Suiza.

204 reclusos murieron en prisión en 2011
En Europa, Ucrania fue, con 1.009 fallecidos, el país que contó con más muertes dentro de los centros penitenciarios. La media de mortalidad en las cárceles europeas fue de 7,7 por cada 100.000 habitantes. El 26,8% fue por suicidio.

64,99 euros por día y preso en el Estado español
El coste medio europeo por preso y día fue de 131 euros. Irlanda del Norte tuvo el mayor coste por preso, 879,36 euros, mientras que Ucrania tuvo el menor coste, 3,06 euros por preso y día. El coste más habitual en los países europeos fue de 49 euros.
 

 

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