El próximo viernes 16 de mayo tendrá lugar el primer juicio contra una de las personas detenidas en la huelga general del 29 de marzo de 2012. Es el primero de los cinco juicios que se van a celebrar contra las personas detenidas en Sabadell durante la jornada de protesta.

"La persona que será juzgada el viernes es la única a la que se imputa por daños, acusándola de haberlos ocasionado en la ciudad durante dicha jornada de huelga. En este sentido la petición alcanza los 9.400 euros de multa, y por desórdenes públicos la petición alcanza los tres años de prisión”, nos explica Gloria, portavoz del grupo de apoyo a las personas encausadas. Y continúa: "La Generalitat se ha personado como acusación particular en la mayoría de los procesos abiertos a las personas detenidas aquel día, pidiendo una pena más alta que el ministerio fiscal”.

El próximo viernes y bajo el lema “No nos tocaron aisladamente, no responderemos aisladamente”, el grupo de apoyo a los huelguistas del 29M ha convocado a las nueve y media de la mañana una concentración de apoyo en la puerta de los Juzgados de Sabadell.

Durante la rueda de prensa que tuvo lugar el pasado 6 de mayo, una de las portavoces destacó la importancia de solidarizarse con las personas “que, como miles, salieron a la calle aquel día y fueron detenidas de forma aleatoria e indiscriminada”. “Hay que hacerlo colectivamente”, enfatizó. También hizo hincapié en “la necesidad de seguir con las movilizaciones contra reformas como la que rechazamos aquel 29M” y, sobre todo, al seguir defendiendo “nuestro derecho a protesta que estos juicios criminalizan”.

Amplio apoyo ciudadano y moción tumbada

Para hacer frente a los juicios se ha organizado una campaña en solidaridad con las personas acusadas que reivindica la absolución de las cinco huelguistas que tienen que enfrentar un juicio en los próximos meses. En esta campaña se han unido más de 60 colectivos, entidades y organizaciones del Vallés Occidental y de todo el territorio, como la PAHC (Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la Crisis), las CAV (Candidatures Alternatives del Vallés), las CUP (Candidaturas de Unidad Popular), la FAV (Federació d’Associacions de Veïns de Sabadell) y un largo etcétera se han adherido al comunicado de la campaña y han avalado la moción que este grupo presentó la semana pasada al Ayuntamiento de Sabadell. En esta moción se pedía que el gobierno municipal se posicionara en este primer juicio y renunciara a ser parte perjudicada del mismo, no permitiendo que una sola persona pagara el importe de todos los desperfectos de mobiliario urbano que se produjeron en aquella huelga. PP, PSC y CIU fueron las formaciones políticas que votaron en contra de esta moción, mientras que ICV, Esquerra Unida y Entesa per Sabadell votaron a favor.

En el comunicado emitido por el grupo de apoyo se acusa en el Ayuntamiento de Sabadell de “ponerse junto a una maquinaria judicial represiva que busca inmovilizar y generar miedo en las personas que se organizan colectivamente para defender los derechos comunes de toda la sociedad”.

El 29M en Sabadell

Unas 10.000 personas participaron de las movilizaciones locales de la huelga general contra la última reforma laboral en Sabadell, que fue una de las ciudades en las que se produjeron más detenciones, seis aquel mismo día, entre las que se contó la de un menor de edad. Ninguna de las detenciones fueron realizadas en el lugar de los hechos de los que se les acusa, sino que se efectuaron horas más tarde por las calles del centro de la ciudad.

Los Mossos d'Esquadra tuvieron una fuerte presencia en la ciudad durante aquella jornada y efectuaron varias cargas y persecuciones a primer hora de la mañana. Dos periodistas de Vilaweb Sabadell fueron heridas y retenidas por agentes del cuerpo autonómico, que, además, borraron las imágenes de la cámara de vídeo de una de las periodistas. Este hecho fue denunciado, pero la denuncia se archivó “por la imposibilidad de identificar los agentes, que aquel día no iban identificados con el correspondiente número de placa”, según la abogada que ha traído el caso.

Por otro lado, en los próximo meses también se celebrarán los juicios contra las cuatro personas restantes que fueron detenidas aquel día. A tres de ellas se las acusa de delito de desorden público y resistencia y se pide dos años y nueve meses de prisión, según ha podido saber DIAGONAL a través del grupo de apoyo. Estas personas serán juzgadas el próximo 27 de octubre, mientras que la última, imputada por un presunto delito de atentado contra la autoridad, con petición de dos años de prisión y 900 euros de multa, todavía está a la espera de recibir una fecha para el juicio. “Estos casos están avanzando judicialmente sin tener más pruebas ni evidencias que la palabra de los Mossos d'Esquadra sobre los hechos”, ha expuesto la abogada que defenderá a las encausadas.