La detención y posterior pues­ta en libertad –en algunos casos con cargos– de 20 jóvenes, en la denominada Operación Araña tiene todos los ingredientes de un “montaje policial”.

De una parte, se detiene a un grupo de jóvenes que no tienen relación entre ellos, pero a los que se agrupa en una operación conjunta, a la manera de las que se llevan a cabo contra redes “delincuenciales” en internet. Es decir, una operación contra una red que no existe. Por otro lado, a los detenidos se les acusa de forma genérica de exaltación del terrorismo; aunque, paradójicamente, en estos momentos no hay terrorismo alguno que exaltar.

Además, se resaltan una y otra vez en los medios un par de mensajes muy concretos, que no está nada claro quién ha escrito y que no responden al conjunto de los mensajes. Una vez más, un tótum revolútum que mezcla bienvenidas a presos que salen de la cárcel, exhibición de ikurriñas y otros símbolos vascos, consignas revolucionarias, etc. Se superpone esta “operación/montaje” con la filtración de la existencia de un supuesto grupo, de nombre IBIL, dispuesto a continuar con la lucha armada de ETA. Una filtración sin posibilidad de contraste, pero que contribuye, al igual que la “Opera­ción Araña”, a agitar las aguas del post antiterrorismo español.

En Euskal Herria, por lo menos desde la operación contra Herrira, se han venido sucediendo –con cierta regularidad– actuaciones policiales y judiciales contra todo lo que se mueve; sobre todo si eso que se mueve es en el sentido de dar pasos hacia la resolución definitiva del conflicto vasco, en parámetros democráticos y de respeto a los derechos humanos de todas las personas que han sufrido a consecuencia de ese conflicto.
De forma que cada paso que se da hacia la paz es respondido con una operación policial/ judicial/ mediática contra abogados, defensores de derechos humanos, jueces e incluso contra agentes internacionales a favor de la paz.

No es exactamente el caso de las últimas detenciones, pero sí que responden a la misma lógica “securocrática” al intentar –por todos los medios– resituar el conflicto vasco en parámetros violentos, de seguridad, antiterroristas…

Es también bastante evidente que se quiere, además, utilizar esta misma estrategia, ya no sólo en el tema vasco, sino para contrarrestar la creciente contestación popular en distintos lugares del Estado español, desviando así la atención de las demandas populares –y la denuncia de los desmanes del Gobier­no– hacia el campo de la seguridad “pública”. Un campo donde ciertos elementos de las cloacas del Estado se sienten cómodos. La manipulación de los sucesos de Madrid en la Marcha de la Dignidad y otros casos similares demuestran bien a las claras estas intenciones.
En el caso que nos ocupa, el campo de operaciones se traslada de las calles a las redes sociales, pero la lógica que anima a sus ejecutores es la misma. La misma que habla, sin mostrar prueba alguna, de la formación de nuevos grupos violentos, de estrategias conjuntas para intensificar la violencia en las calles…

A fuerza de soportarlo, en Euskal Herria hemos desarrollado un fino olfato para detectar el hedor que despiden las alcantarillas gubernamentales, con la colaboración de ciertos jueces, medios de comunicación… Y, ciertamente, esta operación huele pero que muy mal.