El pasado 25 de marzo finalizó el plazo para la presentación de enmiendas al proyecto de Ley de Justicia Gratuita, un nuevo texto que regula el trabajo de los letrados del turno de oficio y que ha encendido la alarma entre estos profesionales.

Aunque desde el Ministerio de Justicia han proclamado cómo, con la nueva normativa, este servicio jurídico será accesible para más gente, organizaciones de letrados del turno de oficio lo han desmentido. “Esto dicen al ciudadano, pero en realidad estos beneficios no existen porque están enmascarados por resquicios legales”, explica Al­berto Verón, vicepresidente de la Confederación Española de Aboga­dos del Turno de Oficio (CEAT).

Según señala Verón, antes se utilizaba el salario mínimo interprofesional, pero ahora han puesto el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) para marcar el umbral de acceso, lo que supondrá una subida del umbral de sólo 80 euros para familias de más de dos miembros y una bajada de los 14.910 euros anuales a los 12.780 euros para familias de un solo miembro.

A la reducción del umbral de acceso se le añade un aumento de la burocracia ligada al sistema de justicia gratuita, que pasará por confirmar el abogado de turno de oficio por parte de la persona asistida cada vez que se presente un recurso, el cobro de la consulta previa si finalmente el usuario no tiene derecho al servicio de justicia gratuita, o el cobro posterior si la persona asistida pasa a tener una mejor situación económica. “La reforma argumenta que es para evitar el fraude de ley y acusa a los ciudadanos de hacer un uso fraudulento de este servicio público, como en el caso de la sanidad”, subraya Luz Elena Jara, miem­bro de la Asocia­ción Libre de Abogados (ALA), quien señala cómo el nuevo texto convierte a los letrados de turno de oficio en “recaudadores para la Administración”.

Población sin acceso

A pesar de que desde el Ministerio de Justicia ha hecho énfasis en el aumento de colectivos que tendrán acceso a este servicio, entre los que cuenta a las víctimas del terrorismo, violencia de género y de accidentes con secuelas permanentes, independientemente de su renta, Verón señala que, en la práctica, la puesta en marcha de la nueva normativa va a dejar abandonados a muchos colectivos, uno de ellos las citadas víctimas de violencia de género. “Si no se alcanza una sentencia condenatoria, a la hora de pedir medidas cautelares van a quedarse sin acceso al servicio de justicia gratuita, y en un 60% de los casos hay retirada de denuncias, por las condiciones personales, por coacciones o miedo”. El colectivo de migrantes en situación irregular es otro de los que se quedará sin apoyo legal a raíz del texto, ya que, según subraya Verón, “se les va a pedir unos requisitos de documentación que no tienen”.

Otra novedad del proyecto de ley es la inclusión de sanciones dirigidas expresamente a los letrados de turno de oficio. “Ahora piden al Colegio de Abogados que controle las resoluciones favorables y desfavorables, si hay quejas, y que de todo eso se informe al Ministerio de Justicia”, explica Jara, que subraya la desconfianza de la Administración hacia este colectivo de abogados. A ello va unido, según Verón, una rebaja del 30% en los módulos de pago a los letrados.

“Lo primero es que no existe presupuesto para la justicia gratuita, no se ha asignado un presupuesto”, explica Jara. Según señala esta letrada de ALA, para el año 2014 se ha aprobado un presupuesto de 31 millones de euros, y sólo en Madrid se han gastado 40 millones. “Somos 5.000 letrados en diferentes turnos en las jurisdicciones Penal, Civil, Mercantil, Social... Y obviamente, si no se establece un presupuesto adecuado, difícilmente se podrá ejecutar una reforma. Sin dinero no hay justicia, y eso es lo que está ocurriendo actualmente”. No son los únicos que apuntan hacia el abandono económico de este servicio. El Consejo General del Poder Judicial también subrayó en su informe al anteproyecto de ley “la omisión de capital importancia” que suponía que no se concretaran los recursos económicos del servicio de justicia gratuita.
 

Tasas y justicia gratuita

“El Ministerio de Justicia no ha destinado un solo euro de las tasas a la justicia gratuita. Por el contrario, se ha reducido el servicio”, denuncia Jara. Según datos aportados a DIAGONAL por el Ministerio de Justicia, durante 2013 se recaudaron casi 316.490 euros, una cifra considerable pero muy lejos de los 300 millones que esperaban recaudar durante el pasado año, y que iban a estar vinculados a la financiación de la justicia gratuita. Tampoco esto último se ha llevado a la práctica.

“La recaudación de las tasas judiciales son ingresos de la Hacienda Pública sin afectación concreta a una finalidad y se destinan a financiar el conjunto de los gastos del Estado”, ha confirmado a este periódico el departamento de prensa del Ministerio de Justicia, desde donde se afirma que fue en la reunión sectorial del pasado 13 de diciembre cuando el Ministerio se comprometió a desviar estos fondos a las comunidades autónomas para que hagan frente a los “sobrecostes” que, según sostienen desde el Ministerio, conllevará la nueva normativa.

“La afrenta que hace Gallardón a este colectivo es totalmente malintencionada, porque lo que pretende es precisamente acabar con el turno de oficio”. Jara recuerda cómo, en 2008, la Comunidad de Madrid ya trató de privatizar el Servicio de Orientación Jurídica para Mayores mediante un convenio con el grupo Legálitas, pero el acuerdo fue paralizado gracias a las movilizaciones de los letrados del turno de oficio. “Nos costó mucho esfuerzo detener eso”, señala Jara.

Realizar paros de 15 minutos, la suspensión del servicio, protestas diarias en Plaza de Castilla y la constitución de una plataforma con otras asociaciones, como se ha hecho ya en Reino Unido frente a los recortes en justicia gratuita, son algunas de las propuestas de acción que se expresaron, el pasado 25 de marzo, en una asamblea informativa sobre el proyecto de ley de Justicia Gratuita a la que asistieron 200 letrados y que fue convocada por CEAT, Altodo Madrid, ALA y la Asociación Profesional de Abogados de Extranjería de Madrid (APAEM).