“Que el Colectivo de Can Vies salga pacíficamente del edificio y se traslade temporalmente a otro espacio”. Éste es el primer punto del documento que el Ayuntamiento de Barcelona ha hecho llegar a la Plataforma de Apoyo al Centro Social. Ferran Aguiló, en nombre de la plataforma, ha declarado esta mañana en rueda de prensa sobre la propuesta consistorial: “El regidor ha despreciado la posibilidad que se llegue a una solución dialogada sobre el centro social Can Vies”.

La comparecencia ante la prensa se ha hecho en la plaza Bonet y Muixí del barrio de Sants, al lado de las Cocheras, con una mesa, una decena de sillas y veinte personas que vestían camisetas amarillas y levantaban banderines con la expresión “No pasarán!”. Aguiló ha dejado claro que “Can Vies es un equipamiento gestionado por el barrio, por las vecinas del barrio, y su futuro y sus mejoras tienen que estar en manos de la asamblea que lo autogestiona desde hace diecisiete años”. De este modo, la plataforma –con el apoyo de 236 entidades– da respuesta a un documento que el concenjal de CiU Jordi Martí hizo llegar por correo electrónico, y dónde más allá del primer punto, donde se pide que las actuales okupantes abandonen el edificio, el consistorio se compromete a rehabilitarlo y a devolverlo a la asamblea de Can Vies a través de un convenio. Esta propuesta, según Aguiló, no tiene ningún sentido lógico, atendiendo al hecho de que Can Vies acordó con las entidades de la plataforma un plan de obras para garantizar la insonorización y una mejor habilitación de las instalaciones, un plan supervisado por el colectivo de arquitectos La Col y que no supondría ni un euro de gasto para las arcas públicas.

“¿Por qué el Ayuntamiento quiere derrochar dinero público en unas obras que la asamblea de Can Vies está dispuesta a asumir?”, se ha preguntado el representante de la plataforma. En relación al diálogo con el consistorio ha detallado que han mantenido dos reuniones con el regidor, la última el pasado 1 de mayo. El edil de Sants recibió un documento donde se detallaban las obras que Can Vies haría para mejorar el espacio, y otro documento donde se instaba a los servicios jurídicos de TMB (Transportes Metropolitanos de Barcelona), empresa titular de la finca que en un 51% accionarial está controlada por el Ayuntamiento de Barcelona, a pedir la suspensión de la orden de desalojo que habilita a los mossos a actuar hasta el 31 de mayo para evitar un diálogo bajo “coacciones”. Las entidades han denunciado que el concejal no ha dado respuesta a ninguno de los dos documentos, y que por el contrario ha presentado una propuesta que “es del todo inaceptable”.

Una historia de diecisiete años y varias generaciones

En nombre de Can Vies también ha hablado en Pau Guerra, que ha puesto en contexto la historia del centro social (esta semana se celebra el decimoséptimo aniversario de su okupación), ha enumerado algunas de las entidades que lo utilizan a día de hoy y la importancia del proyecto “para todo el entramado social de Sants”, destacando el hecho de que por el centro social han pasado hasta cuatro generaciones de jóvenes.

La rueda de prensa ha contado también con la presencia de Àlex Solà, representando de la Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona y el Libre Ejercicio de la Abogacía del Colegio de Abogados de Barcelona. Solà ha dejado claro que desde un punto de vista jurídico estamos ante una demanda civil donde “la parte actora manda sobre el procedimiento, se puede parar el lanzamiento durante un tiempo o por siempre jamás”. Sus palabras contradicen los argumentos expuestos al documento firmado por el regidor Jordi Martí, donde se alega la urgencia de dar una respuesta a su propuesta atendiendo a que hay una orden judicial vigente. Según Solà esta orden puede ser suspendida en cualquier momento si así lo consideran TMB y el Ayuntamiento de Barcelona.

El mal precedente de la Casa del Mig

Durante la comparecencia también se ha hecho referencia a la historia reciente del barrio, y en concreto al caso de la Casa del Migo situada en el parque del España Industrial. Allí se alojaban varios colectivos de jóvenes a inicios de los años 90. Fueron trasladados provisionalmente a un pequeño local de la calle Miquel Bleach con la justificación que se tenían que hacer obras de mejora en el inmueble. Cuando la rehabilitación finalizó se encontraron que las dependencias estaban ocupadas por oficinas de los servicios urbanísticos y que los jóvenes quedaban relegados a una pequeña sala del edificio.