entrevista I Francisco cárdenas, DE aprodeme
“Las quejas de las familias son constantes"

Aprodeme recopila casos de negligencia para presentar una querella contra el sistema de protección del menor.

, Redacción Cantabria
13/05/14 · 8:00
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Los casos de menores retirados injustamente, ¿son sucesos o las similitudes responden a una regla?

El goteo de casos es, efectivamente, continuo. Cada día se ponen en contacto con Aprodeme padres, madres, familiares… desesperados ante situaciones que consideran injustas. Todas son diferentes y además sufridas por administraciones diferentes, pero todas tienen muchas cosas en común. Parece que hay una pauta de comportamiento por parte de los técnicos: la retirada del menor para ingresarlo en un centro o darlo a otra familia ante la primera dificultad, en vez de dedicar todos los esfuerzos a esa familia.

¿Cuáles son las principales situaciones reiteradas?

El sistema de protección de menores tiene fallos de forma y de fondo. No puede ser, por ejemplo, que una familia sea convocada a los despachos de la Administración para comunicarle que le quitan a su hijo y en el mismo momento la policía esté en la escuela llevándoselo a la fuerza. O que se niegue sistemáticamente copia del expediente -por cierto, en Catalunya se aprobó recientemente una normativa que obligaba a dar fotocopia del expediente a los interesados, novedad que iría muy bien que copiaran en otras administraciones de España-. El sistema es perverso porque los propios técnicos de la administración investigan, deciden y ejecutan las decisiones, sin ningún control externo. Además, desde el momento en que la Administración se erige como garante de la felicidad de un menor, la familia pasa a ser sospechosa, enemiga. Las familias no se sienten apoyadas sino enfrentadas, y éste no es el mejor clima para superar los problemas. Los informes son con frecuencia “corta y pega” de informes anteriores, que parecen más pensados para justificar decisiones ya tomadas que para informar de la evolución de una intervención. La Administración no contempla la eventualidad del cambio, de corregir decisiones tomadas o errores cometidos. Al contrario, si la familia acude al juez pasa a ser peor vista por los técnicos. Eso no quiere decir, me gustaría dejarlo claro también, que muchas veces no se actúa correctamente y se toman las decisiones acertadas por dolorosas que sean.

¿Protege el sistema a las familias? ¿Cómo lo tienen para intervenir judicialmente?

La paradoja del sistema actual es que un técnico, un funcionario, puede decidir quitarte a tu hijo y llevarlo a un centro o a otra familia, pero para recuperarlo la familia ha de recurrir al juez. Y los procesos judiciales son lentos y caros (más después de las últimas reformas del sistema judicial). Además, suponen que un particular se enfrenta a toda una administración, que tiene presunción de veracidad y se supone está para proteger al menor. No existen juzgados especializados en estos temas, como sí hay por ejemplo en Violencia de Género. Ante un juez nos podemos defender, ante los técnicos de la Administración no. Si así fuera creo que todos saldrían ganando, también los técnicos, que verían refrendadas sus decisiones.

¿Se invierten medios en mantener al menor en su entorno?

La eficiencia de los planes de intervención es difícil de valorar. Para mí, el principal indicador sería si han conseguido, en el menor tiempo posible, la reintegración del menor a la familia. Las quejas de las familias de que los planes no sirven, que son arbitrarios… son constantes.

¿En qué estado se encuentra vuestra futura demanda?

Seguimos preparándola, reuniendo casos por toda España que demuestren la necesidad de cambios importantes. No es un proceso fácil, porque lo primero que hay que hacer para solucionar un problema es reconocer que existe, ponerlo en evidencia. Y en eso estamos. En este tiempo también estamos consiguiendo que otras asociaciones, incluso a nivel internacional, se estén uniendo.

Se acaba de aprobar el anteproyecto de Ley de Protección del Menor. ¿Qué opinión le merece?

La nueva ley, que lleva años gestándose, creo que es positiva. Otra cosa será ver el reglamento que la desarrolla y, sobre todo, su aplicación. Mis recelos son justificados: por ejemplo, la nueva ley establece que ningún menor de tres años ha de estar en un centro sino en una familia de acogida, y es positivo, pero ya se podía hacer en el actual marco legislativo. Una de las novedades más importantes es la adopción abierta, es decir, el menor es adoptado por una familia pero sigue manteniendo relación y contacto con su familia biológica. En la práctica esto supondrá normalizar situaciones y que el menor crezca en mejores condiciones. Así se hace ya en otros países, como EE UU, Canadá, Austria o Gran Bretaña, con notable éxito. Otras novedades importantes son la obligatoriedad de escuchar siempre a un menor de 12 años, la simplificación de los modelos de acogimiento, el intento de clarificar bien lo que es desamparo y lo que es riesgo…

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