Hemos  viajado hasta la ciudad de México para reflexionar sobre lo que está sucediendo actualmente en la montaña de Guerrero. Para ello, hablamos con la abogada y antropóloga mexicana Florencia Mercado, que nos explica la manera en cómo se conformó un sistema de justicia alternativo al ordinario, que en México se conoce como “policía comunitaria”. Se trata de una forma de entender la justicia y los derechos con una visión alternativa a la idea universalista que históricamente se ha construido relacionada con el Estado. Mercado ha conocido y documentado desde hace varios años esta experiencia construida desde abajo.

Habitualmente, cuando escuchamos hablar de la policía, nos hace pensar en un aparato represor del Estado en aras de mantener el orden, el control. Y también nos hace pensar en el monopolio del uso de la violencia. Frente a esto, ¿qué es la policía comunitaria?, ¿qué importancia tiene para el sistema de justicia a nivel nacional?

La policía comunitaria de Guerrero nace en 1995 en el municipio de San Luis Acatlán, aglutinando a veintisiete comunidades de otros municipios. Surgen con el objetivo de frenar una ola de violencia en la comunidad de Cuanacaxtitlán. Estamos hablando de una de las regiones más pobres del país, y la población decide organizarse para realizar rondas de seguridad. Sin embargo, cuando entregaban a los detenidos al Ministerio Público, que sería la autoridad encargada de sancionar a los delincuentes, éste los libera y los delincuentes salen a vengarse contra los policías comunitarios. Por ello, en 1998 deciden comenzar con tareas de justicia y reeducación. El proceso de reeducación es muy interesante: es la búsqueda de incorporar a la persona que cometió una falta --ellos no hablan de delito, hablan de faltas; no hablan de delincuentes, hablan de personas-- a las comunidades. Es un proceso en el que las mismas comunidades hablan con el sujeto que cometió homicidio o violación, y que tendrá que ser sancionado haciendo trabajo para la comunidad.

¿Qué relación han tenido con el Estado?

La relación con el Estado siempre ha sido cambiante. En un principio, el Estado no veía mal el hecho de que existiera una organización que resolviera el tema de la seguridad. Acababa de ocurrir una masacre muy sonada a nivel internacional, la de El Charco [PDF] --una comunidad del municipio de Ayutla, que actualmente pertenece a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-- en la que murieron 19 personas entre campesinos y estudiantes de la UNAM. El Gobierno estaba demasiado ocupado tratando de ver cómo se resolvía esta masacre en la que el ejército disparó a mansalva contra población desarmada, una práctica que ya había ocurrido antes en la masacre de El Vado de Aguas Blancas en el 92. En este contexto emergió la policía comunitaria, aunado a lo que estaba ocurriendo en Chiapas: en el 94 se hizo público el levantamiento zapatista. De alguna manera, el Estado dejó que este movimiento de seguridad creciera. Le dio armas y capacitación; el ejército capacitó a los primeros policías comunitarios.

La policía comunitaria empezó a investigar sobre robos de ganado, que era un problema que afectaba muchísimo a la población y que aparece en todas las voces que hablan sobre el surgimiento de la policía comunitaria. Al investigar este robo de ganado, llegan a la conclusión de que un cacique pagaba por el ganado robado y lo detienen. El mismo gobernador de Guerrero, que entonces era Juárez Cisneros, les dice: "Ustedes, como indios, pueden hacer justicia entre indios, pero no se metan con los mestizos". Ése fue el primer hecho que empezó a confrontar la acción de la policía comunitaria con el Estado. Hubo un ultimátum en 2001 exigiendo el desarme. Hubo también una propuesta de ley, como la actual que acaba de entrar en vigor, de policías rurales. La policía comunitaria iba a ser una policía auxiliar de la policía municipal. La reacción de la organización fue decir: "Nosotros no somos una policía auxiliar. Nosotros somos una policía que emergió para proteger a las comunidades. Si nos incorporamos a la policía municipal estaríamos participando del mismo sistema que nos ha traído la desolación y la violencia en la que estábamos antes de 1995".

Entonces se genera un espacio de activismo muy fuerte en la organización, donde dicen: "Nosotros no vamos a participar con el Estado, somos independientes. Incluso estaremos en algunos momentos en contra del Estado si es necesario para la supervivencia de nuestra organización". Posteriormente, en los primeros años de los 2000, entra al poder el primer gobernador de origen perredista, Zeferino Torreblanca. Este gobernador venía del Partido de la Revolución Democrática (PRD), pero su historia venía de la Concanaco [confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo]. Fue muy fiel a sus principios oligarcas, a pesar de que el PRD tuvo una historia en Guerrero que fue importante en los 80. Torreblanca permitió que el Ejecutivo federal militarizara al Estado de Guerrero en su guerra de combate contra el narcotráfico. Guerrero es de los Estados en los que ha habido más muertos como consecuencia de esta guerra. Pero en la organización comunitaria hubo cierta calma: no hubo enfrentamientos con el Estado, no hubo mucha  presencia militar porque, de alguna manera, ahí estaba resuelto el tema de seguridad.

Con la entrada del gobernador Ángel Aguirre esto cambia. Aguirre llega a la gubernatura también apoyado por el PRD. Y, sin embargo, cuando se da la transición federal del Partido Acción Nacional (PAN) al PRI, Aguirre comienza a cambiar el estilo de su gobierno y a buscar la cercanía con los movimientos sociales. Empieza a ofrecer apoyos, entre ellos a la prensa. Da a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) ocho millones de pesos y empieza a construir casas de justicia, lo que genera muchas opiniones encontradas en la población. Eso ha logrado desgarrar más que ningún otro proceso de ataque frente a la policía comunitaria de Guerrero.  

En el panorama de los movimientos sociales en México, ¿tú definirías a la policía comunitaria como un movimiento de resistencia, como una organización de resistencia? 

Sin duda, sí. Cada movimiento social tiene su aportación al debate nacional, incluso las autodefensas que surgieron después de la policía comunitaria, en 2011. Las autodefensas tienen una estructura muy rara porque han funcionado más como una policía que deja en tela de juicio si trabajan para las comunidades, para los empresarios, para el Estado... Nuevamente, Aguirre dio las armas para que ellos fueran policías. Lo curioso de estos procesos es que la gente se los va apropiando, la gente que ya tiene una trayectoria política, pero también la que no la tiene pero que está desesperada porque no puede salir de su casa, porque están amenazadas por el crimen organizado. Y el crimen organizado llega de manera vertiginosa con la amenaza de la instalación de empresas mineras, cuando el Estado ya había concesionado el territorio guerrerense a las empresas mineras (más del 10% del Estado de Guerrero y más del 21% del territorio nacional está concesionado a empresas mineras de origen canadiense o inglés).

Hay una búsqueda de ejercer una seguridad que cuestione esa policía patriarcal, pero, en la práctica, la participación de las mujeres es muy reducida

El 5 de noviembre de 2010 llegaron representantes de la empresa minera Hochschild a la casa de justicia de San Luis Acatlán a avisarles que su territorio ya había sido concesionado; llevaban un oficio firmado y sellado por todos los representantes del Instituto Nacional de Geografía y de la Secretaría de Defensa Nacional. Este documento daba cuenta de que más del 70% de su territorio había sido concesionado desde 2004. No le estaban pidiendo permiso a la policía comunitaria para pasar, sino para que no tiraran los helicópteros que iban a hacer sobrevuelos a ras de tierra para efectuar la magnetometría, la detección de metales. Lo que les estaban diciendo era: "El gobierno ha regalado tu subsuelo, van a tener algunas afectaciones ambientales: habrá cianuro en los ríos, mercurio; posiblemente acabaremos con el bosque porque lo vamos a explotar con dinamita; posiblemente algunas casas se vayan a destruir por la megaminería; y también vamos a afectar tu salud, tu economía, tu alimentación, tu reproducción... Pero danos permiso de hacerlo pacíficamente, que no les pasara nada a los operadores de los helicópteros". Eso detonó el proceso actual de la CRAC. 

En un contexto más general de "guerra contra el narcotráfico" y escenarios de mucha violencia en México, se está hablando ahora del surgimiento de “grupos de autodefensa”. ¿Has encontrado alguna relación entre los grupos de autodefensa  y policía comunitaria de Guerrero?

Los grupos de autodefensa surgen por una situación coyuntural, pero la policía comunitaria también surge por una cuestión coyuntural, tal vez no tan compleja porque antes no se hablaba de los peligros del narcotráfico o de la instalación de empresas mineras. Pero las autodefensas no necesariamente tienen un sesgo cultural, como lo tiene la policía comunitaria, en la que participan indígenas tlapanecos y mestizos. La policía comunitaria ha generado toda una reflexión en relación a la mezcla de la tradición y a la creatividad que les permite enfrentar nuevos procesos. Las autodefensas que surgen con Bruno Plácido Valerio, que también fue parte importante de la CRAC, nacen con otro discurso. No sabemos cuál va a ser su devenir histórico porque también están buscando su institucionalización. Sin embargo, yo trazo dos diferencias muy importantes entre una organización y otra, la primera es que la CRAC surge de manera colegiada, es decir,  la decisión no la toma uno sino todos. Las decisiones en la policía comunitaria sólo pueden ser avaladas por la asamblea regional de autoridades comunitarias. No es así en las autodefensas, cuyo único líder es Bruno Plácido. Eso, de alguna manera, sí genera que sean dos procesos sumamente distintos. Pero no se puede criminalizar a ese movimiento porque Bruno vaya a hacer acuerdos con el gobernador, con el que está casi todo el tiempo, o con el secretario de la Defensa de Guerrero, o porque en un primer momento dijera que se iban a incorporar a una policía rural y cuando publican la Ley de Regulación a las Policías Comunitarias lo negara. Bruno puede tener muchos deslices. Sin embargo, la población se apropiará de este proceso. 

Una de las cosas que más preocupan es el lugar que han tenido las mujeres en estos procesos organizativos, así como lo poco que se habla sobre su participación en casi cualquier proceso. ¿Cómo ha sido esto en el caso de estos procesos de organización que tú has analizado?

La CRAC es una organización que, a la vez que es muy masculinizada en muchos aspectos, también, de alguna manera, empieza en su discurso a feminizarse, en contraposición al orden normativo del Estado. Hay una búsqueda de ejercer una seguridad que cuestione esa policía patriarcal, pero, en la práctica, la participación de las mujeres es muy reducida. Hay experiencias, como la promotoras de Justicia impulsadas por María Teresa Sierra, que intenta empoderar a un equipo de mujeres para que éstas puedan hacer reflexión con otras respecto a la necesidad de la participación de la mujer en la policía comunitaria. Yo rescataría la participación de Felicitas Martínez, que es consejera de la CRAC y que actualmente acaba de recibir un premio internacional de derechos humanos por su labor en el impulso de los derechos de las mujeres en la búsqueda de una mayor participación. Está en un proceso de construcción. En la Montaña Alta hay otro proceso muy interesante que es la Carta de la Declaración de los Derechos de las Mujeres, impulsada por unas jóvenes de la UNAM que han hecho un trabajo brillante y que es bastante parecida a la del zapatismo. Las reflexiones del zapatismo fueron retomadas en la Montaña Alta y se han ido expandiendo a otras regiones. En el último Encuentro de Seguridad y Justicia de los Pueblos Indígenas, se habló mucho de esto y se solicitó a las autoridades comunitarias que se incorporara esta Carta de Mujeres a su legislación, que es el reglamento interno. Es un debate muy fuerte que siempre está a flor de piel y que, sin duda, tiene que trabajarse mucho más, pero que sí que ha cambiado la situación de muchas mujeres en la región. El hecho de tener un espacio donde denunciar una violación y que no vuelvas a ser violada; el hecho de poder denunciar a  tu marido por las agresiones físicas y no seas estigmatizada como la productora de la violencia, eso sí ha cambiado en muchos sentidos la forma de ver y de hacer justicia.